Caracas, Sábado, 19 de abril de 2014

Sección: Política

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Sobre el proyecto de ley de comunas

Luis Homes Jimenez

Viernes, 2 de julio de 2010

Consideraciones Preliminares sobre el Proyecto

de ley Orgánica de las Comunas


Los presentes comentarios de la reciente Ley Orgánica de las Comunas (LOC), aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el 22 de junio 2010, son realizados con base al estudio de las disposiciones legales contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal del 2009, Ley Orgánica del Poder Electoral, Ley del Sufragio y Participación, la Ley de Abogado de 1967 y la Ley Orgánica de Justica de Paz de 1994.

El primer punto que es necesario destacar es que consideramos como falso supuesto la fundamentación establecida en la exposición de motivos del proyecto de ley en la que expresa: “con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se inicia un proceso de cambio político, que abarca todos los ámbitos estructurales para la transformación del país desde un capitalismo dependiente hacia un socialismo de contenidos socioeconómicos y geopolíticos innovadores”, ya que contradice lo dispuesto en el Preámbulo y el artículo 2 de nuestra carta magna, pues su fin supremo no es la creación de un país socialista, sino de Estado democrático y social de derecho y de Justicia. Esta fundamentación de la orientación “socialista” de la carta magna de 1999 ha venido sosteniéndose en varios proyectos de ley promovidos desde el ejecutivo nacional y consideramos necesario “desmontar” este argumento desde el punto de vista político.

Como segundo aspecto destacamos que a pesar que la creación del instrumento normativo que pretende dar origen a las comunas se basa en el artículo 158 de la Constitución Nacional, que consagra la descentralización como política nacional, es evidente que no estaríamos frente a un ente descentralizado, sino, ante un órgano desconcentrado porque del articulado de la Ley no se desprende que las comunas posean personalidad jurídica, sino que las mismas, tal como rezan los artículos 64 y 65 del proyecto de ley, dependerán del Ministerio para el Poder Popular de las Comunas, el cual a su vez, depende del Poder Ejecutivo Nacional. Esta sola circunstancia político – jurídico (la dependencia de las comunas de un ministerio) basta para desmontar el disfrazado argumento de que con esta ley se promueve la descentralización. En este punto es importante destacar que este mismo argumento de las descentralización, se promovió la hoy vigente Ley del Consejo Federal de Gobierno.

Cuestionamos por otra parte el carácter orgánico del proyecto de ley porque no cumple con los supuestos establecidos en el artículo 203 de la Constitución Nacional ( son leyes orgánicas las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirven de marco normativo para otras leyes) Observamos que con el proyecto, se pretende organizar un Nuevo Poder Público (Poder Comunal) que no se encuentra consagrado en el artículo 136 de la carta magna, que establece la distribución del poder Público en Poder Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional. A esto debemos agregar que el proyecto de ley no puede ser consideramos como “ley abstracta” ya que solo está dirigido a las personas que tengan la ideología política del socialismo y no a la comunidad en general que no comparta dichos ideales.

Un cuarto elemento de análisis y de critica es que en el proyecto de ley Orgánica de las Comunas se quiere desarrollar una nueva entidad político-territorial, que emane del pueblo para la creación de un autogobierno, atendiendo a las condiciones históricas de integración, rasgos culturales, usos, costumbres y potencialidades económicas (articulo 9 LOC), lo que contraviene con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, con el que se regula la división política del territorio nacional, el cual se divide en Estados, el Distrito Capital, el de las dependencias federales y de los territorios federales, resaltando que el territorio se organizará en municipios y que dicha división se regulara a través de una ley orgánica que garantice su autonomía y descentralización político- administrativa.

Acá se trata de crear una “para entidad” ajena al ordenamiento político territorial y esta entidad seria el germen de un “estado comunal” que abra las puertas al sistema socialista, como bien se desprende la propia exposición de motivos y del articulado de la ley. Así vemos que la nueva ley intenta crear una organización estatal, integrada por las diferentes comunas, dentro del mismo Estado, tal como lo establece en su artículo 5. Esto contradice el 173 de la Constitución, pues este consagra la posibilidad de crear entidades desconcentradas pero que se encuentren dentro de la misma organización estatal, con lo que el artículo 5 estaría creando un organización paralela a la establecida constitucionalmente. De igual forma la iniciativa para la creación de las comunas como entidad local socialista estipulada en el artículo 10 de LOC, colisiona con lo dispuesto con el mencionado artículo 173, el artículo 4 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que dispone que la creación de nuevas entidades locales es potestad de los Municipios, así como lo contenido en los artículos 32 y 33 eiusdem, referidos a quiénes poseen la iniciativa para la creación de entidades locales y los requisitos para que las mismas sean creadas.

Un aspecto muy grave que hay que denunciar y de manera especial en tiempos pre electorales es que a través del artículo 21 de LOC, se crea el Parlamento Comunal, como máxima instancia de autogobierno en la comuna y por mandato del artículo 22 recibe competencia legislativa que son propias de la Entidad Político Municipal, tal como lo expresa el artículo 178 de la Constitución, entiendo que la competencia legislativa en esta materia le corresponde al Consejo Municipal y que la transferencia en pro de la descentralización de las comunidades, se encuentra limitada en el artículo 184 de la Constitución, el cual solo hace referencia a la transferencia de servicios públicos.

El proyecto de Ley Orgánica de las Comunas crea en su artículo 34, el Consejo Electoral Permanente, que será el órgano encargado de organizar y conducir todos los procesos de elección de las comunas, con lo que estaría usurpando las funciones del Consejo Nacional Electoral, como ente rector de todos los procesos electorales del país para la elección de autoridades públicas y las funciones del mismo, contenidas respectivamente en los artículos 292 y 293 de la Constitución y las competencias consagradas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Siguiendo el mismo orden de ideas, en cuanto a los procesos electorales de las comunas, las elecciones que consagra la LOC en sus artículos 12, 16 y 25, en cuanto a la Asamblea Constitutiva, la conformación del Registro Electoral y el Consejo de Cumplimiento respectivamente, dispone que dichos órganos serán electos por los habitantes de las comunas mayores de 15 años, lo que contraviene lo contenido en el artículo 64 de la Constitución y 85 de la Ley del Sufragio y Participación de que los únicos que tienen el derecho al sufragio son los venezolanos mayores de 18 años.

También pretende regular el proyecto de ley, el tema de la justicia. Así vemos que se crea a través de los artículos 52 y 53, una jurisdicción especial comunal, como un medio alternativo de justicia, la cual conocerá de los conflictos que puedan generarse en el ejercicio de la participación y convivencia comunal, se considera que esto último es un término muy amplio en donde la ley debió prever las situaciones especificas que serian controladas por esta ley. Asimismo, se considera violatoria del Sistema Jurisdiccional Especial, al no ser controlado por el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia del Poder Judicial conforme a lo que reza el artículo 267 de la carta magna.

El artículo 55 de la LOC, dispone los requisitos para que una persona pueda ser juez comunal, sin tomar en cuenta lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Justica de Paz, que consagra los requisitos para ser juez en esta jurisdicción.

Consideramos que los actores políticos, los profesionales del derecho, la sociedad civil, los gremios profesionales, los candidatos a diputados y en general, el ciudadano común debe estar alerta de los intentos del gobierno de promover instancias paralelas e inconstitucionales de convivencia ciudadana que solo pretenden a nuestro juicio, generar un clima de anarquía e ingobernabilidad en el país con propósitos de seguir vulnerando las autoridades legítimamente electas como son los gobernadores y alcaldes.

luishomesjimenez@gmail.com

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