Opinión Nacional

Una salida excepcional para un país en estado de excepción

Nada de lo que las fuerzas opositoras emprendan en el  campo político electoral tendrá sentido, si no está inserto en una clara  definición político existencial y con un propósito estratégico inexcusable:  desplazar al castro comunismo de las instancias del Poder y restablecer la  plena soberanía del Estado de Derecho.

1.- Existe una grave asimetría respecto de la crisis que sufrimos, su  caracterización, su valoración y sus opciones estratégicas. Mientras el  oficialismo apuesta a la necesidad de quebrarle el espinazo a la  institucionalidad democrática, vaciándola de todo contenido para convertirla  en la mascarada formal de un poder totalitario, la oposición insiste en  considerar que esta crisis es pasajera, superficial, obra de un mal gobierno,  que no fractura los fundamentos de nuestro sistema democrático y ante la cual  no se requiere de medidas excepcionales.

             El chavismo tiene un solo propósito: apoderarse del Poder político, militar,  social y económico para construir una nueva forma de sociedad, tiránica en lo  político, policíaco en lo social, estatista en lo económico. Vale decir: una  sociedad socialista, un régimen de partido único y de control omnímodo,  unipersonal y dinástico del Poder, como la norcoreana o la cubana. Según los  viejos parámetros del marxismo-leninismo. La oposición lucha por impedirlo  aunque sin comprender del todo lo que está en juego, siempre a la defensiva,  irrestrictamente apegada a un orden jurídico y constitucional obsoletos, en  la vana esperanza de que el duelo real en que nos debatimos se resuelva  dentro de esos parámetros ideales: pacífica, constitucional, electoralmente.  Un desiderátum que nadie puede objetar, pero que sólo puede tener éxito si se  le respalda y complementa con la fuerza de un movimiento popular democrático  organizado y en pie de lucha. De lo contrario nuestro desiderátum será  secuestrado por la hábil manipulación del régimen: apoderarse del poder total  por medios aparentemente “democráticos”. No se combate sólo contra el chavismo.  El régimen ya está controlado y dirigido por el castro comunismo.

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A esta situación de  indefinición estructural y de crisis existencial del sistema de dominación  política, Lenin la llamó “situación prerrevolucionaria”. En Rusia se extendió  desde la revolución de Febrero de 1917, que echara al traste el dominio  imperial zarista y estableciera un gobierno parlamentarista burgués bajo la  presidencia de Kerensky, y tuviera su primera definición propiamente revolucionaria  con el asalto al Palacio de Invierno y el establecimiento del gobierno de los  Soviets, en Octubre de 1917, bajo el control del Soviet de Petrogrado y la  conducción de Lenin, Trotsky y el partido de los bolcheviques.

Desde el otro  extremo de las opciones en pugna para hacerse con el poder total, a esa misma  situación de crisis existencial, el jurista y pensador alemán Carl Schmitt la  llamó “estado de excepción”. En rigor, la pérdida de los instrumentos claves  del poder hegemónico por parte de quienes lo detentaban y el esfuerzo por establecer  una nueva soberanía de parte  de los sectores insurreccionales. De  extrema izquierda o de extrema derecha, en este duelo amigo-enemigo que se  verifica ante dicho estado de excepción.[1]

Todos los procesos  revolucionarios modernos, inspirados por el socialismo marxista leninista   o por el socialismo fascista,  se cumplieron siguiendo un esquema  ya clásico en la historia moderna, siguiendo las siguientes etapas: crisis  global del sistema, irrupción de un nuevo sujeto histórico, crisis del  aparato de dominación, estado de excepción, resolución del conflicto, toma  del Poder total. El proceso del nazismo alemán se inicia con el Putsch de la  cervecería, de noviembre de 1923; el indulto a Hitler, su responsable máximo,  en 1925; su decisión de insertarse en el sistema parlamentarista de Weimar,  conquistar la mayoría y hacerse con el control del gobierno central, lo que  logra el 31 de enero de 1933. Para precipitar los acontecimientos mediante la  Ley Habilitante (Ermächtigungsgeseztz) de febrero de 1933, que suspende todas  las garantías constitucionales y faculta al Führer para gobernar por decreto.  Desde ese día Alemania ingresa a un estado de excepción permanente, se deroga  de facto la vigencia de la Constitución y Hitler asume los poderes plenos  durante los 12 años de existencia del Tercer Reich, hasta ser derrotado por  los aliados en abril de 1945.

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Venezuela, para su  inmensa desgracia, se ha rezagado respecto de la evolución que se inicia con  la caída del fascismo, continúa con la desaparición del socialismo soviético,  la hegemonía mundial del capitalismo y el paso de la cultura planetaria hacia  la globalización, constituyendo hoy por hoy uno de los bolsones del retroceso  y la regresión en América Latina. Es, en estricto rigor, una suerte de  reservorio del siglo XIX en pleno siglo XXI, el zoológico del terciario  político, un sistema jurásico con capacidad expansiva en sociedades tan  desarticuladas como ella misma. Sociedades que no han sabido o no han podido  insertar al conjunto de sus sectores en el proceso de crecimiento y  desarrollo vividos después de la segunda guerra, que en el caso venezolano articuló,  sin embargo, un modelo democrático bipartidista con inclusión social y  desarrollismo surgido de las entrañas de su naturaleza como nación petrolera,  pero sin lograr entronizar un sistema institucional suficientemente sólido  como para resistir los embates de sus crisis cíclicas. Ni extirpar tampoco de  su genética sociopolítica el caudillismo militarista que la vertebrara desde  su misma independencia.

De este modo hemos  venido a caer en una crisis terminal vivida y superada en otras naciones de  la región hace ya treinta o cuarenta años. Lo que en Venezuela se vive  actualmente es el enfrentamiento entre la dictadura y la democracia, la  libertad contra el avasallamiento, la civilidad contra el militarismo. En  último término: el futuro contra el pasado. Pugna en la que el presente es el  campo del duelo amigo enemigo.  Un duelo mortal que bien puede ser  caracterizado como “estado de excepción”. Y que se expresa en la irresolución  definitoria de la lucha por el Poder.

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             Nada de lo que las fuerzas opositoras emprendan en el campo político  electoral tendrá sentido, si no está inserto en una clara definición político  existencial y con un propósito estratégico inexcusable: desplazar al castro  comunismo de las instancias del Poder y restablecer la plena soberanía del  Estado de Derecho. Ello implica devolverle al pueblo su derecho al ejercicio  de la plena soberanía, imponer la separación de los Poderes, regresar las  fuerzas armadas a sus cuarteles para velar por el irrestricto cumplimiento de  lo que le pauta, se le establece y se le dicta constitucionalmente. Hacer de  las instituciones judiciales entes autónomos y soberanos y de los distintos  órganos del Poder del Estado, como del poder Ejecutivo, el Poder Legislativo  y el Poder Moral instrumentos de control real y efectivo de los otros  poderes, hasta lograr el perfecto equilibrio de una sociedad tolerante y  respetuosa de los derechos humanos, sometida al irrestricto cumplimiento de  la Ley y el Orden.

En otras palabras:  nada de lo que se intente por reinstaurar el Estado de Derecho tendrá éxito  si no parte de ese presupuesto esencial: Venezuela debe volver a su sistema  democrático sin restricciones de ninguna naturaleza. Se trata, por lo tanto,  de una lucha existencial, de vida o muerte, en la que lo que está en juego es  la existencia misma de la República. No sólo ni siquiera principalmente una  cuota del Poder para legitimar un régimen totalitario, como sucede actualmente  con la asamblea nacional, convertida en un trámite cosmético al servicio de  las órdenes del dictador. Sino del Poder puro y simple sobre todos los  resortes del Estado. Entre ambas salidas extremas que llevan a la Transición  democrática o a la instauración de la dictadura del siglo XXI no caben medias  tintas. Tertium non datur.

             Nada de esto debiera ser motivo de discusión. Si lo es, se debe a la  ignorancia que muestran algunos sectores del liderazgo político nacional e  incluso algunos de nuestros precandidatos al respecto, que si no poseen la  debida consciencia del grave envite en juego actúan objetivamente en contra  del logro del propósito histórico en juego. Que para obtener el éxito debido  debería iniciar de inmediato la ejecución de un plan extraordinario de  contingencia.

Ese  plan extraordinario tiene por objetivo reasumir el Poder mediante un gobierno  de Concertación Nacional, unitario y con participación de todas las fuerzas  vivas de la Nación. Debe asimismo comenzar por unir las fuerzas político  partidistas en un Gran Pacto de Gobernabilidad, que fije los puntos  esenciales que deberán ser respetados por todos los sectores sociales,  económicos y políticos del País. Deberá, asimismo, definir un Plan  Estratégico de Gobierno que contenga las líneas maestras a ser ejecutadas y  puestas en práctica por los futuros gobiernos de TRANSICIÓN. Con objetivos y  metas en todos los ámbitos de la realidad nacional. Se trata de articular un  gran Pacto de Entendimiento Nacional, como lo hiciera la CONCERTACIÓN  DEMOCRÁTICA en Chile y el PACTO DE LA MONCLOA, en España. Se trata de iniciar  la cruzada por la redemocratización del país, su inserción en la economía  global y su esfuerzo por entrar de lleno en la modernidad.

Si  dicho marco estuviera discutido y elaborado antes de efectuarse las  primarias, la UNIDAD, el PACTO DE GOBERNABILIDAD y el PROGRAMA DE TRANSICIÓN  NACIONAL serían una realidad palpable. Ya estaríamos en la vía hacia el  futuro. Mucho más importante y decisorio que el nombre o el perfil del candidato.  Pretender que es más importante subordinarse al capricho fácilmente  manipulable de las encuestas que a un gran acuerdo nacional, es no entender  la gravedad de la crisis y el esfuerzo extraordinario que deberemos acometer.  No hacerlo constituye un crimen de lesa humanidad contra la República

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