La propiedad social-ista
El comunismo del siglo XXI no deja de sorprendernos continuamente. Su propósito consiste en mantenernos distraídos en muchos flancos importantes a la vez, de modo que el autoritarismo colectivista se vaya implantando sin prisa, pero sin pausa. Se aprueba una condena brutal contra los comisarios y agentes de la Policía Metropolitana, mientras se exalta al rango de héroes a los criminales de Puente Llaguno; se pasa por encima de los ochocientos mil caraqueños que eligieron a Antonio Ledezma alcalde Metropolitano, al tiempo que el dedo atómico del comandante designa a Jacqueline Faría jefa del gobierno del Distrito Capital; se acribilla moralmente a Manuel Rosales en momentos en que se filtra una sentencia que lo condenaba sin haberlo juzgado y, de paso, el gobierno le echa tierra a todos los casos de corrupción que involucran a miembros del chavismo (caso Diosdado Cabello y Juan Barreto); se amenaza al resto de las autoridades regionales electas de la oposición y, al mismo tiempo, se les despoja de las competencias y recursos financieros que podrían permitirles obtener algún éxito significativo en sus respectivas funciones. No hay tregua. La oposición sufre el ataque desde distintos frentes con todos los organismos del Estado apuntando contra ella.
El invento más reciente (no sabemos qué ocurrirá antes de que estas líneas comiencen a circular públicamente) es el anteproyecto de Ley de Propiedad Social, elaborado por el diputado del PSUV, Ulises Daal, hasta ahora desconocido, como la inmensa mayoría de los parlamentarios de ese partido, que levantan la mano en señal de aprobación a todas las arbitrariedades que se le ocurren al dúo Chávez-Cilia Flores. El mencionado anteproyecto representa un nuevo instrumento jurídico, que viene a sumarse a otros aprobados en el pasado reciente, con los cuales se busca arrinconar en un espacio marginal la propiedad privada: la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
La Ley de Propiedad Social desarrolla los principios de la economía socialista colectivista, tal como estos aparecían señalados en el Proyecto de Reforma Constitucional rechazado por el pueblo el 2-D. Por lo tanto, lo primero que habría que decir es que esa ley es inconstitucional por dos razones. La primera, porque en la Carta de 1999 no aparece en ninguno de sus artículos la palabra socialismo, modelo muy distinto al esquema de economía mixta con predominio de la propiedad privada establecido en la Constitución; la segunda, porque cuando se le propuso al pueblo votar a favor de la aplicación del socialismo, el rechazo fue categórico.
Además de inconstitucional, la Ley refleja una clara orientación marxista, antisindical y antiobrera, militarista, centralista y con una decidida vocación punitiva y confiscatoria.
A partir de una necia interpretación de la supuesta Ley del Valor de Marx, la remuneración de quienes trabajen en las Unidades Productivas Socialistas (UPS) será igual, independientemente de la posición jerárquica dentro de la UPS. De este esquema falsamente equitativo e igualitario vienen de regreso los cubanos, los chinos y los vietnamitas. Ahora en esas sociedades se trata de implantar el principio de a cada quien según sus capacidades (rendimiento, productividad). Se había relajado tanto la disciplina laboral, que esos regímenes totalitarios se vieron obligados a premiar el esfuerzo y crear incentivos materiales traducidos en dinero y otros emolumentos.
Es antisindical y antiobrera porque en las UPS no se contemplada la contratación colectiva, ni las mejoras salariales por incremento de la producción y la productividad, ni para elevar la calidad de vida de los trabajadores, fines básicos de los sindicatos. El derecho a huelga se halla proscrito. La organización de los miembros de las UPS estará supeditada a los consejos comunales donde operen esas unidades productivas. En la propiedad social los sindicatos son sustituidos por los consejos de fábrica, que, a su vez, dependen del PSUV.
Es militarista porque dentro de los aspectos esenciales que los consejos comunales deben imponerles a los trabajadores de las UPS se encuentra la instrucción militar, componente sin el cual no se puede aspirar a ser miembro de ese tipo de unidad. Los lineamientos básicos de formación militar provendrán directamente del comandante.
Es centralista porque contempla la creación del Consejo Central para la Planificación de la Economía Socialista, órgano conformado por 12 miembros del Gabinete Ejecutivo que dirigirán las estrategias y políticas de la economía.
Finalmente, es una ley con vocación punitiva y confiscatoria porque incluye la Red de Comisarios y Comisarias de la Producción Socialista, responsable de garantizar que se cumplan los objetivos señalados por el Consejo Central (ni siquiera originales son: se copiaron hasta los términos usados por los comunistas rusos). Además, Miraflores podrá declarar cualquier bien público o privado como propiedad social. Basta que el teniente coronel así lo decida.
El próximo 1 de mayo es una fecha propicia para detener este disparate tan colosal que, desde ya, está desestimulando aún más la inversión, está empujando la fuerza de trabajo al mundo de la informalidad y, por añadidura, está repitiendo las trágicas experiencias de la Rusia bolchevique, la China maoísta y la Cuba fidelista, infiernos que acabaron con millones de vidas y arruinaron esas economías.
