El Estado productor y regulador (II)

D.F. Maza Zavala

Este artículo es la continuación del publicado el 21 de julio pasado sobre las ideas expuestas por mí en el III Encuentro Internacional de Economía (Revista del BCV), en torno al tema Economía y Derecho Constitucional. Sostuve que todo Estado contemporáneo, sea de un país desarrollado o de uno que procura desarrollarse, es necesariamente productor de bienes y servicios y regulador de la actividad económica; sin embargo, establecí la diferencia entre Estado productor y Estado empresario: el primero produce bienes macroeconómicos no mercantiles, que constituyen economías externas para el sector empresarial y facilidades de bienestar para la sociedad en general; produce, además, servicios administrativos, públicos y sociales, algunos de los cuales pueden ser prestados a título oneroso, sujetos a tarifas y tasas. Cuando el Estado lo considera necesario o conveniente crea empresas productoras de bienes o servicios que son mercantilizados; o, también, entra en posesión de empresas previamente establecidas. En el caso venezolano actual, el Estado es productor y regulador, y también empresario según la diferenciación anterior, posee, controla y administra -a través de entes empresariales- unidades de producción microeconómica, partícipes de la economía de mercado (petróleo, gas y sus derivados, minería, metalurgia, electrificación, transporte, finanzas y otras).

El Estado venezolano controla y administra -a través de Pdvsa- la actividad petrolera, petroquímica, gasífera y carbonífera que se realiza en el país; orienta y regula estas actividades mediante políticas conducidas por el Ministerio de Energía y Minas; obtiene de tales fuentes de producción y comercio ingresos considerables que representan una proporción sustancial del presupuesto público nacional; esos ingresos toman primariamente la forma de divisas que Pdvsa convierte a bolívares en el Banco Central; tales divisas constituyen la proporción determinante del ingreso de divisas al país y, por tanto, tienen gran influencia en las transacciones corrientes internacionales de Venezuela, en el mercado cambiario, en la determinación del tipo de cambio, en la formación de reservas monetarias del instituto emisor, entre otras variables claves de nuestra economía. Pdvsa, además, efectúa gastos de operación y de inversión en el país, compra y vende bienes y servicios en el mercado interno y, por tanto, influye notablemente en la actividad económica, en los flujos monetarios y financieros y otras variables significativas. En gran medida los flujos, impulsos y contingencias que derivan de la actividad petrolera y las conexas afectan sustancialmente a la coyuntura económica y al crecimiento. Pretender, por tanto, que el Estado venezolano no intervenga ni participe en la economía es estar fuera de la realidad.

El gasto público, de un modo u otro, es un factor fundamental en la dinámica monetaria, financiera, económica y social del país. Parte sustancial de ese gasto, como dije, es financiada con ingresos que no proceden del contribuyente interno y que, por el contrario, se agregan cuantiosamente a la corriente interna de ingresos y gastos, estimulando, directa e indirectamente, la demanda efectiva global y, por ende, a la producción. No hay forma de excluir al Estado del proceso económico nacional. Cuando la vertiente petrolera -y, por tanto, la fiscal- se reduce, como ha ocurrido entre 1998 y este año, toda la pirámide económica se debilita, se contrae; el mejoramiento parcial de los precios del petróleo -aún sin aumento de la producción- ha generado expectativas de recuperación: es paradójico, pero, al mismo tiempo que se reclama al Gobierno acción económica, se exige el reajuste del gasto público, aunque este reajuste incida desfavorablemente en la ya profunda recesión económica.

Desde otro punto de vista, es responsabilidad del Estado, ineludible, crear y sostener condiciones para la estabilidad económica. Ello exige políticas públicas estratégicas y coordinadas: la fiscal, la monetaria, la cambiaria, la financiera, la comercial, por no referirme a la de empleo y promoción directa de actividades económicas reales. Esas políticas inciden sensiblemente en las decisiones de economía privada, en las expectativas, en el comportamiento de los sujetos económicos, en el clima que se denomina de confianza en los negocios. Esas políticas no pueden ser neutrales ante el proceso económico. El que se les califique de intervención o de regulación es simplemente semántico: el Estado actúa, orienta, establece marcos regulatorios, afecta a los flujos monetarios, financieros, cambiarios, reales; si no lo hiciera se le acusaría de negligencia, de grave omisión, de irresponsabilidad; si lo hace mal -en el criterio de algunos- se le culpa de la crisis, como la del sistema bancario en 1994. Si deja de actuar también se le culpa.

El sector privado y la llamada sociedad civil reclaman espacios determinantes de gestión, proclaman la preeminencia de la iniciativa particular, la excelencia del mercado en el proceso económico y la oportunidad de acción social, sin la sombra del Estado. Es deseable, por supuesto, el desarrollo de esos espacios, de esas iniciativas y gestiones, en los más elevados rangos de la eficacia. Sin embargo -valga la referencia crucial a la crisis actual- todos esperan que el Gobierno tome medidas, iniciativas, promueva actividades, invierta recursos, para la reactivación económica y el alivio del malestar social. Los inversionistas -venezolanos y extranjeros- exigen un programa económico, hasta los límites de una planificación. Nadie razonablemente admite una gestión pública inorgánica, anárquica, casuística, contradictoria; no es posible omitir un mínimo de planificación y de programación del Estado. Lo que está planteado es una cooperación entre el Estado y los sectores económicos privados, los trabajadores, la sociedad como un todo. Para evitar los controles -y aún las malas regulaciones- sería conveniente el entendimiento, el consenso, el acuerdo multipartito, la presencia integral de la nación. Pero lo que se observa es la actitud pasiva, expectante, casi de parálisis, de los sectores mencionados.

El Nacional On Line, 4 de agosto de 1999