Rodríguez Zapatero y Telefónica-Movistar en Venezuela
La dantesca ambición y quiebra de Venezuela.
Luego de un acuerdo judicial la empresa española Telefónica, matriz de la filial venezolana Movistar y agente de un emisor norteamericano, convino cancelar 85 millones de dólares de multa para cerrar un caso de soborno, donde a través de la influencia de funcionarios del gobierno venezolano participo en subastas gubernamentales realizadas por los distintos sistemas de administración de divisas creados por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, (CADIVI, SIMADI, DICOM y CENCOEX), organismos de los cuales el ex Ministro de Finanzas Jorge Giordani ha denunciado sirvieron de plataforma para el gigantesco robo de 300.000 mil millones de dólares del Estado Venezolano.
Telefónica en subastas intercambiaba bolívares venezolanos por dólares estadounidenses, ocultando pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios exageradamente abultados con proveedores que pagaban los sobornos en nombre de la empresa, depositando en cuentas bancarias en el sistema financiero de los Estados Unidos.
Sí bien es cierto, la participación de Telefónica-Movistar en la corrupción sembrada en lo más hondo del gobierno venezolano y sus instituciones es un hecho aborrecible, no es menos preocupante la alta exposición que ha significado para los dirigentes políticos, representantes de las ONG que defienden los derechos humanos y el pueblo en general, la disposición de esta empresa en facilitar las violaciones sistemáticas de todos los derechos en el país.
No parece sorprendente que las empresas españolas aparezcan involucradas en hechos de corrupción y facilitación del deterioro de los derechos humanos en Venezuela, tampoco sorprende que detrás de cada acción abominable aparezcan los poderosos hilos políticos del ex Presidente José Luis Rodriguez Zapatero y el Presidente actual de España Pedro Sánchez, quien además lidera el Partido Socialista Obrero de España (PSOE).
Tal parece que una designación clave en el entramado de relaciones políticas tejidas en España con repercusiones en Venezuela, sea el ciudadano Javier de Paz, una figura resonante en el Concejo de Administración de Telefónica, quien habría escalado posiciones notorias en la sociedad española y en el mundo empresarial, de la mano de Rodriguez Zapatero desde el año 2.007, y en la actualidad representa un papel determinante en los vínculos políticos empresariales que han construido alrededor de Pedro Sánchez, con quien Javier de Paz posee una amplia e intima vinculación a la mirada de toda España.
El espionaje y sus consecuencias.
Se cree que en la actualidad la empresa Telefónica-Movistar ha facilitado el espionaje de un poco más de 2.5 millones de clientes por parte del aparato represivo del gobierno venezolano, con la aplicación de un programa de vigilancia masiva, que utiliza intercepciones de la comunicación privada de los usuarios, es importante destacar que esta práctica a pesar de ser aplicada por la empresa a petición de organismos del Estado, esta fuera del marco legal que rige esta materia en Venezuela.
La propia empresa Telefónica, en su Informe de Transparencia-Comunicacional del año 2.020-2.021, destacaba que el gobierno venezolano había tenido acceso al menos a las comunicaciones de 1.5 millones de usuarios, indicando que Movistar Venezuela no recibió solicitudes de intercepción o recolección de metadatos a través de órdenes judiciales como lo establece la ley venezolana, todas las solicitudes fueron directamente emanadas de de la Policía, el Ejército, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General Contra Inteligencia Militar (DIGECIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), y en muchos casos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
De manera que intervienen llamadas, vigilan mensajes SMS, comparten la ubicaciones de las personas, vigilan el tráfico de internet, acceden a los metadatos de comunicación que es la información sobre la comunicación más allá de su contenido, lo hacen para verificar a quién llama un usuario, la ubicación y duración de la llamada, la información de enrutamiento o los datos personales, dejando claro el nivel de vigilancia del gobierno la persecución la intimidación, y la capacidad de detenciones arbitrarias.
No obstante a los efectos de exponer la gravedad de los excesos policiales en Venezuela, se debe conocer el marco legal que inobservan los funcionarios y la empresa Telefónica, toda intervención de comunicaciones debe estar autorizada judicialmente, con las respectivas excepciones en casos delitos flagrantes y emergencias, en los cuales los organismos de investigación pueden solicitar directamente la intervención de las comunicaciones, sin embargo tienen la responsabilidad de notificar al fiscal y la validación debe constar en el archivo de investigación, el marco legal para intervenir en la comunicación privada está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, artículos 205 y 206, que establecen:
“Artículo 205. Podrá disponerse igualmente, conforme a la ley, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier otro medio, cuyo contenido se transcribirá y agregará a las actuaciones. Se conservarán las fuentes originales de grabación, asegurando su inalterabilidad y su posterior identificación.”
Artículo 206. En los casos señalados en el artículo anterior, el Ministerio Público, solicitará razonadamente al Juez o Jueza de Control del lugar donde se realizará la intervención, la correspondiente autorización con expreso señalamiento del delito que se investiga, el tiempo de duración, que no excederá de treinta días, los medios técnicos a ser empleados y el sitio o lugar desde donde se efectuará.
En el caso de las intercepciones de metadatos, las solicitudes deben pasar por la Providencia administrativa N° 171 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), mediante la cual se dictan las Normas relativas a la recopilación o captación de datos personales de los solicitantes de los servicios de telefonía móvil y telefonía fija, a través de redes inalámbricas o números no geográficos con servicios de voz nómada, y también se debe considerar el artículo 29 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.
Queda muy claro, que en Venezuela existe una vigilancia y persecución brutal contra la oposición política y los ciudadanos en general, no existe una sola área que no esté controlada por el régimen, todo posee una motivación política que sobrepasa los límites y se encuentra además signado por las alianzas establecidas con trasnacionales de la mano de poderosos operadores políticos como él ex presidente José Luis Rodriguez Zapatero, quien actúa consecuentemente para perpetuar a Nicolás Maduro en el poder, a pesar de las tantas denuncias que abundan en materia de violación de derechos humanos del pueblo venezolano.
@jufraga12
