Los magistrados cantarines
Cuando Walid Makled fue traído a Venezuela, luego de haberse logrado su extradición, se esperaba que cantara todo lo que sabe sobre el millonario negocio de la droga en el cual están involucradas figuras descollantes del régimen comenzando por el capo mayor. No se sabe de qué artilugio se valieron para silenciarlo o si él mismo prefirió callarse, consciente de que es uno de los principales protagonistas de la podredumbre que impera en las altas esferas del régimen y particularmente en el Alto Mando militar.
Las revelaciones sobre la mafia que opera en esos sectores han llegado por canales que nadie se esperaba. Los exmagistrados del Tribunal Supremo, testigos presenciales, partícipes y por lo tanto cómplices han revelado las interioridades de los actos de corrupción, de la manipulación de la justicia, de las actividades de tráfico de drogas y hasta de asesinatos a sangre fría en los cuales han estado involucrados funcionarios del Gobierno de muy alto nivel.
Mucho se ha hablado de la corrupción que existió durante los cuarenta años de democracia que precedieron a los catorce años de la dictadura de inspiración castrocomunista que el Führer ha tratado de implantar en nuestro país. Nadie niega que efectivamente en ese período ocurrieron numerosos actos de corrupción y que más de uno se enriqueció haciendo negocios turbios con el Estado.
Pero lo que presentíamos o eran solo rumores han quedado corroborados con las declaraciones de los magistrados Aponte Aponte y Velásquez Alvaray. Los corruptos de aquel entonces han quedado como «niños de pecho» comparados con los de ahora. Las sumas de dinero en juego se cuentan por millones de dólares y en algunos casos por miles de millones. También implica lujosas propiedades tanto en Venezuela como en el exterior. La droga que circula y se negocia con la complicidad de generales mafiosos se compara solo con los carteles del narcotráfico colombiano. Los asesinatos de elementos ligados directa o indirectamente con esas actividades delictivas siguen al pie de la letra los métodos y procedimientos de las mafias más crueles que abundan en otras latitudes pero que en Venezuela no ocurrían. A todo esto se suman los vínculos, el apoyo logístico, los aportes en dinero y armas y la facilitación de territorio venezolano como aliviadero a la guerrilla colombiana, en lo cual está comprobado que participan altos jefes militares y figuras claves del entorno del Führer.
Siempre se sospechó que en los asesinatos del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, del exgobernador Jesús Aguilarte y de los hermanos Fadoul estaban involucrados personajes del régimen. Las declaraciones de Velásquez Alvaray y de Aponte Aponte han confirmado lo que hasta ahora eran simple suposiciones.
No se trata de exculpar a los exmagistrados. Ellos mismos se prestaron y participaron sobre todo en la utilización de los órganos del sistema judicial con fines de persecución política. Los casos de los comisarios de la Policía Metropolitana, de los hermanos Guevara, de la jueza Afiuni, del general Francisco Usón, de los dirigentes de la oposición José Sánchez Mazuco y Biaggio Pirelli son ejemplos de la manipulación de los procedimientos judiciales y del empleo de la justicia con fines políticos a los cuales se prestaron los exmagistrados cumpliendo ordenes o instrucciones «superiores».
A pesar de la gravedad de los hechos denunciados por Aponte y Velásquez la justicia ha permanecido sorda. La Fiscal General ha llegado incluso al absurdo de declararse incompetente para abrir una averiguación porque esas denuncias no fueron hechas en Venezuela. Los involucrados denunciados se han dedicado a descalificar a los exmagistrados como una manera de protegerse ellos mismos.
Pero no está lejos el momento de la rendición de cuentas. Lo dicho por los exmagistrados deberá servir para que, una vez derrotado el régimen chavista el 7 de octubre, la justicia verdadera persiga y castigue ejemplarmente a todos esos personajes que han convertido a nuestro país en un sumidero de excrementos.
