Una opinión políticamente incorrecta

Ya comenzó la carrera por las candidaturas unitarias en el seno de las fuerzas democráticas. Me parece una noticia excelente. Al estar en desventaja, no hay que perder tiempo, porque la avalancha que se nos viene del lado del déspota también ha arrancado, y sabemos que todos los recursos del Estado estarán a disposición de éste, sin control.

No hay que olvidar tampoco su capacidad para atemorizar no solo a los que él considera sus enemigos. Él teme, por un lado, a ser derrotado, y por otro, traicionado por eventuales saltos de talanquera, desconfiado como lo es de todo el que lo rodea. Hará todo lo que esté a su alcance para mantenerse en el poder.

Bienvenida entonces la partida hacia las elecciones parlamentarias de septiembre, que pintan muy bien para la oposición.

La Mesa Unitaria ha anunciado algunos acuerdos en regiones, alcanzados con base en los compromisos asumidos por todos los sectores a finales del pasado año.

Para nadie es un secreto que existen unas reglas, que deben ser cumplidas seria y responsablemente, so pena de que el acuerdo construido dificultosamente se derrumbe, perdiéndose así la oportunidad de un triunfo.

Sería imperdonable y suicida que éstas sean infringidas o puestas de lado por movimientos o aspiraciones de algunos grupos que independientemente de su legitimidad, número o motivación, obstruyan o tuerzan el rumbo del itinerario trazado.

Lo primero que debe decirse, valga la obviedad, es que el ejercicio de la política (ser diputado lo es) es para los políticos, y no podemos tratar de afrontar un problema en este campo con quienes no lo son. Son legión los que pueden tener las mejores intenciones e ideas, pero no todos están preparados para la lucha política. La antipolítica desprecia, precisamente, a los políticos, y transmite la idea de que cualquiera puede ejercerla, cuando no es así. Por ello, es que hay que dejar sentada esta premisa cuando acometemos el análisis de las posibles candidaturas de las fuerzas de oposición. Por supuesto, no queremos que se infiera de lo dicho que los ciudadanos no deban interesarse en los problemas políticos, todo lo contrario. 

Pero en los días que corren hemos visto cómo desde ciertos medios de comunicación, algunos grupos o personalidades con poder de fuego mediático, atacan a los partidos que arribaron al acuerdo de unidad, acusándolos de egoístas,  mezquinos o de cualquier cosa, incluso echándole en cara -¡Insólito¡- algo que es esencial a ellos, su razón de ser, es decir, aspirar a gobernar u obtener cargos representativos. Es como que se le recrimine a un industrial, comerciante o profesional, que quiera ganar dinero con su actividad; o a un periodista que quiera ser dueño o director de un periódico, radio o televisora. Mayor disparate no puede concebirse. Y lo peor es que cuando a estos críticos los señalamos como anti-partidos o antipolíticos, echan el grito en el cielo.

Una de las recriminaciones que aludo es la de que los partidos no quieren a los candidatos de la sociedad civil y, entre ellos, los presos políticos. Algunos llegan hasta pretender que la mayoría sea de la sociedad civil.

En las reglas que las fuerzas de la Mesa Unitaria aprobaron, está estipulado que serán considerados y postulados candidatos provenientes de la llamada sociedad civil, lo cual quiere decir, que personas que no militan en partido alguno podrían ser opciones que apoyarían los partidos, y esto, por cierto, fue siempre así. Obviamente, éstas deberían reunir un conjunto de cualidades que las hagan merecedoras de una candidatura.  

Y aquí surge el primer asunto a dilucidar. ¿Cuáles deben ser esas credenciales? El tema no es fácil. Porque una persona puede tener los mejores conocimientos sobre un tema determinado, pero como diputado puede ser un gran fiasco. ¿No sería mejor para este hipotético diputado especialista ser asesor de los diputados que salgan electos que serlo? Lo ideal es que reúna ambas cualidades, y estoy seguro que los hay.

Quizás un criterio más cercano a lo que queremos como diputado sea el que el personaje en cuestión se haya destacado como lo que llaman por ahí “luchador social”, con liderazgo real, audiencia comprobada, independientemente de si tiene o no el dominio sobre un área específica del conocimiento. En estos casos, tampoco es garantía de que sea un buen diputado, pero al menos es un líder social.

De modo pues, que la selección no será muy fácil, y no puede estar tampoco guiada exclusivamente por sus apariciones en prensa o tv.

En le caso de los presos políticos, reconozco la angustia de las familias de éstos. Sabemos el via crucis por el que pasan, y los atropellos y violaciones a los derechos humanos que han sufrido en carne propia. Estas familias han visto como salida a esta situación lamentable, el que sean postulados como diputados y han iniciado una campaña a tales fines. No les niego el derecho a aspirar a eso y mucho menos a plantearlo, pero aparece aquí otro problema, a mi juicio, serio. Sería inconveniente e irreal candidatearlos a todos. No todos podrían ser lanzados, pero además, ¿cual sería el criterio para seleccionar a alguno de ellos? Porque pretender que todos engrosen las listas de posibles puestos salidores -¡Cómo desearíamos que se pudiera hacer¡- es un despropósito y un riesgo que no podemos darnos el lujo de correr.

Yo sé que no estoy en los zapatos de esta gente justificadamente desesperada. Pero, desafortunadamente, el destino colectivo de un país, por un lado, y el de unas fuerzas políticas que luchan por consolidarse  y a la vez impedir la instauración de un sistema totalitario, por otro, no pueden ser sacrificados a las aspiraciones particulares, por muy  legitimas que sean, de unas cuantas familias, cuyo dolor compartimos y deseamos que desaparezca lo más pronto posible.

Así las cosas, debo decirlo de una vez, dudo que la comentada sea una salida viable a estas personas injustamente presas. Casi me atrevería a pronosticar que en el hipotético caso de que alguno de ellos saliera electo, con seguridad sería desconocido por el gobierno. Y ojalá me equivoque en esta apreciación.

¿No sería mejor entonces tratar de lograr una mayoría y buscar la manera desde la Asamblea de impulsar una ley de amnistía? ¿Acaso no sería más eficaz dar esta pelea por la libertad de estos presos desde una posición de mayor fuerza como ésa?

Algunos dirigentes de los partidos ya han declarado que tienen en mente la posibilidad de lanzar como candidatos a alguno de los presos políticos. Las reglas aprobadas lo permiten.

No obstante, uno, ciudadano a pie, angustiado porque avancemos cada día con paso firme en la recuperación de la libertad y la democracia, se siente obligado a llamar la atención sobre este tema de difícil solución, pero que es necesario abordar con toda la fortaleza y la honradez que el caso amerita, no olvidando, obviamente, los sentimientos de angustia y desesperación que allí se mezclan.

Sé que esta opinión no caerá muy bien a muchos, pero, qué se le va a hacer, sólo pido que reflexionemos un poco sobre ese asunto con cierto realismo. La acción política nos demanda ciertos sacrificios, y tomar decisiones duras que no satisfacen a todos. Esperamos que los costos que ellas implican no rompan con la necesaria unidad de esfuerzos.