Mataron al derecho
No es la primera vez que escribimos sobre la muerte del Derecho como instrumento de regulación de la vida en sociedad, de los ciudadanos entre sí y de estos con el estado-gobierno. El país está indefenso y la gente sometida a normas dictadas por el capricho, los complejos, la intolerancia ideologizada, el cohecho, la corrupción y muchos vicios más de unos poderes públicos dirigidos por un Presidente incapaz de controlar sus impulsos más primitivos. Se acabó el sagrado principio de la legalidad.
Fui citado a la Fiscalía 21 del Ministerio Publico por una comisión de la anterior Disip (¿?) que se presentó en mi casa, de noche, a entregarme una boleta fijando sitio y hora del Acto de Imputación en mi contra, sin mencionar él o los delitos. Por la prensa había tenido noticias de que dos diputados chavistas de la Asamblea, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, válgame Dios, solicitaron esta actuación y fueron debidamente complacidos. Leyendo el expediente sentí pena ajena. Se trata de la tarea que Chávez públicamente encomendó a los poderes públicos para reducir los medios independientes por la vía del terror, criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar, hasta hacerlas desaparecer, las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta. En este caso se trata del Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España. Trata de la relación ETA-FARC y eventual colaboración del gobierno venezolano por actuaciones en nuestro territorio. Reuniones, cursos, planes, etc. Todo debidamente soportado con indicios plurales y concurrentes, documentales y testimoniales, que dieron lugar a la investigación. Me referí a todo esto, incluido el tema del narcotráfico y lo relativo a los derechos humanos, en el programa Alò Ciudadano. En la Fiscalía ratifiqué mi intervención explicando sus alcances y objetivos.
Según boletín de prensa de la Fiscalía, el delito sería por instigación al odio contenido en el artículo 285 del Código Penal. Pero allá me enteré de que la Fiscal me imputaba también, en forma bastante genérica e imprecisa, por el artículo 132 que habla desde traición a la patria hasta conspiración y otras conductas inmoralmente adjetivadas por los diputados chavistas, con pena de 8 a 16 años y además por el artículo 296-A, referido a la generación de “zozobra e inquietud”, malestar, etc., en la población. La defensa consignó un extenso escrito con relación específica al primer caso. Con lo demás anunciamos próximas diligencias y promovimos algunas actuaciones que en Derecho y justicia servirían para desmontar toda la maniobra. Ya veremos. Terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos son delitos pluriofensivos sometidos a la jurisdicción internacional. Los procesos ya están en marcha. El gobierno venezolano es protagonista de las noticias. Estoy sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial.
