Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Sociedad

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Soporte jurídico internacional y constitucional de la Democracia Electoral

Nilson Guerra Zambrano

Sábado, 4 de mayo de 2013







   Foto: Google

Las angustiosas situaciones vividas por las dos conflagraciones mundiales, con secuelas de tragedia y dolor, llevaron a la creación (26.06.1945) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como proyecto universal de solidaridad, paz y tolerancia.

Las discusiones condujeron a la aprobación de una Carta Fundacional en la que se asienta el compromiso y obligación, a la vez, de respetar la libre autodeterminación de los pueblos (entiéndase naciones), el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que se plasma en el Artículo Uno.

Tres principios fundamentales, no solo para ser respetados entre los países signatarios sino también a lo interior de cada nación, con lo cual todos los ciudadanos son objeto de protección a los fines de que decidan libremente sus asuntos, que no se les violen los derechos humanos y que todas las libertades fundamentales sean una realidad vigente y permanente.

Antes de cumplirse el tercer aniversario de la ONU, el 30 de Abril de 1948, se creó la Organización de los Estados Americanos, como un organismo regional dentro del órgano mundial, proclamando que su misión histórica es:

“…ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”.

Y como para que no queden dudas sobre libertad, desarrollo y aspiraciones, el documento de creación señala claramente:

“La democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”.

El artículo 2 de la carta de la OEA establece como uno de los objetivos:

“Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.

No se deja duda sobre el acuerdo unánime de que la democracia es el sistema de gobierno continental, lo cual nos lleva directamente a pensar en el modo de ejercerlo, dentro de sus muchas variantes, mediante el ejercicio electoral permanente, asunto que se viene a ratificar, meses más tarde, el diez de diciembre de 1948, al proclamarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El artículo 21 reza:

1.-) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2.-) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Consecuente con lo anterior, se aprobó el 15 de diciembre de 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Promulgada el 29 del mismo mes y año) “…para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural….”

En ella se asientan los valores del Estado, los derechos irrenunciables, los fines y los principios, destacando la autodeterminación, la libertad, los derechos humanos, la democracia y el ejercicio de la voluntad popular, entre otros veintiún enunciados.

En lo atinente a la función eleccionaria, la carta magna crea el Poder Electoral como una rama autónoma dentro de la organización nacional, ampliando su incumbencia a las elecciones de sindicatos y gremios.

De esa manera, los asuntos electorales pasaron a tener una mayor jerarquía institucional, con su órgano ejecutor o director investido de las prerrogativas de un Poder Autónomo.

La misma Constitución, en referencia a los derechos culturales y educativos, señala que los medios de comunicación deben contribuir a la formación ciudadana, dentro de la cual un aspecto esencial es el referido al tema eleccionario.

Quince meses luego de promulgada la nueva carta magna venezolana, el 22 de abril de 2001 los Jefes de Estado y de Gobierno de América, reunidos en Quebec, acordaron una Cláusula Democrática para marginar a cualquier país donde haya alteración del orden institucional, lo que sirvió para que el once de septiembre del mismo año se aprobada en Lima, en un período extraordinario se de sesiones de la OEA la Carta Democrática Interamericana.

Este documento asienta que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, por ser esencial para el desarrollo social, político y económico.

Se precisa que uno de los elementos esenciales es la celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal, directo y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.

La Unión Interparlamentaria Mundial, reunida en El Cairo en septiembre de 1997, adoptó la Declaración Universal sobre la Democracia para sostener que se trata de un ideal reconocido y a la vez un objetivo basado en valores comunes compartidos por los pueblos de la comunidad mundial.

El texto ubica a la democracia por encima de las diferencias culturales, políticas, sociales y económicas

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