Amuay, sello definitivo
La tragedia de Paraguaná marcará para siempre el recuerdo de los venezolanos hacia Hugo Chávez Frías. Sobre su conciencia pesará, por lo que le resta de vida, la magnitud de una tragedia perfectamente evitable. Decenas de vidas perdidas miserablemente. Centenares de heridos que no sabemos las condiciones posteriores a su recuperación. Igualmente centenarias las perdidas materiales en viviendas, negocios e inmuebles variados fuera de las instalaciones de la refinería. A todo esto hay que agregar el trauma psicológico por la explosión y el temor por la inseguridad frente al futuro inmediato.
A los efectos de valorar la tragedia, debemos abandonar los criterios tradicionales con los que se justifica la destrucción material de la República. Carreteras intransitables, puentes que se caen como barajitas, fallas graves de energía eléctrica y de agua potable, inseguridad de las personas y de los bienes, alza desmesurada del costo de una vida cuya calidad ya es infame, falta de empleos estables y bien remunerados, deterioro de la planta física educacional y de salud, sectarismo excluyente hasta para con los damnificados cuya pasividad es asombrosa, matazones diarias en las cárceles y paremos de contar. Aquí hay algo peor que un mal gobierno. No se trata sólo de zánganos incompetentes, cómodos e irresponsables, ladronzazos y traficantes. Esto va mucho más allá, así el alto gobierno pretenda restar importancia al suceso y presentarlo como “cosas que pasan”, algo “normal” en este tipo de actividades.
Se presume que todo el complejo refinador de Paraguaná y en todas las actividades de la industria petrolera y petroquímica, trabaja gente seria, competente, que tuvo tiempo de prepararse después del genocidio laboral cometido entre 2002 y 2003. Más de veinte mil compatriotas de primera perdieron trabajo, prestaciones, viviendas ganando desolación e incertidumbre por razones estrictamente políticas. En PDVSA ha sucedido lo mismo que en el mundo militar y en las empresas básicas de Guayana. Se cambio la meritocracia por la lealtad perruna. Allí está una de las consecuencias más graves y dolorosas.
No se trata de su accidente, de un imprevisto. Se trata de un delito criminal, perfectamente previsible, que reclama responsabilidades concretas. Se lo debemos a los deudos y a la nación entera.
