Más de 65 mil hectáreas afectadas por la minería ilegal en la Amazonía venezolana
La minería ilegal a cielo abierto ha afectado un total de 65.985 hectáreas en la región amazónica de Venezuela -en los estados Amazonas y Bolívar, según estimaciones de la organización no gubernamental SOS Orinoco recogidas en un informe difundido este martes.
La ONG aseguró que, en esta zona sureña del país caribeño, la deforestación y su aceleración está «directamente relacionada con la expansión en la actividad minera ilegal«, señalada como una de las principales causas de la pérdida de vegetación al sur del Orinoco, el río más grande de Venezuela y de los más caudalosos del mundo.
Asimismo, denunció que la minería causa «la fragmentación e incluso pérdida de hábitats completos» y «el desplazamiento de la fauna«, lo que -señaló- ha sido percibido por un «aumento en las distancias y tiempos de caza» por parte de indígenas en las áreas cercanas a las minas.
Por otra parte, el informe ‘Minería ilegal de oro: impactos sobre los derechos humanos y la biodiversidad en la Amazonía’ -elaborado junto con cinco organizaciones de países amazónicos- afirma que «prácticamente todos los pueblos indígenas» en la Amazonía venezolana han sido afectados por la minería ilegal.
En este sentido, advierte que la «invasión de mineros y grupos armados vulnera derechos territoriales indígenas, de por sí frágiles por la falta de demarcación y protección por parte del Estado», por lo que, en algunas zonas, los habitantes de estas comunidades «se han visto obligados a conformar grupos de autodefensa o guardias territoriales».
Indica que, desde 2017, varios municipios del estado Bolívar (fronterizo con Brasil) han registrado «tasas extremadamente elevadas de muertes violentas, asociadas al incremento de la actividad minera».
Las organizaciones llaman a implementar medidas para prevenir la minería ilegal y actividades asociadas que produzcan daños ambientales significativos y que pongan en riesgo la vida, la salud e integridad de las personas, pueblos indígenas y comunidades locales.
Además, piden a los organismos internacionales hacer un llamado a los Gobiernos de la región, entre ellos el venezolano, a implementar políticas públicas y de seguridad con «una perspectiva de derechos humanos, para fiscalizar, sancionar y erradicar la minería ilegal».
