La revolución en Venezuela

Simón Alberto Consalvi

Las ironías de la historia son tan innumerables, que se han escrito unos cuantos volúmenes para glosarlas y ponerlas como espejo de las contradicciones de los tiempos. Entre esas ironías ha figurado (en diversas épocas) la de los hombres o movimientos políticos que actúan a destiempo: revolucionarios, por ejemplo, cuando la palabra revolución reposa en el diccionario de los términos prohibidos. Eso sucede ahora desde la Gran Muralla hasta los remotos confines de las praderas siberianas. No importa que se le rinda algún tributo a Mao Zedong: se veneran sus poesías y sus metáforas, mientras discretamente se desdibujan sus ideas políticas o económicas, sin que nadie niegue que la República Popular de China se construyó a partir de la Gran Marcha, y ese es su legado.

No obstante esta impertinente tendencia de la historia, ¿podemos los venezolanos ser revolucionarios, sin pretender cambiar el mundo, desde luego, pero acometiendo cambios sustanciales en nuestros procederes y conductas? Si pensamos que todas nuestras revoluciones han quedado inconclusas, quizás podríamos asumirlo como la continuidad de cualquiera de ellas. Quienes hayan leído las Memorias de Pedro Núñez de Cáceres, editadas en los buenos tiempos de Funres, bajo la dirección de Ramón J. Velásquez, comprenderán cómo las revoluciones se han quedado en la mitad del camino porque el contagio de lo que quisieron cambiar o transformar las conjuró.

El implacable Núñez de Cáceres describió sin piedad los vicios del país en la década de los años 1852-1863, justamente en los tiempos que precedieron a la Revolución Federal. Todo hacía suponer que a partir de entonces la sociedad sería distinta, los procedimientos, pulcros, y los hombres, austeros. No ocurrió así. La autocracia comprobó que era la negación de todo espíritu revolucionario. Leer a Pedro Núñez de Cáceres da grima. También da grima leer un brevísimo libro titulado El Presidente, de Rafael Fernando Seijas, escrito al final del siglo, sobre una Venezuela que, con todos los golpes de Estado y todas las revoluciones, seguía siendo la misma en sus vicios y costumbres. ¿Por qué ocurrió esto? La respuesta tal vez sea ingenua: nunca hubo transparencia. Ni en el siglo XIX ni en el siglo que ahora expira. ¿Podrá haberla de ahora en adelante? Para un país como Venezuela, la transparencia sería la gran revolución del siglo XXI.

Si algún denominador común puede aplicarse a la sociedad venezolana, y en particular a la administración pública, es el secretismo. Todo es confidencial, todo es secreto en el Estado venezolano. La administración de los países civilizados se distingue por la transparencia. En Estados Unidos, en Europa, incluso en algunos países de América Latina, la transparencia es el gran antídoto contra la corrupción y contra el uso inapropiado de los recursos del Estado, que, en gran medida, no son otra cosa que los recursos de la propia sociedad.

No habrá reforma política válida y duradera que no asuma con claridad y con rigor la apertura absoluta de la información pública: el Estado está obligado a ser veraz. La falta de transparencia es un signo de complicidad en sí mismo. Todo se fue convirtiendo en "secreto de Estado". Lo que gana un general o un sargento en Estados Unidos, o cualquier funcionario del Estado, elegido o no, es del dominio público. Las armas que compran los Estados europeos son del dominio público. Lo que cuestan las obras y a quiénes se les contratan, son del dominio público en todos los países que no tienen la tradición autocrática de Venezuela. Esta es, simplemente, una herencia de las autocracias que la democracia adaptó, apadrinó y disfrutó, pero no puede prolongarse, si se aspira a ser diferentes.

En la era de la informática no puede haber excusas en materia de transparencia. Todo debe ser del dominio público, desde la adquisición de armas hasta las contrataciones de todos los entes del Estado, centrales o descentralizados; desde las alcaldías hasta la presidencia de la República, pasando, desde luego, por Petroleos de Venezuela, el SENIAT, el Ministerio de la Defensa, el Congreso. La modernización de la Contraloría General de la República tiene una prioridad: imponer la transparencia, y señalar el rumbo. No puede haber disciplina en el gasto público si no hay transparencia. Todos los entes estatales deben abrir la información, de modo permanente y no como una "concesión" circunstancial. La informática le ha cantado el réquiem al secretismo.

Quienes no opten resueltamente por la transparencia, sin excusas, abogarán por los vicios del pasado, a sabiendas o no, conscientemente o no. Es sintomático que en las campañas ningún candidato presidencial, ni gobernador de estado, ni alcalde, ni partido (o movimiento) político alguno, le haya prometido a sus electores una discreta página Web donde se les informe del movimiento y destino de sus recursos. La transparencia debería tener rango constitucional, si consideramos que sólo aquello que se inscriba en la Carta Magna puede ser capaz de cambiar nuestras costumbres y nuestros procedimientos.

No están los tiempos para grandes revoluciones. Pero se puede optar por el espíritu revolucionario, una de cuyas premisas es la transparencia. Si las reformas que se proponen tienen como finalidad redefinir la estructura del Estado para hacerlo más contemporáneo, menos intervencionista, menos monopolizador de controles, y hacer de la Constitución del año 2000 un instrumento de efectiva aplicabilidad jurídica, en la cual se profundicen los principios de participación ciudadana, de respeto a las libertades políticas y económicas, y de responsabilidad pública, la transparencia debe ser el principio y razón de todos los cambios.

El Nacional, 18 de octubre, 1999