Misiles contra la Paz
La celeridad con la que actuó la Fiscalía General de la República contra Oswaldo Álvarez Paz debe de haberle causado enorme envidia y escozor a los casi 30 mil reclusos que se pudren en las cáceles del país. Una sólida mayoría de esos presos han pasado años esperando que algún Fiscal del Ministerio Público o algún juez se ocupe de ellos. Muchos han pagado una condena mayor a la que se les aplica a los delitos que han cometido. Muchos otros, los que pueden, deben pagar considerables sumas de dinero para lograr que la Guardia Nacional los traslade hasta los tribunales. La injusticia que padecen los prisioneros, y las condiciones en las que viven, ha convertido los establecimientos carcelarios en máquinas de destrucción de seres humanos y conciencias. De muy poco han servido las huelgas de hambre, los motines, los autosecuestros de sus familiares, y todas las demás formas de lucha desesperadas que han instrumentado esas criaturas olvidadas por los organismos del Estado. La Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia. Los penados no son parte del pueblo y, en realidad, de nada. No son importantes para nadie del Gobierno.
En cambio Álvarez Paz sí es importante y mucho, no sólo por su fortaleza moral, o porque dirija un grupo político o porque la organización que lidera pueda poner en peligro la estabilidad y continuidad del régimen, sino porque a través de su digna figura se le transmite un mensaje claro a la oposición: quien emita una opinión que deteriore la imagen nacional o internacional del Gobierno es un traidor, subversivo y conspirador, por lo tanto, su destino será un calabozo. El Gobierno busca paralizar y aterrorizar para provocar autocensura, la más eficaz de las represiones. Este procedimiento resulta bastante común en los régimen autoritarios que se ven obligados por las circunstancia a concurrir periódicamente a citas electorales. El Presidente de la República fija los límites dentro de los cuales debe darse la contienda. Nada de acusaciones que puedan perjudicar su buen nombre, y menos aún en programas televisivos de gran audiencia nacional. Todo debe transcurrir como si viviésemos en una democracia perfecta, donde el Gobierno apenas comete los errores propios e inevitables de cualquier gerente que conduce los destinos de una organización grande y compleja. A través de OAP el teniente coronel trata de silenciar, de colocarle sordinas, al debate electoral. Se reprime para que la crítica al régimen se atenúe, para que el Gobierno no luzca tan inepto, corrupto e irresponsable como en realidad es.
Frente a esta aspiración del Gobierno la respuesta democrática debe ser mantener el tono firme de la crítica, no hacer concesiones, ni demostrar cobardía. OAP ha sido un excelente modelo de fortaleza.
Su encarcelamiento también representa una provocación descarada, por lo absurdo y arbitrario de la medida. El Código Penal establece que existe conspiración cuando dos o más personas actúan de forma concertada para alterar el orden de la República. Las opiniones de OAP -que en buena medida repitieron lo dicho por el juez español que luego fue descalificado por el gobierno vernáculo- no configuran ninguna conspiración, pues fueron formuladas a título personal en un programa de televisión. Se conspira en la clandestinidad, no frente a una cámara de televisión. El ex gobernador del Zulia le exigió al Gobierno lo mismo que ya le había pedido el magistrado ibérico: que aclarara sus vínculos con grupos subversivos declarados terroristas por la ONU. El dirigente político no inventó ninguna información, ningún dato, que pueda ser catalogado como falso o “conspirativo”. El exabrupto en su contra persigue alentar a los grupos y personas que sostienen que no conviene participar en las elecciones del 26-S en las condiciones de ventajismo, atropello al Estado de Derecho e inseguridad jurídica que existen en el país, por la acción planificada del Gobierno.
Si el Presidente cree que el encarcelamiento injusto del ex candidato presidencial nos va a conducir de nuevo al error que cometimos en 2005, está muy equivocado. A la oposición no la sacará de la ruta democrática ninguna agresión, por infame que esta sea.
En las naciones genuinamente democráticas durante los períodos que anteceden a los comicios los gobiernos de turno, aunque la polémica con la oposición sea muy dura, tratan de descargar la atmósfera institucional y política de esos componentes que la enrarecen. Especialmente, evitan detener o apresar dirigentes políticos, pues este constituye uno de los factores que más perturba el ambiente. En la Venezuela chavista ocurre exactamente lo opuesto: aquí se inhabilita a líderes con opción de triunfo, se condena a dirigentes por sus opiniones, se acosa a periodistas con importante influencia comunicacional; en fin, se carga de elementos nocivos la cúpula celeste con el fin de distraer, desconcertar, sembrar el caos, atemorizar, desanimar.
La captura de OAP -de los líderes fundamentales de la democracia cristina, a pesar de que ya no milite en COPEI- servirá para poner a prueba la madurez, claridad y reciedumbre de la oposición. El 26 de septiembre habrá que cobrarle al comandante todos los abusos que ha perpetrado.
