Hace 11 años…
Había una vez un país llamado Venezuela donde se respetaban las empresas y la propiedad privada, sin control de cambios que imposibilitara viajar y comprar en el exterior; con suficiente electricidad para ir al cine sin problemas y con diversidad de productos alimentarios nacionales y extranjeros para abastecer los mercados y saborearlos a plenitud, sin tener que comprarlos racionadamente en los Mercal o Pdval.
Eso fue hace 11 años cuando la nación se llamaba República de Venezuela, a secas, y los jóvenes podían estudiar en universidades nacionales y privadas, sin amenazas de intervenciones o reducciones presupuestarias, y tenían la confianza de que, al graduarse, encontrarían empleo en el mercado nacional donde convivían armoniosamente prestigiosas empresas estatales y privadas, como PDVSA o Empresas Polar.
Hace 11 años los venezolanos confiaban en el sistema democrático el cual, aunque con sus imperfecciones, exhibía Poderes Públicos Nacionales autónomos y un organismo electoral que garantizaba elecciones pulcras, al punto que en 1998 ganó aquel que aún nos gobierna en esta hora menguada del 2010.
Cuando se compara en retrospectiva el país del año 1998 con el actual, en esa época nadie habría permitido que la desatención de las empresas eléctricas produjeran severo racionamiento nacional, que existiera escasez de alimentos, se regalara dinero a manos llenas a países amigos ni mucho menos que se pudieran 100 mil toneladas de productos básicos sin que estallara el escándalo, investigara el Congreso bicameral y, finalmente, rodaran las más altas cabezas por el daño causado a la gente.
Hace 11 años las instituciones funcionaron, entre otras cosas, para castigar a un presidente en ejercicio; para enjuiciar y encarcelar ministros y para liberar militares golpistas. Funcionaban tres Poderes Nacionales Públicos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, entonces Congreso Nacional y el Poder Judicial, los cuales eran autónomos y se compaginaban.
El Ejecutivo diseñaba políticas públicas que necesariamente debían contar con la voz y – en algunos casos – el voto del Congreso. Este ejercía sus funciones de legislar y fiscalizar al gobierno nacional que obligatoriamente tenía que enviar sus ministros al Hemiciclo de las Cámaras de Diputados y del Senado, y a las interpelaciones de las Comisiones para exponer las políticas, explicarlas y defenderlas, so pena de recibir una moción de censura (caso Carlos Walter).
Hace 11 años las leyes pasaban por sus diversas fases de consulta y discusión parlamentaria para su debida aprobación y se respetaba el derecho a disentir de las minorías, sin que cayera sobre ellas el peso del gobierno.
En la actualidad, existe la oportunidad de rescatar las funciones que ejercía el Poder Legislativo hace 11 años para que se transforme en un Poder Público Nacional efectivo en cuanto a la tarea de vigilar de cerca al gobierno nacional para que atienda primero las necesidades de los venezolanos, en vez de preocuparse por las carencias de los cubanos, bolivianos, nicaragüenses y ecuatorianos.
El próximo 26 de septiembre cada venezolano tiene en su poder el mecanismo institucional para rescatar la Asamblea Nacional del yugo del Poder Ejecutivo sobre la AN, logrado gracias al complot de los diputados oficialistas quienes traicionaron a la gente de sus respectivas regiones, para rendirse a los pies de un gobierno empeñado en cubanizar al país de Simón Bolívar.
Por ello, visto el drama que vivimos después de más de una década de pésimo gobierno, es necesaria y vital la suma de cada voto para crear una nueva AN orientada al gran objetivo de reconstruir el país, que empieza por romper con la cubanización, la división política y los mensajes de odio, para concentrarse en la defensa de los intereses de la gente y la solución de los graves problemas que hace justamente 11 años no existían en Venezuela.
