¿Hacia una dictadura?

La semana pasada el congreso venezolano aprobó la ley de Distrito Capital, la última sarta de una cadena de vapuleos y atropellos que ha sufrido la alcaldía Metropolitana desde que la oposición la recuperó en las elecciones regionales de noviembre. La ley establece que la actual sede de la alcaldía –tomada desde diciembre por hordas chavistas con anuencia de la policía– será ahora la sede del jefe del Distrito Capital, una nueva figura designada por el presidente. También transfiere al Distrito Capital casi todo el presupuesto de la Alcaldía Metropolitana, lo que significa que posiblemente buena parte de los cuarenta mil empleados de la alcaldía quedarán sin trabajo. La ley es un paso más en el proceso de centralización que, en los últimos meses, ha despojado a alcaldes y gobernadores de muchas de sus competencias, incluyendo puertos, aeropuertos, autopistas, policías, líneas de transporte y hospitales.

En combinación con esta arremetida centralizadora, el gobierno también ha dado pasos firmes para criminalizar a la disidencia. El general Raúl Isaías Baduel, que pasó de ser “héroe” a “traidor” de la revolución por romper con el gobierno en 2007 y luego asumir una postura crítica, fue detenido “preventivamente” (todavía no se le han imputado cargos concretos) por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como ministro de Defensa. Cinco de los diez líderes más notorios e influyentes de la oposición están siendo asediados con investigaciones, incluyendo tres de los cinco gobernadores opositores y el editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, a quien recientemente se le acusó de no haber pagado impuestos de sucesiones. Algunos de estos líderes y sus familiares son espiados y vigilados día y noche por los servicios de inteligencia.

Y la ofensiva no pareciera haber terminado. El oficialismo está planificando acciones legales para marginar la influencia de los sindicatos a través de consejos de trabajadores controlados por el ejecutivo. Ya hay proyectos de ley para superponer al Tribunal Supremo una nueva comisión judicial también controlada por el presidente (una medida redundante) y para restringir fuertemente el financiamiento extranjero de organizaciones de derechos humanos. Y ya Chávez dio la orden a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que sancione a medios opositores por simplemente cuestionar a la jueza que firmó la brutal, injusta e inhumana condena que se impuso a los comisarios Simonovis, Vivas y Forero por lo ocurrido el 11 de abril de 2002.

Por supuesto, cabe la posibilidad de que algunas de estas acusaciones sean ciertas, o de que al menos contengan algo de verdad. Pero con un poder judicial politizado, que no respeta el debido proceso y recibe órdenes públicas y directas de Miraflores, nunca se va a saber. Y es además sumamente sospechoso que ninguno de los investigados pertenezca al oficialismo y todos sean u oficialistas que rompieron con Chávez, o líderes de la oposición que al gobierno le conviene políticamente quitarse de encima. En un país sin mecanismos de fiscalización donde el acceso a una inmensa renta petrolera depende en buena parte de las buenas relaciones con el oficialismo, es ingenuo pensar que sólo los opositores son corruptos.

Un análisis de esta situación nos lleva, pues, a dos tristes conclusiones. La primera es que en esa frontera gris que separa a la democracia de la dictadura, Venezuela está cada vez más cerca del lado de la dictadura. Y, como en todas las dictaduras, la justicia es cada vez más un instrumento al servicio del poder. Si la ley sirve para eliminar a un enemigo, se aplica o se manipula para que se pueda aplicar. Si contradice las acciones y políticas del oficialismo, se ignora, se reforma o se malinterpreta. Es decir, la Constitución y las leyes se han ido vaciando de significado hasta casi convertirse en unos cascarones vacíos cuya función es darle una fachada democrática y legal a un gobierno cada día más dictatorial.

La otra conclusión es que el gobierno está dispuesto a llegar a extremos delictuosos en su labor de saboteo de las gestiones de los alcaldes y gobernadores de oposición. Después de pasar medio año en campaña electoral, la cúpula chavista pareciera menos interesada en gobernar y resolver problemas de la gente que en destruir políticamente a sus adversarios y cerrarle hasta el máximo posible los espacios de acción. Uno de los episodios más surreales de esta guerra sucia fue la decisión de Chávez (que anunció a través de sus incondicionales en el Tribunal Supremo) de prohibir un plan voluntario propuesto por el alcalde Antonio Ledezma para tratar de mejorar la situación verdaderamente infernal del tráfico en Caracas. En su fallo los jueces del tribunal argumentaron que el Plan “Vía Libre” –un plan, repito, que la gente podía decidir si acatar o no– amenazaba el derecho al libre tránsito y la libertad de consciencia. Irónico que este gobierno supuestamente socialista, que dice poner siempre el interés colectivo sobre los egoístas intereses individuales, dicte una medida de esta naturaleza.

Otro caso revelador es el del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales. Primero el gobierno despojó a su alcaldía de hospitales, instalaciones deportivas y otras competencias días después de que ganara las elecciones. Luego lo acusaron de cargos de corrupción y lo obligaron a encarar un juicio en Caracas, lejos de sus seguidores. Luego, cuando Rosales decidió separarse por noventa días de su cargo para encarar el juicio, un juez chavista decidió que el alcalde no podía separarse del cargo por ese lapso. Luego, en perfecta coordinación con la decisión del juez, el diputado Carlos Escarrá declaró que se debía convocar a elecciones en Maracaibo para elegir un nuevo alcalde.

Frente a este avance dictatorial del gobierno es muy fácil desmoralizarse. Es tentador preguntarse de qué sirvió la hazaña de ganarle a la maquinaria del Estado una elección a alcalde o gobernador si el gobierno luego le quita recursos y competencias a esa alcaldía o gobernación, o si decide encarcelar al alcalde triunfador utilizando artimañas legales; o de qué sirvió rechazar con el voto una reforma constitucional si luego el gobierno, contrariando la voluntad popular, aprueba por otra vía (ilegal) algunos de los componentes de esa reforma; o, más aún, es tentador cuestionar la validez de la actual estrategia pacífica de la oposición que consiste en aprovechar los espacios democráticos para defender las libertades políticas.

Sobre este tema vale la pena hacer dos observaciones. La primera es que esta última arremetida del gobierno es precisamente una consecuencia de la presión y los avances de la oposición en los últimos dos años. Chávez parece cada vez más un dictador, pero también parece un hombre que trata desesperadamente de poner barreras, o dinamitar los caminos, por donde la oposición ha logrado avances importantes que ponen en riesgo su permanencia en el poder.

La segunda observación es que, así ahora parezca lo contrario, los vientos soplan a favor de la oposición. Porque, si con el precio del barril del petróleo por las nubes, se ha logrado el apoyo de casi la mitad del país, ¿cuánto crecerá ese apoyo con la crisis que se avecina? ¿Qué pasará con la popularidad de Chávez sin esa millonaria renta petrolera que le permite suprimir muchos brotes de descontento y conflictividad social, y mantener su irracional política económica? Un Chávez sin dinero y sin popularidad (y sin un líder “imperial” tan fácil de satanizar) es un Chávez menos capaz de soportar la presión opositora y de mantener en su puño las instituciones que resguardan su poder.