Arbitrariedad, tras arbitrariedad
La sorprendente detención de Guillermo Zuloaga, su posterior liberación y la decisión de someterlo a un juicio penal, arbitrario e injusto, me confirma totalmente la posición que mantuve en mi anterior artículo: Hugo Chávez quiere provocar una crisis nacional que conduzca al país a la violencia para poder justificar la suspensión de las elecciones parlamentarias. Esta estrategia no debe sorprendernos. La aplicó con gran habilidad el 11 de abril, durante el paro petrolero y en el referendo revocatorio. Está desesperado. Entiende, que realizar esas elecciones, en medio de la actual situación política que vive Venezuela, solo puede conducir a una importante derrota electoral. Todas las encuestas empiezan a decirlo. El deterioro gubernamental es una realidad evidente. Lo produce el caos que vive Venezuela: inseguridad personal, crisis eléctrica, falta de agua, desabastecimiento de productos de primera necesidad, falta de viviendas populares, colapso de las misiones, numerosos escándalos de corrupción, y pare usted de contar.
Justamente, este desespero fue lo que produjo la detención de Guillermo Zuloaga. Mencionar, en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, el 11 de abril de 2002, tenía que producir en el Gobierno una inmensa molestia. Guillermo Zuloaga no cometió ningún delito. Sencillamente dijo la verdad. Recordó los hechos tal como ocurrieron. Los venezolanos no podemos olvidar la forma en que Hugo Chávez provocó la crisis al despedir injustamente a un importante grupo de gerentes de PDVSA; la multitudinaria marcha del 11 de abril; la decisión popular de solicitar la renuncia de Hugo Chávez a las puertas de Miraflores; la convocatoria de líderes chavistas a utilizar la fuerza; los disparos realizados por funcionarios públicos, contra pacíficos ciudadanos; la renuncia de Hugo Chávez anunciada por el ministro de la Defensa y la equivocada actuación del Alto Mando Militar, al convocar a Pedro Carmona a formar un gobierno provisional, en lugar de cumplir cabalmente con lo establecido en la Constitución Nacional.
La estrategia de provocación diseñada por Hugo Chávez necesita de una inteligente respuesta. No tenerla, podría provocar la desmoralización de vastos sectores de la oposición. Se requiere responder con eficiencia evitando caer en un proceso de violencia que pueda comprometer el proceso electoral. Este reto exige, antes que nada, que los sectores democráticos reconozcan claramente el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática. Los fracasos del 11 de abril de 2002, del paro petrolero y del referendo revocatorio surgieron fundamentalmente por no existir una unidad de mando suficientemente consolidada en la Coordinadora Democrática. No podemos repetir esa dolorosa experiencia. Nos corresponde a todos respetar las decisiones que tomen Omar Barboza y los otros líderes que lo acompañan.
Es necesario, para lograrlo, reconocer que el acuerdo político alcanzado no ha sido fácil. Presentar una lista de candidatos para las elecciones existiendo un sinnúmero de partidos políticos y, además, infinitos aspirantes de la sociedad civil es una decisión más que compleja. Puede haber motivos de críticas, pero lo que está en juego no es una candidatura en particular, sino el destino de la democracia y la libertad. Criticar exageradamente esas decisiones puede darle ánimo a algún candidato no seleccionado para decidir lanzarse por su cuenta. Eso sería criminal. Podría comprometer el triunfo de la oposición. No es momento para cometer tonterías. Los candidatos deben saber que nadie votará por un aspirante que se presente fuera de las listas de la oposición. Es la única manera de evitar una derrota. Venezuela bien lo merece.
