Dos trabajadores informales del bulevar de Sabana Grande aparecieron muertos después de que funcionarios del Cicpc se los llevaron detenidos y a rastras. Los mataron en la avenida Las Palmas, de La Florida, y luego los llevaron los cadáveres al Hospital Vargas. En el centro asistencial los médicos se negaron a recibir los cuerpos, pero los policías insistieron en que los ingresaran como vivos, según los familiares.
Las víctimas son Juan Carlos Farías, de 31 años de edad, discapacitado; y Omar Alberto Martínez, de 18 años de edad. Sus cuerpos no los han entregado a sus familiares en la morgue, aunque ayer tenían 72 horas de haber sido ingresados a la medicatura.
Carmen Pérez, tía de Farías, y Omar González, padre de Martínez negaron que sus parientes se hayan enfrentado con los funcionarios del Cicpc de Simón Rodríguez.
Al hombre discapacitado lo mataron de 11tiros y al muchacho de 18 años de un disparo en la frente. Desde hace 12 años Farías se desplazaba en una silla de ruedas. Alquilaba teléfonos y vendía chucherías para comprar pañales y sondas en el bulevar de Sabana Grande. Martínez vendía donas en esa zona para mantener a su hijo y al mediodía estudiaba cuarto año de bachillerato en el liceo Fermín Toro.
González agregó que hay testigos del momento en que los del Cicpc se llevaron a los dos hombres el martes a las 4:00 pm, y añadió dijo que Policaracas corría a cada rato a su hijo y a otros jóvenes que trabajan en esa zona.
Pérez manifestó que a su sobrino lo señalaban de haberse robado un celular.
La familia de Farías presentó la denuncia en Fiscalía para que inicie una averiguación en torno a la forma en que ambos fueron ultimados. Ella agregó que no han localizado la silla de ruedas que utilizaba su sobrino para desplazarse ni tampoco el calzado. Carmen Pérez dijo que su sobrino tenía más de 6 años vendiendo en el bulevar de Sabana Grande. “Se ensañaron con él, le dieron 11 tiros. No era un delincuente”.
Parientes de las víctimas tienen las placas del jeep que tripulaban los policías del Cicpc.
González comentó que cuando el martes llamó a su hijo le respondió un funcionario policial, que le dijo que el muchacho había muerto en un enfrentamiento. Presume que la tardanza en entregarle el cuerpo de su hijo se debe a la intención de que se descompongan y no puedan ver los maltratos que le propinaron los policías. “Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Yo aseguro que mi hijo era trabajador. Algo me dice que fue golpeado”.
Exigió que se haga justicia y se investigue la muerte de su hijo y del hombre discapacitado. “Esto no puede seguir pasando en el país. Los cuerpos policiales están matando gente”.
Esa es la parte «humanista» de la roboilusión, son peores que la «cuarta» en cualquier aspecto que uno pueda mencionar. Hay un total desprecio por la Vida y los Derechos HUMANOS. Todavía estamos a tiempo de sacudirnos esta plaga.