Familiares de detenidos tras elecciones protestan para exigir su liberación

Los familiares de un grupo de detenidos en las manifestaciones contra la controvertida reelección de Nicolás Maduro, protestaron a las afueras de Tocuyito, una cárcel en el estado Carabobo, para exigir su liberación, informó este jueves la ONG Una Ventana a la Libertad.

A través de una nota de prensa, los familiares denunciaron que los detenidos reciben comida dañada y que llevan cuatro días sin poder tomar agua.

Asimismo, manifestaron que los detenidos no cuentan con productos de higiene personal y -agregaron- las autoridades no permiten que los familiares se los entreguen en el horario de visita.

La ONG indicó que a estos presos se les viola el debido proceso porque no se les permite designar abogados «de confianza» y -dijo- «ponen a defensores públicos que no muestran las pruebas y documentos entregados por los familiares».

El pasado 11 de octubre, la ONG Provea informó que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio son presionadas y amenazadas para que «admitan delitos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) les ha imputado sin pruebas» y «sin garantías» al «debido proceso», según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados.

A través de X, la ONG informó que los familiares denunciaron que «agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal», incluso -agregó la ONG- mediante «el sometimiento a torturas y tratos crueles», que incluyen «golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas».

«Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos», señaló entonces Provea, sin precisar si recibió algún tipo de prueba, además de los testimonios de familiares, para sustentar la afirmación.

Tras las presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas, según el Ejecutivo, en un contexto de protestas contra el resultado oficial, considerado «fraudulento» por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios.