La justicia penal de Aponte
La confesión de Eladio Aponte Aponte, como titulé mi último artículo (El Universal 25-4-12), no puede ser un episodio más, en camino del olvido, del acontecer venezolano.
Su declaración, cuya oportunidad y razones no conocemos a cabalidad, aunque sin duda se enmarcan en el ofrecimiento de protección, en sistema que yo no comparto ya que, en definitiva, se negocia la confesión con garantías de impunidad, en la cual quien investiga se coloca en el mismo plano del delincuente, pone el dedo en la llaga de la «justicia penal venezolana».
Son muchas las reflexiones y las interrogantes que impone el caso Aponte Aponte, quien se desempeñó como presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El reclutamiento de los jueces, la improvisación en su designación, la presión que se ejerce sobre ellos, la valentía de algunos, el lamentable espectáculo de magistrados togados que públicamente defienden la fidelidad a la revolución, el ejemplo de funcionarios judiciales que gritan consignas partidistas y, más grave aún, de quienes, aunque no lo confiesen, siguen las instrucciones impartidas por los operadores políticos, son algunos temas que impone el debate sobre la salud del Estado de Derecho.
Me cuesta mucho decirle a un cliente que no basta tener razón ni argumentos jurídicos cuando en un caso hay factores de poder concernidos que pueden torcer la ley para que esta tuerza a los hombres; me cuesta mucho hablar, en la cátedra, del derecho penal de garantías, cuando se desconoce lo más importante después de la vida, como es la libertad, la propiedad y el honor; me cuesta mucho hablar y preguntar sobre la obediencia reflexiva y la prohibición expresa de obedecer órdenes contrarias a la Constitución y a la ley, con la consiguiente responsabilidad de quien ordena y de quien cumple la orden y oír de un magistrado, en la cúspide del sistema judicial penal venezolano, que recibía y obedecía órdenes ilegales; y me cuesta mucho, como ciudadano, no poder darle esperanza alguna de justicia en Venezuela a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido ante la delincuencia, seguro como estoy de que el hecho quedará sin sanción alguna.
El caso Aponte Aponte no puede quedar en lo anecdótico; no puede despacharlo el Gobierno señalando ahora como peligroso delincuente a quien confiara la justicia penal en Venezuela; ni es suficiente que quienes adversan al régimen utilicen como arma contundente una prueba irrefutable de la corrupción del sistema.
Este caso, sencillamente, nos compromete dramáticamente con la urgencia de colocar en primer plano y como prioridad absoluta la exigencia de sentar las bases y propiciar, a costa de cualquier sacrificio, el funcionamiento transparente, autónomo e independiente de un verdadero Poder Judicial, que no sea apéndice del Poder Ejecutivo, sino verdadero poder y árbitro de los conflictos ciudadanos y garante de la correcta aplicación de la ley.
Y esta debe ser no solo una promesa electoral más, sino un formal compromiso de cambio del cual depende la verdadera existencia de un sistema democrático.
