Persecución política para Cazorla

Después que el gobierno de Hugo Chávez gano la enmienda constitucional, hemos visto cómo han sido perseguidos y amedrentados distintos personajes de la disidencia política en nuestro país. Hemos presenciado distintos actos que pudieran catalogarse como persecución política. Los más notorios de ellos han sido los ocurridos contra los condenados: Simonovis, Vivas y Forero; los actos de amedrentamiento contra el alcalde de Maracaibo Manuel Rosales Guerrero y sus familiares, la persecución al general Raúl Baduel, ex-ministro de la Defensa quien impidió el derrocamiento de Hugo Chávez durante el golpe 11 de abril del 2002 y que fue detenido en la calle por la inteligencia militar en Maracay, delante de su esposa para ahora estar procesado por delitos penales, finalmente el abuso de disolverle el gobierno al Alcalde Mayor Antonio Ledezma e imponerle un organismo paralelo.

No solamente es que esta persecución del gobierno se le hace a aquellos que han sido electos por el pueblo sino que empieza a ejecutarse contra todos aquellos que nos manifestamos en contra de esta dictadura disfrazada de democracia como ha sido el caso de lo que se le hizo al Teniente Coronel en situación de retiro Jesús Fernando González Cazorla quien fue detenido en Barinas, el día jueves 23 de Abril de 2009 luego de un largo procedimiento de revisión administrativa que se le hacia a su empresa de seguridad por parte de una comisión de funcionarios del Vicemisterio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del POPO de Relaciones Interiores y Justicia encabezada por el mismísimo director General de la Coordinación Nacional de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada (CONASERVIP), Sabek El Hani acompañado por funcionarios de la policía del estado, el DIM, el CICPC y la DISIP.

Cazorla es columnista nacional de varios medios comunicación cibernautas así como en periódicos escritos a través del cual ha denunciado situaciones que involucran a funcionarios del Gobierno regional en hechos de presunta corrupción. Recordemos que en el año 1999, González Cazorla fue privado de libertad por el delito de difamación e injuria en contra de la familia Chávez Frías, específicamente, por haber introducido siete acusaciones en la Fiscalia Superior del Ministerio Publico por sendos delitos de corrupción perpetrados por la familia presidencial. Cazorla había venido realizando una gira triunfal por todo el país, en compañía de varios personajes nacionales, organizando un movimiento de resistencia y que en apenas dos meses había logrado sembrarse en 13 estados, siendo el de mayor revelancia el estado Mérida en donde fue considerado por el gobernador del estado como promotor de un movimiento golpista. Latirle en la cueva en el terreno del Ministro El Aisami fue suficiente para que estos funcionarios arremetieran en su contra. En un avión oficial 4 profesionales de esta dependencia llegaron a Barinas e irrumpieron en la oficina del oficial procediendo con violencia a penetrar su casa de habitación y ejercer un proceso de revisión del recinto sin orden de allanamiento alguna. Posteriormente estos funcionarios administrativos procedieron a irrumpir en la casa habitación de unos jóvenes allanando sin orden alguna su domicilio sin orden con el apoyo de la Policía del Estado. Funcionarios de la policía política le pidieron al militar retirado que los acompañara a la sede de ese organismo de seguridad del Estado en Barinas, pero él se negó a la solicitud porque no presentaron una orden judicial y así lo mantuvieron privado de su libertad ilegalmente desde las 9 de la mañana por lo que se hizo necesario la presencia de los medios de comunicación para dar fe de los atropellos ejercidos por estos funcionarios. Después de una larga hora de lucha jurídica que tenían los abogados de Cazorla en contra de no dejar que se le violaran sus derechos constitucionales a las 6 pm llego la orden la allanamiento solicitada por Sabek al DIM quien la emitió el Tribunal Quinto de Control, a cargo de la juez Josefina Lobosco. La orden solo especificaba armas de guerra como lo establece el artículo 3 de Ley De Armas y Explosivos que dice así: Son armas de guerra todas las que se usen o puedan usarse en el Ejército, la Guardia Nacional y demás Cuerpos de Seguridad, para la defensa de la Nación y resguardo del orden público, tales como: cañones, obuses, morteros, ametralladoras, fusiles , carabinas y mosquetones; pistolas y revólveres de largo alcance; y, en general, todas aquellas armas que pudieren ser útiles en la guerra, de todas clases y calibres, de un tiro, de repetición, automáticas y semiautomáticas y sus respectivas municiones y aparejos para ponerlas en actividad; sables, espadas, espadines, lanzas y bayonetas; aparatos lanza llamas; bombas, granadas de mano; gases y sustancias agresivas, así como las armas y dispositivos que puedan arrojarlos o los envases que puedan contenerlos. Pues dentro de la vivienda no se encontró ningún armamento solo unos escopetines recortados que no se sabe de donde lo sacaron y que según el comandante fueron sembrados por los funcionarios del MRI para incriminarlo en un delito e ilegalmente y producto de esto fue detenido y trasladado a la comandancia de la policía del estado donde se le señaló el delito de porte ilícito y ocultamiento de armas.

Sabemos por lógica que los oficiales de nuestra Fuerza Armada gozan del beneficio de portar armas de fuego autorizados por el ejecutivo nacional dentro y fuera de su vivienda como lo establece la misma ley de Armas y Explosivos. Ahora existe una directiva que obliga a los oficiales a registrar sus armas particulares y que su inobservancia es castigada con una sanción pecuniaria (20 U.T.) y no con una pena corporal y por eso fue dado en libertad bajo una medida cautelar dada por un tribunal de control de Barinas, para que se presente cada 8 días a ese recinto judicial y sin salir del Estado es decir que lograron su objetivo en mantenerlo preso en Barinas.

Entendemos perfectamente que las Instituciones del Estado, en ejercicio de sus atribuciones legales abran las investigaciones legales a que haya lugar con la finalidad de brindar transparencia a sus actos. Sin embargo, lo que no es aceptable desde el punto de vista legal y constitucional es que se utilicen las instituciones del Estado o los privilegios de las simpatías políticas, en este caso con el oficialismo, como instrumento o mecanismo de persecución como se lo vimos con el comandante Cazorla. En nuestro país, podemos afirmar que en estos momentos hay centenares de perseguidos, procesados y pesos políticos, situación esta que además de condenable, es atentatoria de todo el ordenamiento legal vigente en materia de Derechos Humanos.

Todo esto tiene un fin es de neutralizar a la misma oposición violando este régimen de Hugo Chávez “La Declaración Universal de Derechos Humanos” el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal; a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a la no invasión de la vida privada y de la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo político; a la nacionalidad; a la propiedad; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión; a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la participación en el gobierno; a la seguridad social, al trabajo, al descanso y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar; a la educación y la participación en la vida social de su comunidad. Recodemos también el refrán de nuestro estimado y recordado ex-presidente Luis Herrera Campins, cuando gano Hugo “Compren alpargatas que lo que viene es joropo”…
Cualquier información, denuncia o sugerencia por mí dirección electrónica o pueden leer esta columna y otras cosas más en mi pagina Web: (%=Link(«http://www.robertveraz1.galeon.com»,»robertveraz1″)%)