Si me tocara elegir…

Si es entre el diálogo y la guerra. Prefiero el diálogo. Si me ponen a decidir entre un diálogo con el que se logre 70% de aspiraciones que comparto, frente a una guerra en la que podría obtener 100%. Prefiero el diálogo. Si me ponen a escoger entre un diálogo que demore un tiempo pero que prometa resultados, frente a una guerra que me ofrezca gelatinosos desenlaces inmediatos. Prefiero el diálogo. Si mis opciones son resultados sólidos con el diálogo a los disputados en una guerra. Prefiero el diálogo. Si el diálogo ahorra la sangre de un venezolano y la guerra promete su derramamiento. Prefiero el diálogo.

El asunto es que el diálogo tiene condiciones. No es solo conversar. Tampoco es debatir. El diálogo, aun entre los más enconados enemigos, tiene una lógica: ambos deben saber que, de no sostenerlo, el costo sería mayor al beneficio.

En Venezuela hay experiencias. En el comienzo de los años 2000, la sociedad democrática logró frenar a Chávez, la inmensa manifestación de 2002 provocó que los civiles y militares le solicitaran la renuncia, la cual aceptó, y luego del regreso al poder y de las turbulencias subsiguientes se conformó la Mesa de Negociación y Acuerdos, con representación paritaria del Gobierno y de la oposición, y la facilitación de César Gaviria, por la OEA. El acuerdo fue firmado el 29 de mayo de 2003, ya encaminados al revocatorio presidencial.

Algunos de los puntos fueron: «Expresamos nuestra adhesión a los principios consagrados en la Carta Democrática… Todos los sectores, asumiendo lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… comparten los valores allí consignados… la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y la separación e independencia de los poderes públicos… el estricto respeto a los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, a la libertad de expresión, de información y de prensa, a la eliminación de todas las formas de discriminación e intolerancia… Coincidimos plenamente en que el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, a través de la FAN, y policías metropolitanas, estatales y municipales, es una prerrogativa fundamental e indeclinable en la lucha contra la violencia y en la de asegurar la esencia de un Estado democrático… Ninguno de estos cuerpos [policiales] deberá utilizarse como instrumento de represión arbitraria o desproporcionada, y tampoco para ejecutar acciones que impliquen intolerancia política. Nos comprometemos a adelantar una vigorosa campaña de desarme efectiva de la población civil… “Más adelante: «Coincidimos en que resulta indispensable contar a la brevedad posible con un árbitro electoral confiable, transparente e imparcial, a ser designado en la forma prevista en la Constitución… “Para concluir: «Finalmente, ambas partes convienen crear el Enlace permanente».

Letra a letra, todos y cada uno de los puntos anteriores fueron burlados por el régimen de Chávez. La Mesa -¡mesas van y mesas vienen!- se instaló impulsada por el hervor furioso de la calle. El difunto líder, maestro en el tente-allá, retrocedió unos pasos, alzó el Cristo redentor, hizo mea culpa, llamó al diálogo. Luego se instalaron los negociadores y la calle ardía. Al cabo del tiempo, el revocatorio se planteó, el CNE alegó que unas firmas eran «planas», hubo El Reafirmazo y se recogieron más firmas, la oposición se entretuvo en los aspectos electorales, hubo una última gran protesta el 27 de febrero de 2004 que fue apagada por la dirección opositora y la represión brutal, que a los días languideció en urbanizaciones de clase media alta, vino el referéndum ya bastante manoseado y -fraude mediante- ganó el Gobierno.

Lo que indica la experiencia. La fórmula es simple: el descontento estalla; el Gobierno llama al diálogo; la oposición asiste de buena fe; se apaga la protesta y hay mínimos resultados o, sencillamente, se desconocen los acuerdos.

¿Quiere esta experiencia decir que no debe negociarse? No, de ninguna manera, pero es escarmiento a tener en cuenta.

En la situación actual hay diferencias esenciales. En 2002 y 2003 la Coordinadora Democrática era la dirección en la calle y también la representación en la Mesa de Negociación y Acuerdos. En este caso no es así. Por razones que sus voceros han expresado, la mayor parte de los que asisten a las conversaciones no están de acuerdo con las protestas que atribuyen a «los radicales», siendo que esas protestas son las que han obligado al Gobierno a buscar lo que denominan el diálogo. Luego, en los pasitos iniciales los opositores hablaron de condiciones previas para sentarse y más adelante se dijo que no era posible poner como requisito lo que debería ser resultado. Posteriormente, no se aceptó o no se requirió la representación del sector tenido como radical al que se le atribuye la autoría de las protestas.

El enredo de ahora. El problema se ha complicado porque en la reunión «preparatoria» -la de esta semana- que no era «diálogo» pero que fue «diálogo» dado que se aprobaron (des) acuerdos, se evidenció la debilidad de la estrategia adoptada. La postura opositora salió bastante deslucida cuando al concluir la reunión se condenó la violencia «venga de donde venga», como si la ejercida por los protestantes -aunque sea juzgada inconveniente- fuese equivalente a la del Sebin, la GN y paramilitares. Igual resulta sorprendente aceptar que se «amplía la Comisión de la Verdad», lo cual significa reconocer la de Diosdado Cabello, cuando una Comisión así solo podría funcionar integrada por ciudadanos imparciales.

Las demandas nacionales e internacionales por la liberación de Simonovis han tenido eco hasta en el seno de los rojos, por eso resulta en demora aceptar una junta médica y la opinión de víctimas del 11 de abril para un caso que está más que documentado desde el punto de vista médico y político. Esto para humillarlo de nuevo aunque luego lo liberen.

Destaca la incorporación de la MUD al «Plan de Pacificación» del gobierno que, como se sabe, plantea «el desarme de organizaciones delictivas» por los mismos que tienen entre sus voceros en «el diálogo» a los Tupamaros.

Lo que queda claro es que no hay diálogo real sin la movilización ciudadana, en los términos masivos y no violentos que le dieron origen en febrero, sin olvidar nunca que la violencia asesina partió del régimen. Tal vez sea momento de replantear la unidad democrática más inclusiva, con los nuevos actores, sin el monopolio -aunque con la participación- de quienes tenían la encomienda de dirigir la acción electoral de la oposición; es de lamentar que las recomendaciones de la Comisión Hospédales designada por la MUD no fuesen atendidas por sus jefes, para una necesaria y hasta ahora ignorada enmienda.

Esta rectificación podría abrir el camino a una unidad necesaria y superior.