Alcaldes
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Sería pura ociosidad entrar a discutir la legalidad o no de las decisiones y amenazas recientes contra la descentralización administrativa del país, porque hasta el más lego entiende cómo ellas violentan la normativa constitucional que en 1999 hizo aprobar el mismísimo Chávez y que por tanto tiempo promocionó como la mejor del mundo. Y no está de más recordar que la Ley Especial que crea la Alcaldía Metropolitana de Caracas, a la que hoy se pretende anular arrebatándole competencias y saboteando sus iniciativas, fue redactada nada menos que por la Asamblea Nacional Constituyente y promulgada en marzo de 2000 por Hugo Chávez en su condición de Presidente de la República. Por si lo anterior fuera poco, los alcances de esa Ley fueron precisados por la Sala Constitucional del TSJ en sentencia de diciembre de 2000.
Por lo que no queda sino concluir que toda esta arremetida contra la descentralización y más particularmente contra la Alcaldía Metropolitana, cuyas connotaciones de golpe de Estado son evidentes, sólo puede explicarse desde la perspectiva política de la construcción de un modelo autoritario personalista. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esta ilegal cruzada? Los infaltables mequetrefes del régimen pretenden ahora demostrar, por arte de birlibirloque, que tales acciones no son sino la profundización de la descentralización. Habría que preguntar por qué las abordan ahora, cuando la alternativa democrática se asienta firmemente en algunos de los principales estados y centros urbanos del país, y no cuando el impresentable Barreto era exhibido como el salvador de la ciudad. La verdad es que se teme a los alcaldes exitosos, incluidos los chavistas, porque en las sociedades contemporáneas las ciudades han alcanzado tal importancia que con frecuencia ellos son más recordados que los presidentes. Así ha ocurrido con Jaime Lerner en Curitiba, Rudy Giuliani en Nueva York, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa en Bogotá, Sergio Fajardo en Medellín, Pascual Maragall en Barcelona o Jaime Nebot en Guayaquil. Aunque muchas veces han mantenido posiciones políticas divergentes en relación a los respectivos gobiernos nacionales, ambas partes han entendido civilizadamente que los intereses de las sociedades están más allá de la diatriba partidista. Pero no es esa la visión de gobierno de Chávez y sus paniaguados que, obnubilados por el poder, han generado esta vorágine que amenaza con hundir a la nación en un caos sin precedentes. La arremetida recentralizadora conspira contra los intereses ciudadanos, pero si alcaldes y gobernadores tienen la fuerza moral para resistir el vendaval, podrían emerger como los pilares en los cuales apoyar un proyecto de reconstrucción nacional que, anclado en la compleja y contradictoria realidad de nuestras ciudades, sea capaz de responder a la realidad con más tino que el delirante pasajero de un helicóptero sin rumbo.
