Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

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Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas

La crisis carcelaria en Venezuela violación de los derechos a la vida, la seguridad y la salud

José Félix Oletta L/ Ana C. Carvajal

Martes, 28 de junio de 2011

“No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el dispensado a los más marginados: sus presos”                                                    Nelson Mandela.







   Foto: Google

La crisis carcelaria sufrida por Venezuela en la última semana fue advertida con suficiente anticipación  por las ONG de derechos humanos y los medios de comunicación en documentos y testimonios muy bien fundamentados.

El Diario El Nacional, de Caracas el 11 de febrero de 2011,  tituló: ¨Hacinamiento en las cárceles aumentó a 151 %¨. Por su parte, la Agencia EFE, el 29 de mayo destacó la noticia así:  Es una bomba, ¨las prisiones venezolanas fuera de control¨.

De nada valieron estas serias advertencias para impedir la tragedia carcelaria que estamos viviendo, si bien pusieron una vez más en evidencia las condiciones inhumanas existentes en las cárceles venezolanas, que no garantizan ni la salud ni la vida de las personas privadas de libertad.

 

El sistema penitenciario (SP) de nuestro país, debería respetar la presunción de inocencia y el estado de libertad como sus premisas principales, dejando atrás las penas dictadas por los jueces y el verdadero proceso judicial que debe llevarse a cabo con cada criminal.

 

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula: “El estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna con respecto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización (…) El estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.”

 

El Estado tiene la responsabilidad directa de garantizar la seguridad, la vida y la salud de las personas privadas de libertad mediante su SP.

 

Sin embargo, las alarmantes cifras que ha presentado Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicaban que para el año el 2005 se registraron 408 homicidios en los centros penitenciarios del país; el año pasado las cifras aumentaron a 498 homicidios. Las proyecciones para el año 2008 fueron de 476 muertes, cifras nada alentadoras, que demuestran la terrible situación por la que atraviesan las cárceles del país. (1)

Fuente: Informe sobre la situación penitenciaria de Venezuela. Una Ventana a la Libertad. Informe para la Evaluación Periódica Universal. 12º Sesión. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. 20 -3-2011. 

Esta crisis penitenciaria obliga a los presos a vivir en condiciones inhumanas imposibilitando la reinserción de ellos a la sociedad. Se ha vuelto común ver a un personal dentro de los recintos sin ningún tipo de capacitación profesional, son cada vez más los intereses económicos que se mueven entre guardias y reos, tráfico de armas, explosivos y drogas.

La violencia penitenciaria es un problema que le compete a todos los ciudadanos, en Venezuela muere un 2,2% de internos anuales, cada dos años asesinan a una población de reclusos. En los diferentes centros penitenciarios del país el número de muertes ha aumentado, mientras que en 2006 fueron 412 reclusos, el siguiente año la cifra se elevó a 498 internos, y hasta el mes de septiembre de 2008 se contabilizaron 335 reos asesinados.

Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, en el año 2008 se registraron 137 fugas, 92 hechos como auto secuestros, huelgas de hambre y sangre, se decomisaron 1.815 armas en 70 requisas realizadas, entre ellas, 79 revólveres, 81 pistolas, 31 escopetas, 2 subametralladoras, 38 granadas, 985 chuzos, 284 chopos, 6.324 proyectiles y 1.150 cartuchos.

La presencia de este arsenal en manos de los presos y detenidos  contradice las declaraciones de Ysmel Serrano Flórez, a cargo de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, cuando afirma que las requisas se han reducido en número pero se han vuelto más efectivas. En materia de drogas, se decomisaron 3.154 envoltorios de marihuana, 568 de cocaína y 521 de crack. (1)

Estas devastadoras cifras nos permiten analizar la situación de las cárceles en Venezuela y como poco a poco empeora el panorama penitenciario en el país. Entre los retrocesos que se pueden observar tenemos que aun no se ha querido privatizar las cárceles por lo que la descentralización de la administración en ellas dificulta la resolución de problemas porque las decisiones tienen que ser tomadas por toda una comitiva que probablemente ni estudiará el caso en la brevedad posible ni aportará una solución en el momento.

Es cada vez más el personal que no está capacitado para enfrentar esta situación. Hoy día estudiantes universitarios de la materia pueden trabajar en las cárceles sin estar graduados. Se van a crear centro de rehabilitación para la reinserción de los reos no desde el foco del recinto sino desde afuera, lo que dificulta el seguimiento de la persona. No se aplican los adecuados planes de saneamiento a los recintos, por lo que es cada vez más común que aparezcan enfermedades de todo tipo que no tengan el tratamiento debido para los afectados. (1)

Hasta los momentos no se han ejecutado las medidas preventivas necesarias según la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solucionar algunos de los problemas que se viven en las cárceles de nuestro país. Es necesario tomar medidas inmediatas para lograr el buen funcionamiento de ellas con estricta seguridad y planes de saneamiento con urgencia. También se debe crear un personal apto para trabajar en los recintos porque cada vez se agrava la situación con respecto al tráfico de armas y drogas entre el personal que labora en la cárcel y los reos.

El 29 de mayo de 2011, se registraban dos secuestros en prisiones venezolanas en poco más de dos semanas que dejaron al descubierto la situación de vulnerabilidad del sistema penitenciario (SP) de el país y, según organizaciones que trabajan con población reclusa, la evidencia de que el Gobierno ha perdido el control de las cárceles. (2)

Huelgas de hambre, automutilaciones, reyertas, homicidios, y secuestros de funcionarios han puesto en las últimas semanas a las prisiones en el primer plano de la actualidad en Venezuela, un país que a lo largo de los años se ha habituado a escuchar sólo malas noticias de cuanto ocurre en sus penitenciarías.

Con siete advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno para que resuelva el problema en las cárceles, Humberto Prado considera que el Estado ha demostrado que es "ineficaz" para brindar los servicios mínimos en los centros de reclusión e incluso garantizar la vida en ellos.

Prado recordó que en 2010 murieron 476 reos y 958 resultaron heridos en las cárceles de Venezuela, que tienen una población reclusa oficial de 44.520 presos (46.888 según el OVP) y una capacidad para poco más de 14.500 en sus 34 centros de reclusión.

La cifra contrasta con 36 muertos de Brasil, país que tiene 486.000 reos; los 37 de México, con 250.000 presos, y los 16 de Colombia con 80.000 durante el mismo período.

El incremento del número de presos en las cárceles venezolanas a 44.520, revelado por el ministro del Interior y Justicia, Tareck el Aissami, en febrero de 2011, implica que el hacinamiento penitenciario aumentó a 151%.

El indicador se obtiene al comparar la población reclusa con la capacidad de las cárceles venezolanas que, según el Informe del Observatorio de Prisiones correspondiente a 2009, es de 17.709 plazas. (2)

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos adelantó en diciembre pasado lo que el El Aissami reconoció el 8 de febrero de 2011 al rendir cuentas ante la Asamblea Nacional: el aumento sin precedentes del número de personas privadas de libertad en Venezuela. (3)

El reporte de Provea incluye mayores explicaciones. El incremento de 21% en la población reclusa entre 2009 y 2010 se agrava por el incumplimiento de las mejoras de la infraestructura establecidas en el Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario.(3)

Entre 2006 y 2011 se debieron construir 10 nuevas comunidades penitenciarias, 10 centros penitenciarios de producción socialista y 5 ampliaciones para la creación de más de 13.000 nuevas plazas en todo el país. (3)

Sólo se inauguraron la Comunidad Penitenciaria de Coro (2008), el Centro Penitenciario Yare III (2009) y el Centro Penitenciario Femenino de la Región Insular (2009), y se reinauguró el Centro Penitenciario Mínima de Carabobo (2007).

Provea precisa que con la apertura de estos 4 centros se crearon 1.626 nuevas plazas, de las cuales estaban ocupadas 822 hasta junio de 2010. Dicho de otra forma: apenas 2% de la población reclusa se ha beneficiado del Proyecto de Humanización Penitenciaria. (3)

Los informes del Observatorio Venezolano de Prisiones y de Provea coinciden en advertir que el aumento de la población penitenciaria tiene que ver con: 1) la inaplicación de mecanismos alternativos al cumplimiento de la pena, y 2) el desarrollo de operativos policiales como los desarrollados mediante el Dispositivo Bicentenario de Seguridad y, más recientemente, los llamados ¨madrugonazos¨ contra el hampa. (3,4)

Ambas ONG insisten en que es contraproducente rebasar las cárceles sin mejorar su infraestructura y aplicar adecuados criterios de selección y clasificación de los reclusos: "Se profundiza la precariedad de los servicios básicos para la población y se alteran las dinámicas de interacción y de poder propias de cualquier espacio carcelario, lo que genera múltiples episodios de violencia".

Situación de salud en los Centros Penitenciarios (CP) en Venezuela

Desde que las sociedades establecieron la privación de la libertad y la reclusión de individuos como un medio para sancionar transgresiones a las leyes y las normas establecidas, las prisiones han estado indefectiblemente ligadas con la enfermedad. Los centros penitenciarios (CP) pueden representar un grave problema de salud pública.

Actualmente, más de 9,25 millones de personas están privadas de libertad en centros penitenciarios alrededor del mundo, y este número va en aumento. Muchas de ellas son detenidas por cortos periodos de tiempo, lo que arroja tasas de admisión y liberación casi equivalentes. Esto significa, por lo tanto, que la población real que transita los centros penitenciarios cada año es potencialmente 4 a 6 veces más alta que la reconocida.

Si a lo anterior se le suma un enfoque básico de derechos humanos, que estipula que la pérdida de la libertad no debe representar la pérdida del derecho a la salud, se puede fácilmente afirmar que se está frente a un problema que no debe ser pasado por alto y que requiere de un abordaje urgente y eficaz. ( 5)

Del Informe sobre la situación del VIH-SIDA y los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, elaborado por ACCSI, en el año 2000, (6)  se identifica:

La principal causa que amerita intervenciones de salud está relacionada con las heridas de armas blancas, así como de armas de fuego (ver Tabla No 1). Frente a un total de 679 casos de diarreas registrados en 9 meses del año 2000 (principal patología registrada por la División), se presentaron 734 casos de heridos por ambas causas en tan solo seis meses. Las tres causas más frecuentes de patologías son las más frecuentemente asociadas con el SIDA (diarreas, TBC y neumonía). La elevada tasa de tuberculosis evidencia asimismo la persistencia de condiciones de hacinamiento, desnutrición y falta de higiene ambiental.(6,7)

En todo caso, diversas circunstancias apuntan a una elevada tasa de sub-registro, reconocida por la propia División. Aunado a las fallas reconocidas en los métodos de levantamiento de información, otros dos factores evidencian que estas cifras arrojan una imagen no acorde con respecto a la realidad epidemiológica en las prisiones del país: las condiciones de la prestación de servicios de salud y la práctica generalizada entre los presos de tratarse las patologías más comunes ellos mismos.

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