A Dios rogando y con el mazo dando

Con extraordinaria preocupación, multiplicada por la distancia y la impotencia de no poder participar directamente en la lucha por salir de la pesadilla que vive el país, vemos las noticias que día a día ponen al descubierto un proceso sistemático, cada vez más acelerado, del régimen para arrebatarnos la libertad a los venezolanos. Un proceso que se concreta en represión política, ataques abiertos a la libertad de expresión, desconocimiento del derecho de propiedad, envilecimiento del derecho, culto rastrero a la personalidad, la trampa electoral, la utilización y partidización grosera de las fuerzas armadas, nacimiento de modalidades de represión antes desconocidas en Venezuela como la declaración de enfermos mentales a quienes reclaman sus derechos o disienten del régimen, y una corrupción sin parangón en nuestra historia .

La naturaleza totalitaria y dictatorial del régimen ya no se oculta. Por el contrario, el dictador y sus secuaces se vanaglorian de ella día con creciente descaro. El caso del señor Brito es realmente espeluznante, desaparecido y declarado, con violación de todos los procedimientos legales, inhabilitado por supuesto desquiciamiento mental, por una Fiscal ignorante y jalabolas y un juez aún más servil.

El envilecimiento del derecho ha llegado al extremo de convertir a la institución de la expropiación por causa de utilidad pública, en una pena para sancionar supuestos ilícitos administrativos. Esa institución concebida desde tiempos inmemoriales para ayudar al desarrollo de la infraestructura de las naciones, ha sido convertida por las focas de la llamada “asamblea nacional”, a petición del dictador, en un instrumento de represión política y económica. Le han dado al dictador “la espada” que les pidió: un instrumento para pulverizar la iniciativa y la empresa privada para llevarnos al “mar de la felicidad” tipo Cuba, es decir para convertir a Venezuela en un país miserable y en ruinas.

Nuevamente se intenta acallar y cerrar a Radio Caracas Televisión. El zar de la corrupción, Diosdado Cabello, fracasado en todas las posiciones que su dueño le ha encomendado en la administración, es el encargado de llevar adelante la medida, por la vía de quiebra. Todo realizado en complicidad con la más voraz banda de delincuencia organizada que haya existido en América Latina: el Grupo Cisneros. Las medidas anunciadas están destinadas, como el cierre de la señal abierta de RCTV en el 2007, a favorecer a ese grupo, a la vez que acallar un importante medio a través del cual el pueblo puede expresar su angustia y su protesta ante la crisis generalizada que vive el país. Es una medida de represión política, que no tardará en personalizarse, en hacerse efectiva mediante procesos amañados contra sus directivos, periodista y trabajadores.

La sumisión vergonzosa del CNE ante el dictador para satisfacer sus deseos y pretensiones políticas que lo ha llevado a modificar, sin justificación alguna, el mapa electoral del país para tratar de compensar la menguada fuerza política del régimen. La complicidad de unos sujetos que se hacen llamar “magistrados” del TSJ para ratificar y cohonestar todos los desafueros del dictador contra el estado de derecho. Un poder judicial sumiso, incompetente, lerdo y perezoso, que ahora, además, junto al Ministerio Público, será invadido por los “abogados” de la “universidad” bolivariana, tal como anunciara el dictador en cadena nacional.

La conversión abierta y descarada de las fuerzas armadas en el brazo armado del partido de gobierno y en el instrumento fundamental de represión política y reducción y extinción de las libertades públicas, que las ponen al margen de la ley. En esta materia hemos regresado al pasado remoto venezolano en el cual las armas de la República eran las armas del dictador de turno. La época en que los militares se sentían propietarios de la nacionalidad y de la nación y por supuesto de sus bienes. Herederos del “ejército forjador de libertades” como dice su lema caduco y mentiroso, cuando en realidad durante más de un siglo ese ejército fue el corazón y el brazo armado y represor de los conculcadores de la libertad y el progreso de los venezolanos. Una estructura que desde la propia guerra de independencia, se convirtió en el forjador de fortunas y terratenientes al amparo del propio Simón Bolívar, que para repartir entre sus oficiales y tropas bienes raíces de toda naturaleza, decretó en 1817 y 1821 la Ley de Reparos y la Ley de Haberes Militares**, convirtiendo de esa manera a la casta militar en la clase oligárquica y plutocrática dominante de la época y por muchos años más. En los años de democracia (40 de 200), se había logrado construir unas fuerzas armadas institucionalistas, sin pretensiones hegemónicas, subordinada al poder civil, sin filiaciones partidistas, ajena a la diatriba política, respetuosa de la constitución y las leyes. Lo que no logró la democracia fue erradicar de la mente de algunos militares el concepto atávico de la titularidad militar de la nacionalidad y de la nación y sus bienes, de la supremacía militar sobre los civiles, suerte de ciudadanos incapaces y por tanto de segunda categoría. Y de allí surgió la banda de delincuentes voraces e insaciables que han amasado y siguen amasando grandes fortunas con la complicidad, apoyo y beneplácito del nuevo “libertador”. Esas fuerzas armadas son las que hoy, a los pies del dictador, están convertidas en el brazo armado del PSUV, son las que invaden fincas y empresas, las que apalean a estudiantes y trabajadores, las que reprimen las protestas, las que se afincan con fuerza contra cualquier manifestación popular, las que apoyan a las FARC, las que le abren el paso al narcotráfico.

Ante ésta caótica situación de deterioro institucional, de pérdida de la libertad, de reducción de los derechos civiles y políticos, cabe preguntarse qué camino seguir. Creo que quienes, desde la disidencia, desalientan la participación electoral cometen un grave error cuyas consecuencias ya experimentamos al dejar la asamblea nacional en manos de la canalla chavista. Aquel fue un error de cálculo político, bien intencionado, pero que le ha costado carísimo a la nación y a la democracia.

La vía electoral, con todos los problemas y obstáculos que presenta no puede desaprovecharse, es una de las pocas rendijitas que nos quedan. Pero el fin que con ella se persigue, una representación democrática mayoritaria en la asamblea, no puede ser el único fin. Esas elecciones son una oportunidad valiosísima para establecer una comunicación más directa y cercana con la ciudadanía y ayudarla a entender la naturaleza perversa de la dictadura. Y por qué no decirlo, es una oportunidad para agitar a la población contra el régimen dictatorial, una oportunidad para encender el espíritu libertario en el país. Agitación que debe ser contundente, sistemática y en consecuencia bien planificada y mejor ejecutada. Es una oportunidad para incorporar a importantes sectores a la acción política mediante su entrenamiento para el cuidado de los votos y a la vez prepararlos para su posterior participación en las estructuras políticas abiertas o clandestinas de resistencia al régimen dictatorial para la recuperación directa por el pueblo de la libertad y la democracia.

De allí que los sectores democráticos debemos tener claro que la participación electoral es importantísima y debemos aprovecharla, pero no es la única vía, ni quizás la más contundente, para enfrentar a la dictadura. La vía electoral no debe nunca impedir el desarrollo paralelo de otras formas de lucha, que no pueden ser otras que las formas con las que históricamente todos los pueblos del mundo han enfrentado y derrotado a las dictaduras.

En otras palabras “a Dios rogando y con el mazo dando”. La situación extraordinariamente grave que vive el país requiere de astucia y arrojo, de organización y disciplina, de utilización adecuada de los instrumentos de comunicación, los primitivos y los de punta, de la actividad abierta y de la acción clandestina, de un lenguaje propio y de una propaganda efectiva.

**Me estoy arriesgando a otro juicio “por hereje”.