Familia de Perkins Rocha exige su libertad tras un mes preso
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, así como ONG y dirigentes opositores, exigieron también la libertad del asesor legal de la PUD
La familia del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este viernes la «inmediata» liberación del jurista, detenido hace un mes.
Su esposa, María Costanza Cipriani, denunció que, desde el «secuestro» de Rocha, el 27 de agosto, ella y el abogado de Rocha no han tenido «acceso ni a él ni a su expediente».
«Solicitamos su inmediata libertad porque exigir que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio no es un delito. Resiste, Perkins, no nos derrumbamos», expresó Cipriani en un video que publicó en X.
En ese sentido, Santiago Rocha, hijo del detenido, aseguró que «hasta el día de hoy» no han «podido tener ningún tipo de contacto directo con él«, por lo que exigió al Estado venezolano que permita el acceso a su padre, a quien considera «víctima de una detención arbitraria«.
«Continúa, al día de hoy, aislado de su familia y abogado, violando sus DD.HH.«, dijo el joven en la misma red social, donde también exigió su «inmediata» liberación.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, así como ONG y dirigentes opositores, exigieron también la libertad del asesor legal de la PUD y de «todos los presos políticos«.
El pasado 29 de agosto, Cipriani aseguró que su esposo, uno de los principales colaboradores de Machado y del líder opositor Edmundo González Urrutia, fue acusado de cinco delitos -«terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio«- en «una audiencia con asistencia de defensor público«, y denunció que le negaron «su derecho a la defensa privada«.
Desde la detención, la PUD ha exigido la liberación de su asesor legal, así como el cese de la persecución que -alerta- se ha agudizado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente comicial, y avalado por el Supremo, un resultado señalado como «fraudulento» por la PUD, que defiende la «victoria» que -asegura- obtuvo González Urrutia, hoy exiliado en España.
