Institucionalidad y corrupción
La tentación de meter las manos en las arcas del Estado para beneficio propio es un elemento común a todo sistema de Gobierno, que viene atado al sistema de valores y a los mecanismos que permitan que el corrupto tenga éxito en su fechoría.
Las instituciones de la democracia prevén elementos para intentar prevenir y sancionar estos delitos. En el caso venezolano, nuestra Constitución asigna a la Contraloría General de la República el rol de velar por el uso de los recursos públicos con criterios de transparencia, mientras cada institución cuenta con sus propios mecanismos de control.
También hay un marco legal sancionatorio y un sistema judicial compuesto por fiscales, jueces e investigadores especializados, que deberían perseguir y sancionar a estos delincuentes.
Cuando las instituciones son débiles, y sus investigadores y magistrados no actúan porque esperan la orden del comisario político, se genera un ambiente en el que nadie se atreve a actuar. En este marco, sólo son sancionados los delitos de poca monta, porque quienes tienen la responsabilidad de sancionar, sienten temor de ser castigados si afectan a uno de los “intocables”. La recuperación de la institucionalidad debe obrar para detener la sangría de los recursos estatales.
