Militares presos empezaron una huelga de hambre ante amenazas en la cárcel
Los familiares de los militares detenidos piden a las autoridades del penal que escuchen a los privados de libertad y eviten una confrontación entre los internos
Un total de 27 militares de Venezuela, que están detenidos en una cárcel del estado Miranda, empezaron el lunes una huelga de hambre para protestar ante amenazas que, supuestamente, han recibido en el penal por parte de otros reclusos, según información difundida este martes por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En una nota de prensa, la ONG indicó que los militares iniciaron la huelga el lunes, en horas de la mañana, en el interior del Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, con el objetivo de «exigir una reunión con el director de dicho recinto».
«La protesta es una señal de auxilio porque sienten que corren peligro, debido a que han recibido amenazas de secuestro por parte de los presos sociales (no militares)», reseñó el OVP, que citó declaraciones de familiares de los internos.
El escrito explica que en este penal hay 87 personas privadas de libertad, entre ellos ocho policías y 52 «presos comunes» que llegaron hace un año, procedentes de otras dos cárceles que fueron desalojadas por el Gobierno y de un traslado que hicieron desde el estado Barinas.
«Al no recibir asistencia ni tratamiento médico, a pesar de haber protagonizado varias protestas, los presos sociales presuntamente amenazan con arremeter contra los militares y funcionarios policiales si no reciben respuestas inmediatas», señala la nota de prensa.
Por ello, los familiares de los militares detenidos piden a las autoridades del penal «que escuchen a los privados de libertad y eviten una confrontación entre los internos, así como también que tome las medidas necesarias para restablecer las condiciones de infraestructura de reclusión y termine con la constante violación de derechos humanos de la que son víctimas».
«Desde el OVP, hacemos un llamado al Ministerio Público (Fiscalía) y a la Defensoría del Pueblo para que insten al Ministerio de la Defensa, que está a cargo de esta prisión, para que restablezca los derechos humanos que tienen todas las personas privadas de libertad», concluye el texto.
Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre esta situación.
