Caracas, Sábado, 19 de abril de 2014

Sección: Sociedad

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La reforma del Código Penal y del COPP por vía de la Ley Habilitante viola derechos humanos

Fernando M. Fernández

Lunes, 18 de junio de 2012

El escabino es el Juez Natural por esencia. Se la llama en otros países juez ciudadano jurado, idóneo o lego. Su función es garantizar la objetividad en la fijación y análisis de los hechos







   Foto: Google

La reforma del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal (“COPP”)  hecha por Decreto y sin consulta viola derechos humanos: se elimina la participación ciudadana de los jueces naturales (escabinos), con lo cual se cercena una de los temas centrales de la Constitución de 1999. Lo peor es que se sustituye el escabinado por el sistema comunal cubano, ya desaparecido en lo que fue la URSS, pero aun vigente en China.

El escabino es el Juez Natural por esencia. Se la llama en otros países juez ciudadano jurado, idóneo o lego. Su función es garantizar la objetividad en la fijación y análisis de los hechos. El Derecho y las leyes las interpretará el Juez profesional, letrado o legal. Por eso el complemento entre ambos es el correcto. El escabino no puede tener prejuicios o intereses políticos, religiosos, profesionales o morales en contra o a favor de imputados o de víctimas. Debe ser imparcial. Es un grave error eliminar al escabinado. Quienes más pierden son el imputado, la víctima y la sociedad en su conjunto.

La administración de justicia, especialmente la penal, no puede ser hecha por decreto. Requiere consulta a la ciudadanía, debate entre expertos e interesados para procurar las mejores soluciones a los problemas que se quieren resolver. Con esta reforma el ciudadano pierde el derecho a participar y se elimina la contraloría social de la elaboración de los Códigos y de la administración de justicia en casos penales.

Además, dicha reforma no procede por falta de objeto y carencia de justificación: la Ley Habilitante (“LH”) fue concebida para resolver el problema social y humanitario derivado de las lluvias del año 2010 y no para resolver problemas como el retardo procesal, la criminalidad o el drama del hacinamiento penitenciario, etc. En tal sentido no existe relación lógica, factual ni jurídica que vincule el alcance del mandato expresado por la Asamblea Nacional con otros objetivos diferentes.

La vía de hacer uso de la LH no es legítima por invadir atribuciones exclusivas y excluyentes del órgano legislativo. Todos los asuntos que impliquen reformas a la administración de justicia, los procesos penales, los delitos y sus penas son de competencia del Poder Legislativo, jamás del Poder Ejecutivo.  Así las cosas, esta falta de legitimidad sería un elemento de peso para considerar como una extralimitación o usurpación de funciones. Más aun si se desvía del objetivo constitucionalmente establecido.

Adicionalmente, el principio de estricta legalidad penal exige que el órgano legislativo sea el único facultado para codificar, es decir, reunir de forma sistemática las normas especiales que rigen la materia jurídico penal. Se trata de un monopolio exclusivo y excluyente de carácter indiscutible en la era moderna y en cualquier democracia.

La Constitución venezolana, considerada una de las más avanzadas del mundo, se basa en el esquema democrático de separación y autonomía de poderes. El Estado de Derecho y de Justicia, denominación constitucional de todo lo relacionado con el sistema de administración de justicia, los procesos y el funcionamiento del Poder Judicial  reclama que no haya interferencias externas de forma alguna, salvo la legislación que le regula, por eso la iniciativa de las leyes que le conciernen debe provenir de su seno y el órgano que debe aprobarla es el Legislativo.

Si lo que se quiere es reformar leyes para resolver los graves problemas del sub-sistema de justicia penal, empeorados y multiplicados por las malas reformas ¿por qué no se revierten las últimas reformas que causaron el problema? ¿Por qué no convocaron a los expertos? ¿Por qué nadie sabe quienes redactaron estos proyectos? ¿Por qué se desconocen los proyectos? ¿Dónde se hicieron los proyectos? Es imperativo que alguien responda.

El Código Penal y el COPP no son leyes cualesquiera. Son las más importantes en jerarquía luego de la Constitución. Deben desarrollarla mediante la tutela de los bienes jurídicos constitucionales, en concordancia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de Derecho Penal Internacional y de Derecho Humanitario, además de sus protocolos, declaraciones de principios y otros instrumentos. Debe recordarse que la Constitución de 1999, bajo el imperio del mandato del Poder Constituyente Originario, estableció que los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República son parte inherente de la Constitución.  Mal puede hacerse una reforma apresurada y fuera de lugar, sin los estudios necesarios para cumplir con esta función y sin que se activen las ramas del Poder Público apropiadas: el Legislativo que aprueba Códigos y leyes y el Judicial que propone las materias que le conciernen y regulan.

A diferencia de una Constitución, el Código Penal y el COPP limitan las libertades humanas en aras del bien común. Por eso requiere del consenso de la sociedad y no puede arrogarse esa representación el Poder Ejecutivo, cuya función no es legislar ni, menos aún, codificar en esos delicados temas.

El debate de un nuevo Código Penal y de posibles reformas procesales debería ser amplio, profundo y consensuado. La sociedad entera y sus representantes están llamados a participar e intervenir en la discusión de cada uno de los artículos del Código Penal y del COPP. También debe convocarse a los mejores, los más calificados y más sabios expertos, quienes pueden ser orientadores en caso de las nuevas tendencias en la materia, tanto del Derecho Penal Comparado, la doctrina, la jurisprudencia y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de Derecho Penal Internacional y de Derecho Humanitario.

Las reformas penales no pueden seguirse haciendo de forma anónima, sin rostro, sin identidad, sin legitimidad ni autor conocido. No se puede codificar ni legislar por Decreto en materia penal ni procesal. Hay que producir leyes formales y seriamente discutidas en el organismo parlamentario.  Más aún si se trata de los Códigos fundamentales que tutelan derechos humanos.

Los proyectos de reforma del Código Penal que se conocen hasta ahora repiten la tendencia de la legislación penal del “enemigo” que hay en varias leyes de los últimos tiempos, con supresión de derechos humanos y penas draconianas (Derecho Penal Máximo). Esa tendencia es evidente en las reformas del año 2000 y la del 2005, especialmente esta última que prohibió el otorgamiento de “beneficios procesales” a los sospechosos de cometer diversos delitos,  cuyos resultados se ven en el empeoramiento de la inseguridad ciudadana, personal y de los bienes.

Otro ejemplo del “derecho penal del enemigo”  es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (“LOCDOFT”) que consagra la inmunidad e irresponsabilidad penal, civil y administrativa del Estado y de sus empresas en hechos que se consideran delitos gravísimos si los cometiere una persona jurídica privada. Tampoco se consagra el desmantelamiento de las bandas criminales locales, con lo cual el Estado carece de la herramienta legal básica para atacar a las bandas, mafias y pandillas locales. Así las cosas, se discrimina al sector privado y se crea un nicho ideal para la corrupción y el crimen organizado dentro del Estado y sus empresas, quienes pueden hacer a su antojo lo que les plazca sin consecuencias penales, administrativas o civiles para el sector público. Todo ello en abierta discriminación y detrimento de las víctimas.

Algo parecido es lo que ocurre con las últimas reformas del COPP hechas para “adecuarlo a la Constitución”, con lo cual se limitó la libertad personal al mínimo y se aumentaron los márgenes de detención preventiva de 2 años prorrogables sin juicio, cuya consecuencia ha sido el descomunal hacinamiento carcelario con una mayoría de  “presos sin condena” en grado y número nunca vistos antes en la historia de la cárcel venezolana. Recordemos que el odioso sistema inquisitivo desarrollado, y mal aplicado, del Código de Enjuiciamiento Criminal preveía 8 días prorrogables a 8 días más, lo cual se podía convertir en años si se confirmaba la detención para investigar al “procesado” detenido. Ahora será peor. Ello demuestra que las reformas procesales y penales sin un estudio serio y profundo solo logran aumentar los problemas existentes.

Eliminar el escabinado es uno de los peores errores del proyecto de COPP aprobado en el Consejo de Ministros. Las razones para hacerlo son espurias y sin fundamento: culpan a los escabinos de todos los problemas causados por los operadores de justicia y las instituciones encargadas de hacer que funcione bien el sistema de justicia. En lugar de mejorarlo y darle recursos al escabinado, se le suprime sin contemplaciones. Pobres justiciables que pierden a su Juez natural.

En la historia reciente de la humanidad se han producido calamidades y los peores crímenes de todo tipo por obviar estas sencillas y básicas premisas. Toca a la Asamblea Nacional revertir esta reforma inconstitucional y violatoria de derechos humanos.

Profesor Invitado por diversas universidades nacionales e internacionales de Derecho Penal Internacional, Jurisprudencia, Criminología y Derechos Humanos.

Ex Asesor de la COPRE para la reforma judicial.

Ex Asesor del Congreso de la República para el Código Penal, el COPP y demás leyes penales.

Ex Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente para el Sistema de Justicia y los Derechos Humanos.

Ex Asesor de la Asamblea Nacional para las reformas del COPP, Código Penal y Código Orgánico de Justicia Militar.

Autor de 8 libros y coautor de más de 40 sobre temas penales, procesales y de derechos humanos.

ffernandez535@gmail.com

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