Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

Sección: Sociedad

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La Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria (LODASA)

Alejandro Gutiérrez S(*)

Martes, 1 de septiembre de 1998

A riesgo de ser calificado como miembro de una supuesta legión extranjera, defensora de los intereses foráneos y demás fuerzas del imperialismo, considero conveniente, en mi condición de profesor universitario, emitir mis opiniones sobre el proyecto de LODASA que actualmente discute el Congreso Nacional. Por si quedara alguna duda sobre mi patriotismo aclaro que siempre he estado con Venezuela, y por supuesto que creo en nuestro sector agrícola y sus potencialidades para contribuir de verdad al logro de la seguridad alimentaria, a la generación de empleo, a la obtención de divisas y al ordenamiento de nuestro territorio. Así mismo, creo en la sana intervención del Estado y pienso que sin su acción será muy difícil lograr la reconversión de la agricultura venezolana. Pero también aclaro que no comparto los fundamentalismos en materia de políticas públicas. Las posiciones que mitifican a la mano invisible del mercado son tan erradas, sobre todo en un país como el nuestro, como las posiciones que promueven un exagerado proteccionismo y la vuelta a las épocas de subsidios indiscriminados.

Me parece que promover la aprobación de una ley altamente proteccionista, violadora de los compromisos asumidos por el país en diferentes organismos internacionales y de integración económica, en muy poco contribuirá a preparar a nuestro sector agrícola para enfrentar con éxito los desafíos que plantea la globalización de los mercados. La globalización existe a pesar de que no nos guste, lo cual no significa que la aceptemos acríticamente. Tampoco el proyecto de ley en discusión nos alumbra el camino para diseñar una estrategia concertada entre los agentes que participan en las diferentes cadenas agroalimentarias. De manera tal que nos permita mejorar la competitividad, condición necesaria para poder enfrentar con éxito la continuidad en la liberación del comercio agroalimentario al nivel mundial y dentro de los diferentes acuerdos de integración económica (liberación intrarregional). Más grave aún, es que el proyecto de LODASA tiene errores conceptuales gravísismos en lo que se refiere a la definición de la seguridad alimentaria. Ésta se confunde con el logro de una mayor autoabastecimiento, sin importar el costo para la sociedad y para los consumidores.

Sin embargo, las razones de fondo para no aceptar el exagerado proteccionismo que pretende legitimarse a través de la LODASA ya las expuse en mi anterior artículo (El Nacional, "El debate sobre las políticas agrícolas", Edición del 26 de abril de 1998, pag, A7). En esa oportunidad expresaba que quienes defienden a ultranza el proteccionismo agrícola y abogan por una exagerada intervención del Estado, olvidan que esta opción de política es negativa porque:

No estimula mejoramientos de la productividad, porque la falta de competidores foráneos asegura el mercado nacional a cualquier costo, sin más limitaciones que aquellas que se derivan del poder de compra de los consumidores. Y esto es dañino para una agricultura que a pesar de la LODASA tiene que enfrentarse al desafío de la globalización .

Contrariamente a lo que se afirma, no contribuye al logro de la seguridad alimentaria. Concepto que por cierto es vilipendiado y confundido con la autarquía y el autoabastecimiento por los defensores del proyecto de Ley. Una frase típica ha sido argumentar que ¨Venezuela debe producir todos sus alimentos en suelo patrio...no importa a qué costo con tal de que sean venezolanos´. Quienes tienen este concepto de seguridad alimentaria se olvidan que la ineficiencia productiva que promueve el proteccionismo se traduce en mayores precios de los alimentos. Es decir, contribuye al deterioro del poder de compra alimentario, determinante en última instancia de la capacidad de los consumidores para acceder en todo momento a una ingesta de alimentos, que le permita llevar una vida activa y saludable. Al final, una situación de mayores precios, consecuencia de la exagerada protección de la producción nacional, aunque puede conducir al autoabastecimiento y a la autarquía, no significa necesariamente que los consumidores terminen mejorando su seguridad alimentaria. Recomendaría encarecidamente a los defensores del proyecto de LODASA que revisen los trabajos de la FAO en materia de seguridad alimentaria, y observen como dicho concepto ha evolucionado hasta considerarlo un problema fundamentalmente de acceso y no de producción. De nada sirve que tengamos una producción nacional a precios tan elevados que no pueda ser adquirida por los consumidores.

Implica una transferencia de recursos entre sectores de la sociedad. Las restricciones a las importaciones promueven transferencias de recursos desde los consumidores (quienes pagan precios más elevados) hacia los productores, quienes terminan por recibir un precio superior al que existiría en condiciones de libre comercio. Si se trata de fuertes subsidios a las exportaciones (caso de países grandes exportadores), quienes pagan impuestos son los que terminan por asumir el costo de la protección. Una pregunta valedera es quiénes serán los productores (grandes, medianos o pequeños) que más se beneficiarán del proteccionismo agrícola.

Promueve subsidios generalizados, que terminan por falsear las ventajas comparativas y favorecer a los productores más poderosos. Yo me pregunto a qué tipo de productores se quiere favorecer con el crédito subsidiado que propone el proyecto de LODASA. Me pregunto también si se ha hecho una evaluación sobre quiénes son los productores que se llevan la mayor parte del financiamiento agrícola. Todos sabemos que la gran mayoría de pequeños y medianos productores no gozan de financiamiento por las instituciones formales, y en el mercado informal tienen que pagar tasas de interés que no son subsidiadas sino extremadamente elevadas. Por esta vía, el Estado terminará subsidiando a los productores más grandes que son los que tienen acceso al crédito de la banca (Robin Hood al revés).

El Estado venezolano ha sido hasta ahora marcadamente ineficaz para legitimar políticamente las reformas económicas que está obligado a poner en marcha. El Estado venezolano a pesar de la disminución de la protección en la frontera, vía reforma comercial agrícola, ha descuidado y no ha apoyado suficientemente al sector agrícola para que pueda reconvertirse y reestructurarse. La disminución del gasto público agrícola a precios reales ha sido dramática durante el período 1989-1997. El Estado venezolano penaliza a la agricultura venezolana (productora de bienes transables) a través de la sobrevaluación del tipo de cambio que abarata las importaciones y desestimula a nuestros exportadores. Pero todas esas circunstancias, en ningún caso justifican que volvamos al tiempo del proteccionismo y de los subsidios indiscriminados, pués en nada nos ayudaría a enfrentar las nuevas realidades de la economía mundial..

Existen numerosas alternativas para que el estado intervenga apoyando a la agricultura, sin protegerla exageradamente, sin distorsionar la asignación de recursos, estimulando sus potencialidades para hacer de ella una actividad fuerte en lugar de una que sólo funciona con las muletas del Estado y el cabildeo de los buscadores de rentas (rent seekers). La Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé, a través de la caja verde, la posibilidad de variadas intervenciones públicas para mejorar y promover la reestructuración del sector. Igualmente, el incremento y reasignación del gasto público agrícola, el fortalecimiento del programa de extensión agrícola, la definición en los derechos de propiedad sobre la tierra, la instrumentación del sistema nacional de financiamiento agrícola, el sistema andino de franjas de precios y las fórmulas para determinar precios de rubros sensibles, que ha venido proponiendo el Ministerio de Agricultura y Cría son opciones válidas para el apoyo gubernamental y una protección racional (en la frontera) de la producción nacional. Para ejecutar éstas y otras políticas necesarias, no tenemos porque volver al pasado, aprobando una Ley que, además de sus deficiencias de orden jurídico, no contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la agricultura y del sistema agroalimentario nacional.

(*) Economista- Profesor Titular-Universidad de Los Andes.

Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL-FACES-ULA).

E-mail: agutie@faces.ula.ve

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