¿Y la Defensora del Pueblo? Defendiendo al Gobierno
La señora Gabriela Ramírez, “Defensora del Pueblo”, parece haber olvidado, o simplemente ignora, el mandato claro y terminante que le imparte la Constitución.
La Constitución Nacional – Artículo 281, numeral 1º – dispone que la defensora del pueblo debe “Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento”. El numeral 4º. dice que debe instar a la Fiscal General de la República “para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos”
En estos últimos días hemos sido testigos de las brutales agresiones de la fuerza pública y de grupos violentos movilizados y asalariados por el gobierno contra a juventud que, ejerciendo el derecho que les otorga la Constitución (Artículo 68), manifiestan contra los cortes de electricidad, el racionamiento del agua, la inseguridad, los abusos contra la propiedad privada, y el cierre arbitrario de RCTV Internacional. Hemos visto a los efectivos de la Guardia Nacional, protegidos con corazas como si fueran unos auténticos “RoboCops´”, provistos de lanza-granadas lacrimógenas, fusiles de perdigones, peinillas, bastones de madera o de goma y blandiendo un horroroso instrumento consistente en una cadena de la cual pende una especie de garra de hierro con varias puntas, arremeter contra jóvenes inermes cuyas únicas armas son su manos abiertas y sus consignas de protesta.
Mientras tanto, la señora Gabriela Ramírez emite un comunicado en el cual se alinea con el gobierno para afirmar que «Los pronunciamientos que han realizado organismos internacionales como la OEA sobre la supuesta falta de libertad de expresión en Venezuela son netamente políticas”. Según ella, las organizaciones internacionales solo pueden pronunciarse “una vez que se hayan extinguido todas las herramientas jurídicas internas”.
Señora Ramírez, eso no es así. Sólo algunos organismos con competencia jurisdiccional exige el agotamiento de los recursos legales internos para admitir una denuncia. Del resto, cualquier organismo internacional, gubernamental o no-gubernamental tiene, no solamente el derecho sino la obligación, de denunciar todo atropello contra la ciudadanía como los que se están produciendo en nuestro país.
Pero además, señora Ramírez, usted formula una acusación sumamente grave cuando dice: las denuncias que emiten las organizaciones internacionales son parte de » una campaña internacional buscando generar violenta, que asesinen a estudiantes”
Según lo que usted dice, todas las denuncias que han hecho en estos días los gobiernos de Francia, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Perú, organismos gubernamentales y no gubernamentales prestigiosos, personalidades autorizadas y dignas de todo respeto tanto nacionales como extranjeras, periódicos de diversos países y revistas internacionales de reconocida objetividad, están confabulados en una campaña internacional que busca generar violencia y asesinar estudiantes.
Señora Ramírez, ¿usted no se dado cuenta que espontáneamente se ha generado un abrumador consenso mundial que condena lo que está ocurriendo en Venezuela y exige que se haga lo que usted no ha hecho por negligencia o simplemente porque le teme a su gran jefe? Todo el mundo pide que cese la violencia contra la ciudadanía indefensa, que cesen los embates desproporcionados de la fuerza pública, que se respeten las libertades y los derechos humanos, que se reprima no a quienes manifiestan pacíficamente sino a los círculos armados y violentos que siguiendo las instrucciones impartidas desde las alturas del poder atacan a los estudiantes. Esos mismos círculos violentos que mataron dos estudiantes e incendiaron la sede del Decanato de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes.
Señor Defensora del Pueblo, escuche su conciencia, cumpla con la Constitución y defienda al pueblo. No defienda su puesto y mucho menos al régimen.
