El embudo contra Globovisión
Globovisión es el único canal de señal abierta que se atreve a criticar al gobierno de Hugo Chávez. El otro canal que lo hacía, RCTV, está confinado al cable desde hace dos años cuando el aparato administrativo ejecutó la orden presidencial de cerrarlo y confiscarle sus equipos con la bendición del Tribunal Supremo de Justicia.
Gustavo Cisneros, “el campeón de la libre empresa”, como solía autobautizarse, ha preferido que su canal Venevisión se decante por la información “justa y balanceada” en unos noticieros que a veces se parecen demasiado a los del canal oficial VTV. Las otras televisoras privadas no son tan obsecuentes con el ministerio de Información pero tampoco dan mucha cabida a la crítica a la gestión gubernamental.
Si se recuerda la feroz campaña de Cisneros y su canal contra la dictadura castrocomunista en los años 80 del siglo pasado, no dejará de sorprender que mientras se trata de aplicar el mismo modelo a su patria haya hecho mutis. Cuán útil sería Venevisión si en estos días en que arrecia la deriva despótica de Chávez estuviese luchando por la libertad.
A la Venevisión obsecuente con el gobierno se le ha dejado en paz. No se le ha hecho ninguna exigencia en cuanto a mejorar la calidad de sus contenidos porque a la revolución poco le importa que la programación televisiva conserve su mala calidad, siempre y cuando no sea crítica.
A Venevisión se le vencía la concesión por la misma época que a RCTV pero le fue renovada. La diferencia era que la primera había callado las tropelías del régimen desde la reunión secreta Carter-Chávez-Cisneros mientras que RCTV sostuvo con valentía sus programas de denuncia. Cisneros defenestró a Napoleón Bravo y puso en su lugar espacios descafeinados. Si hoy ocurriera un milagroso cambio en la línea editorial de Venevisión y volviera a decir la verdad sobre lo que pasa en Venezuela, pues sería perseguida y se le trataría de cerrar, aunque su concesión no estuviera a punto de fenecer.
Afortunadamente no todos los directivos de los medios de comunicación venezolanos han creído que su papel se limita a mirar para otro lado cuando el régimen atropella. Los dueños de RCTV, con Marcel Granier a la cabeza, al igual que los accionistas de Globovisión han permanecido en la defensa de la democracia y la libertad, con todo el riesgo que eso significa en medio del clima de intolerancia y resentimiento que el chavismo en el poder alienta.
Como la concesión de Globovisión no está por acabarse, el gobierno ha decidido cerrar el canal acudiendo a cualquier otra causa. O bien asfixiándolo económicamente mediante el cobro de estratosféricas multas o levantándole expedientes administrativos y judiciales por los motivos más rocambolescos.
Las multas sobrepasan los 5,6 millones de bolívares fuertes (5.600 millones de bolívares antiguos), incluyendo intereses de mora. Es decir, más de dos millones y medio de dólares. ¿Qué canal venezolano puede pagar esta suma? Una de las multas se la imputa el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) por no haber declarado las supuestas donaciones que hizo en los días del paro nacional (2002). En aquellos días otros canales privados se sumaron al paro nacional y transmitieron mensajes de partidos políticos y otras organizaciones invitando a las marchas y a otras manifestaciones. Globovisión considera que haber pasado esos mensajes constituyó un servicio público. Por supuesto que a Televen y a Venevisión no les ha llegado el cobro de esa multa.
A Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, ya le han abierto varias investigaciones, entre las cuales se encuentra una por tener trofeos de caza africanos. Precisamente este gobierno que ha permitido los mayores desastres ambientales en la historia del país, ahora quiere aplicar la ley penal del ambiente a supuestos delitos cometidos fuera del país.
Este régimen que permitió el tendido eléctrico hacia Brasil, atravesando frágiles ecosistemas, después de haber hecho demagogia con los indígenas de la zona diciendo que no lo permitiría; este régimen que no ha eliminado la explotación indiscriminada y contaminante del oro en Guayana; este régimen que no es capaz de recoger la basura en Caracas ni de implementar un sistema de clasificación y reciclaje de los desechos, hoy quiere poner preso a un accionista de Globovisión por matar fieras con el permiso de gobiernos africanos.
No deja de impresionar cómo todos los poderes del Estado se han puesto a la orden del caudillo para hacer realidad su sueño de cerrar el canal de noticias. La Fiscal General ya ha declarado que hay medios que se han concertado para informar, entonces ¿informar es delinquir?
