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Sección: Política

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Consejos Comunales: ¿Para qué?

Miguel González Marregot

Viernes, 9 de febrero de 2007

La propuesta de organización del poder comunal cobra fuerza como referente en la actividad y el debate popular en el ámbito comunitario. La organización de este nuevo poder se basa en la organización y articulación de consejos comunales y de sus redes; posteriormente. El incentivo o “la zanahoria” para las comunidades ha sido la distribución de recursos financieros; para que ellas mismas, resuelvan ciertos problemas ante la pública y notoria incapacidad del propio gobierno.

En un momento de “frenesí revolucionario” se llegó proponer que confederaciones de consejos comunales podrían convertirse o sustituir las instancias de poder local y regional. Por supuesto, pasado el embelesamiento, el propio gobierno ha retrocedido “elegantemente” sobre esta última propuesta. En todo caso, los consejos comunales son una realidad, están allí; aunque no sabemos si llegaron para quedarse o simplemente pasarán. Por ende, para cada ciudadano es imprescindible tener una visión; si no objetiva, al menos desprejuiciada sobre una forma de organización social que pudiera trascender hasta el propio oficialismo.

Breves antecedentes

Desde 1999, el gobierno ha mostrado su enfoque y su intención en materia de organización social y comunitaria. En la Constitución Bolivariana este planteamiento es medular en distintos artículos; tales como el 62, que prescribe participación popular en la gestión pública; el artículo 70, determina las formas de participación económica, social y política; y los artículos 166, 182 y 185 determinan la creación de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; los Consejos Locales de Planificación Pública y del Consejo Federal de Gobierno; respectivamente.

En los “Lineamientos de Desarrollo Económico y Social 2001-2007”, el tema de la organización popular es ampliamente tratado. Por ejemplo, en ese componente se plantean entre otros objetivos: “incentivar las redes sociales”; “promover las organizaciones de base”; “estimular la sociedad contralora de lo público”; “fomentar la corresponsabilidad ciudadana”; y “propiciar la participación ciudadana”.

En el mundo real, los ahora casi olvidados “Círculos Bolivarianos” constituyen el primer antecedente de todo lo expuesto. Estas entidades bajo la consigna de “unión y organización del pueblo bolivariano por la patria” se utilizaron para conformar un bloque social alrededor del proyecto oficial. Así, los Círculos Bolivarianos debían atender los lineamentos del Presidente de la República y del Comando Supremo de la Revolución, dirigido por García Ponce; entre otros revolucionarios. Según datos oficiales, para el año 2000 fueron conformados unos quince mil Círculos Bolivarianos en todo el país. Pero con ellos, salvo algunas escaramuzas mediáticas, nada pasó; y finalmente, declinaron y desaparecieron, al igual que el Comando Supremo de la Revolución, sin dejar un algún rastro contributivo.

Para el 2002, año crucial para la historia reciente de la Venezuela post-constituyente por los amplios procesos de movilización política y social impulsados por la sociedad civil, se aprueba la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP); como una instancia de integración de los ciudadanos y ciudadanas, al proceso de planificación de las políticas y programas municipales. Y justo allí, como un componente de base de los CLPP, aparecen por primera vez mencionados legalmente los consejos comunales.

El concepto de integrar a vecinos y vecinas a la gestión pública local, resulta válida aquí y en cualquier parte del mundo; de hecho son múltiples las experiencias internacionales sobre este modo de gestión de las políticas públicas locales. Por supuesto, esta inclusión de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos debe realizarse mediante la pluralidad, la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la democracia. Pero volviendo al tema de los consejos comunales, a estos se les dificultó florecer en el contexto institucional de los CLPP; y no necesariamente porque fueran inviables; sino por la enorme resistencia que opusieron la gran mayoría de los gobernantes locales a la conformación de los Consejos Locales de Planificación Pública. De esta forma, saboteada la participación ciudadana en los CLPP por alcaldes y concejales (revolucionarios y de oposición), las posibilidades de desarrollo de los consejos comunales fue otra quimera.

Curiosamente, el Presidente Chávez en el año 2004 -en el encuentro celebrado en Fuerte Tiuna, con motivo de la elaboración del “Mapa Estratégico”-, aún resaltaba la importancia de los Consejos Locales de Planificación Pública como una instancia necesaria para impulsar la democracia participativa e incluso llamaba a sus alcaldes y gobernadores a “tenerle miedo al pueblo”. Sin embargo, por el devenir de los acontecimientos posteriores, en materia de participación ciudadana los dirigentes revolucionarios, al parecer no entendieron el mensaje de su líder.

Un evento adicional -en este contexto-, fue la aprobación en el año 2005 de una nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal; cuyo contenido reúne un amplísimo legado de nuevos mecanismos de participación ciudadana; tales como: el presupuesto participativo, la contraloría social o los medios de comunicación alternativos. Cabe señalar que, en esta Ley se ratificaba y responsabilizaba a los Alcaldes de promover la creación de las redes de consejos comunales. Como sabemos, el cumplimiento de esta atribución fue omitida “tanto por alcaldes moros como por alcaldes cristianos”. Para completar, el contexto debemos recordar que fue durante este año cuando la oposición venezolana, comete quizás su mayor error histórico, al dejarse llevar por un liderazgo mediático y poco calificado; y entregar por medio de la abstención, el foro parlamentario al oficialismo.

En el 2006, con un parlamento dominado por una sola visión de la vida, del país y del futuro, sin contrapeso democrático alguno, se facilitará aún más que la elite gubernamental emprenda una nueva ruta hacia el ansiado propósito de “organizar al pueblo”; mediante el impulso de los consejos comunales en forma directa desde el poder nacional. “Gobernadores y alcaldes temblad, la hora del poder popular ha llegado”.

En Abril de 2006, se aprueba la Ley de los Consejos Comunales. Se separan de los Consejos Locales de Planificación Pública, se reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para suprimir su relación con las alcaldías y las juntas parroquiales y, se comienza a ofrecer billones de bolívares a las comunidades, a la par de una nueva promesa: la promesa del socialismo del siglo XXI. Ah!, en Diciembre de 2006, el Presidente Chávez gana de nuevo la Presidencia de la República, con un poco más del cuarenta y cinco por ciento de los votos.

Los consejos comunales, hoy

En efecto, los consejos comunales son una realidad. Según cifras oficiales, hay alrededor de dieciocho mil en todo el país. Esta cifra por supuesto, no significa que ese universo de entidades asociativas semi-estatales se encuentre activo. En realidad, cientos de ellas han sufrido procesos de disolución en algún grado. Otras simplemente han desaparecido. Pero la actividad comunitaria alrededor de tales consejos está vigente, y mucho más ahora, con la promesa oficial de crear el nuevo poder comunal. Sobre los consejos comunales se han elaborado una buena cantidad de argumentos, alegatos y especulaciones, con distinto grado de calidad y acierto.

Conformar un consejo comunal no es un proceso sencillo. Su organización puede durar meses, si se realiza de acuerdo a lo pautado en la ley correspondiente. La conformación del consejo implica el cumplimiento de una serie de pasos antes de llegar a la asamblea constituyente comunitaria. Por ejemplo, además de definir el ámbito del consejo con su respectivo mapa e historia, se debe elaborar un censo socio-demográfico y un registro electoral.

Este rompecabezas comunitario puede complicarse; según el tamaño del consejo comunal (varía desde veinte familias en la zona rural; hasta el rango comprendido entre doscientas y cuatrocientas familias en el ámbito urbano); y también dependerá del nivel de resistencia, participación y debate que haya en una comunidad, en relación con la idea de organizar un consejo comunal.

Otra cosa, es el proceso de reconocimiento oficial de cada consejo comunal. Allí el gobierno nacional ha comenzado a demostrar sus flaquezas operativas y las debilidades de la visión centralista que subyace en todo esto. La propia Asamblea Nacional, en su informe evaluativo sobre este proceso determinaba el absoluto incumplimiento de los pasos requeridos; por parte de los organismos públicos responsabilizados de promover y reconocer a los consejos comunales.

El elemento central de las críticas a los consejos comunales es su dependencia y sujeción a una red de Comisiones Presidenciales del Poder Popular, designada “a dedo” desde del Poder Nacional. Sin embargo, las Comisiones Presidenciales del Poder Popular no existen por ahora, en el ámbito municipal. Y su creación no ha sido implementada aún; quizás por una mezcla de la incapacidad operativa oficial con una dosis de cálculo político.

Las Comisiones Presidenciales del Poder Popular son una demostración de la visión centralista y concentradora de la gestión pública que va a suprimir las propias posibilidades de participación popular que brindarían los consejos comunales.

Una deuda sensible, en este contexto, es la inoperancia del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, que estaría adscrito al Ministerio de Finanzas; y cuyo Reglamento Orgánico fue publicado en la Gaceta Oficial N° 346.196 de fecha 18 de Mayo de 2006; es decir, hace nueve meses. Por si fuera, poco la Ley de los Consejos Comunales, promulgada en Abril del año pasado, no ha sido aún reglamentada mediante un proceso de consulta pública.

Paradójicamente, el Gobierno Nacional ha tratado de superar sus deficiencias y de vender su proyecto de organización comunitaria; mediante un incentivo capitalista: la distribución directa de recursos financieros a las comunidades; es decir, la promesa, la gran promesa de estas organizaciones comunitarias se fundamenta en la exacerbación del tema económico. Y ya parece muy tarde, para dar marcha atrás. En síntesis, en el imaginario popular los consejos comunales son sinónimo de dinero.

Un detalle adicional es que ahora algunas autoridades públicas exigen a las comunidades, la preparación de proyectos de inversión (imagínese usted); a través de los consejos comunales. Y entonces, ¿para qué están los funcionarios públicos de alcaldías, gobernaciones y ministerios? ¿No le corresponde a esa burocracia pública, formular las políticas públicas? Una cosa es la corresponsabilidad ciudadana en la gestión pública; y otra la irresponsabilidad y el burocratismo oficial.

Un aspecto crítico en la organización de los consejos comunales y, que ha venido siendo denunciando por varias comunidades organizadas, es la intervención de militares en los procesos de elección de los consejos. No se trata de negar la participación de un vecino o vecina militar en un consejo; pero lo que es inaceptable es la imposición de reglas, condiciones, candidatos o resultados; por parte de militares en los procesos de organización de los consejos comunales. Y este elemento nos lleva a otro aspecto crítico de la organización de los consejos comunales, como es su partidización.

En efecto, las agrupaciones partidistas venezolanas han pretendido colonizar a los consejos comunales. Así tantos las fuerzas que suscriben el proceso de revolucionario como aquellas que lo critican desde una óptica democrática han ordenado a sus militantes que se incorporen a los procesos de organización comunitaria. De nuevo en este tema, hay que saber diferenciar la participación de militantes de las organizaciones partidistas en su consejo comunal, de su intención de control del mismo.

Los consejos comunales son instancias plurales. De esa pluralidad dependerá su éxito. Una vez que los consejos comunales sean convertidos en “instancias de militancia”, perderán vigencia. Y tal vez, el Gobierno Nacional, pretenda operar en el ámbito comunitario bajo este esquema, pero si es así, el fracaso no tardará en llegar de nuevo. Y es que uno de las principales deficiencias que tiene el “marco conceptual oficialista” es el referido a sus relaciones con la población. Ese “marco conceptual” prescribe en forma automática la captura y estatización de las expresiones populares, cualquiera sea su tipo. De allí, nace el empeño gubernamental en copar la mayor cantidad de espacios para el ejercicio de la corresponsabilidad, imponiendo sus reglas. Empero, de ahí surge también el enfoque ciudadano que pelea, demanda y exige la garantía de la autonomía, democracia, inclusión, pluralidad y transparencia en los procesos de organización de la sociedad civil en general y de los consejos comunales, en particular. Este es el debate planteado hoy en Venezuela.

Si hay algo que no hemos asimilado aún, expertos, opinadores y legos, es que existen diversos enfoques, motivaciones y tratamientos sobre el tema de los consejos comunales. Que varían según las condiciones de vida de cada barrio, urbanización o vecindad.

Para los sectores medios urbanos, los consejos comunales son percibidos como “un agente extraño” de colonización ideológica. Esta valoración fue reforzada por la torpeza gubernamental de querer imponer “su particular visión del mundo”; mediante cada ejecutoria pública. Por otra parte, las capas medias de la población venezolana disfrutan de una calidad de vida “superior” que le hace percibir a los consejos comunales como unas instancias poco útiles. Sin embargo, de los sectores medios también han surgido grupos de voluntariado que poco a poco, se han venido incorporando a las actividades de desarrollo comunitario. Y una “clase media” organizada en consejos comunales pudiera convertirse en un bastión importante en el debate ideológico-político que está planteado en el país.

Los sectores populares tienen un mayor interés en torno a los consejos comunales. En los barrios, la organización comunitaria resulta vital para mejorar su calidad de vida. En tal sentido, toda oportunidad que se les brinde para organizarse es en principio bien recibida; y mucha más si viene con el incentivo de acceder a recursos económicos no reembolsables. Pero además en los barrios -donde la carencia de los servicios públicos es notable y reiterada todos los días-, los consejos comunales se presentan como una posibilidad para que la comunidad pueda resolver sus problemas más elementales.

También los consejos comunales representan para las barriadas una opción de desquite y protesta frente la indiferencia de alcaldes y concejales que sólo se preocupan por aparecer en los medios de comunicación social y, por manipular la participación ciudadana para defender sus prebendas burocráticos. Así van las cosas.

Algunas conclusiones muy preliminares

Los sectores profesionales, los trabajadores intelectuales, los pequeños y medianos empresarios y las clases trabajadoras y demás sectores populares, que viven en urbanizaciones y barrios pueden conseguir un punto de encuentro en los consejos comunales e incidir de manera eficaz en las políticas públicas que afecten su calidad de vida. En otras palabras, la sociedad civil pudiera sacar provecho de la actividad de estas instancias.

Por otra parte, los consejos comunales son una apuesta decisiva para el gobierno. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, también es verdad que unos consejos comunales conformados de manera incluyente, plural y transparente pueden originar un amplio movimiento ciudadano autónomo, crítico y democrático que se constituya en una red social garante de la defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas en el país.

El desafío que está planteado en Venezuela, es defender la democracia, la libertad y la pluralidad del autoritarismo, el centralismo y la concentración de poder. Para ello se necesita más y más participación, ¿será posible aprovechar los consejos comunales para este propósito alternativo?

miguelgmarregot@gmail.com

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