Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Política

ENVIAR A UN AMIGO  |  ENVIAR AL DIRECTOR

¿Innovación o Evolución Histórica?

Democracia Representativa y Democracia Participativa

Miguel González Marregot

Miércoles, 29 de septiembre de 2004

La participación ciudadana en la gestión gubernamental, -que hoy es un derecho fundamental y un rasgo distintivo del nuevo marco constitucional inaugurado en 1999-, no es sin embargo, algo totalmente reciente. En efecto, el tema posee amplios antecedentes históricos que lo ubican en el propio surgimiento del sistema político democrático-representativo.

Es cierto que ese “contexto participativo” previo al proceso constituyente no se produjo en forma pro-activa sino más bien reactiva. Tres factores socio-políticos propiciaron esa reacción. El primero fue la creciente demanda de participación en los procesos de decisión pública; por parte de actores alternativos, a los protagonistas formales del denominado “Pacto de Punto Fijo”. El segundo factor, fue el desgaste y la baja calidad del rendimiento de un modelo de gobierno centralista y concentrador en la atención de los asuntos públicos. Y la tercera causa, fue el desarrollo y la preparación técnica de sectores avanzados de la propia burocracia pública, que se puso en sintonía con las demandas de modernidad, que exigía el sistema político venezolano democrático-representativo, a partir de la década de los ochenta.

La participación ciudadana en Venezuela, posee pues, una amplia trayectoria histórica y es casi consustancial a la evolución del sistema político inaugurado en 1958. Como prueba de ello, registramos su presencia en la Constitución de 1961; en el marco legal de distintos sectores de la actividad pública venezolana; y en los Planes de la Nación. Veamos a continuación, algunos casos.

La participación y la Constitución de 1961

La Carta Magna del 1961 consagró el derecho a la participación ciudadana en los campos político, económico y social. En efecto, estableció el derecho de la ciudadanía a presentar o dirigir peticiones ante funcionarios y agencias gubernamentales; así como a obtener respuesta oportuna (Artículo 67). En el campo económico, la participación fue instituida mediante la protección de la iniciativa privada (Artículo 98). Además, dispuso la integración, organización y atribuciones de cuerpos consultivos para recibir opiniones en materia de política económica de distintos sectores sociales del país; tales como: el empresariado, la población consumidora, los sindicatos de trabajadores, los gremios profesionales y las universidades (Artículo 109).

Los Derechos Políticos, contemplaron el derecho y el deber al sufragio (Artículo 110). La definición de las condiciones de participación y elegibilidad de los ciudadanos (Artículos 111 y 112). El derecho de todos los venezolanos aptos para el voto, de asociarse en partidos políticos para manifestar y participar, por métodos democráticos, en la dinámica de la política nacional (Artículos 114 y 115). El texto constitucional determinó el derecho a participar de los ciudadanos en los procesos de formación de leyes (Artículo 165). La participación popular fue incluida en las posibilidades de reformar la Constitución Nacional, mediante referendum (Artículo 246). Por último, el marco constitucional del año 1961, requería de la participación de la población en su defensa; en caso de que dejare de observarse por actos de fuerza o intentara ser derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone (Artículo 250).

La participación y los ámbitos de actividad pública

En el ámbito político debe mencionarse la promulgación de la Ley Orgánica de Sufragio y de Participación Política, que en su momento dictaminó dos elementos trascendentes en materia de participación: el Servicio Electoral Obligatorio (Artículo 30) y los referenda de carácter popular (Artículo 181).

Ley Orgánica de Educación estableció espacios de cogestión entre el Estado y la sociedad civil para la prestación del servicio. Así también, favoreció la participación de las familias y las comunidades en todos los aspectos referidos a la administración de los planteles escolares.

En materia de salud pública, la Ley Orgánica de Salud, prescribió entre los principios rectores de los servicios de salud la participación individual o de organizaciones comunitarias en temas como: la preservación de la salud, la programación de servicios de promoción y saneamiento ambiental y, en la gestión y el financiamiento voluntario; mediante aportes de establecimientos públicos de salud.

En el campo económico, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario estableció el derecho de los usuarios y consumidores a organizarse para su representación y defensa. La Ley de Privatización, propició la democratización y ampliación del régimen de propiedad de los bienes de producción de capital y de su tenencia accionaria y también el estímulo a la conformación de nuevas formas de organización empresarial. La Ley General de Asociaciones Cooperativas regulaba y protegía la participación social en el campo de la actividad económica a través de la producción, distribución y consumo cooperativo de bienes y servicios.

En el sector social, la participación de la población quedó claramente consagrada en la Ley Orgánica de Protección al Niño y el Adolescente (LOPNA); mediante diversas mecanismos e instancias. Los Artículos 6 y 63 de la LOPNA consagraron un modelo de cogestión y participación entre el Estado y la sociedad en la definición, control y ejecución de las políticas públicas vinculadas al sector. La Ley del Deporte (1995) introdujo mecanismos de participación e incluso de cogestión en las políticas públicas de ese sector de actividad pública.

En el sistema judicial, la promulgación del Código Orgánico Procesal PenaL. El COPP en efecto, determinaba la participación de los ciudadanos de manera puntual en la administración justicia con el carácter de jurados o como escabinos. Otro canal de participación fue instaurado con la creación de los Jueces de Paz; mediante la Ley Orgánica de Justicia de Paz (1994).

La Ley Orgánica del Ambiente, ordenaba el fomento de iniciativas públicas y privadas para el estímulo de la participación ciudadana en los problemas relacionados con el ambiente e incluso creaba la creación del Consejo Nacional del Ambiente. El ordenamiento territorial y al desarrollo urbanístico también auspiciaron la participación. La Ley Orgánica de Ordenación de Territorio determinó la descentralización y la desconcentración administrativa regional, Por su parte, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística decretaba la creación de las “autoridades ciudadanas” para controlar la actividad pública en este ámbito.

El nivel municipal concentró la mayor expresión de posibilidades de participación en actividades gubernamentales. La Ley Orgánica de Régimen Municipal consagró la iniciativa popular (Artículo 20). Así mismo, estableció que las Parroquias constituyeran instancias para promover la participación ciudadana (Artículo 32). Las parroquias se consideraron como órganos auxiliares de la gestión gubernamental de los municipios; mediante la colaboración de los vecinos (Artículo 34). Se estableció la posibilidad de prestación de servicios públicos mediante concesiones (Artículo 40). El Alcalde estaba obligado a mantener informado a los vecinos y a la comunidad de la marcha de la Administración; así como incorporarla en la solución de sus problemas (Artículo 73). La participación de la comunidad en la acción pública municipal, fue concebida como un derecho (Artículo 165). Todos los municipios y distritos tenían el deber de informar a las comunidades; así como la obligación de promover su participación (Artículo 166). Por último, el desarrollo de las Asociaciones de Vecinos tenía que ser favorecida por la gestión del municipio y demás entidades públicas locales (Artículo 168). Por otra parte, se ordenaba la celebración -por lo menos cada tres meses-, de sesiones públicas por parte del Cabildo o Consejo, donde se considerarían materias de interés local que los vecinos hubieren solicitado con al menos 15 días de anticipación (Artículo 169). Merece resaltarse el derecho de presentar proyectos de ordenanzas; por parte de las agrupaciones vecinales representativas de la comunidad (Artículo 172).

La participación en los Planes de la Nación

La participación popular ha sido un tema recurrente en los Planes Quinquenales de Desarrollo Económico-Social, formulados por las distintas administraciones gubernamentales sucedidas entre 1959 y 1998. El tema participativo fue tratado bajo distintas modalidades y enfoques que evolucionaron desde las políticas comunitarias hasta el desarrollo de la descentralización.

Así, en los tres primeros Planes de la Nación (1960-1964; 1963-1966 y 1965-1968); encontramos la participación ciudadana vinculada al Desarrollo de la Comunidad. De esta forma, se concebía la incorporación de los sectores populares y rurales a la ejecución de programas de mejoramiento de su contorno vital, como el mecanismo participativo por excelencia. Con el cuarto y quinto planes quinquenales (1970-74 y 1976-80) la participación toma una dirección relacionada con las políticas sociales orientadas mucho más hacia los sectores marginados y con un carácter asistencialista. El sexto plan (1981-1985) implicó un salto cualitativo trascendente en el tema de la participación ciudadana. En efecto, este documento sugirió, por primera vez en nuestra historia política moderna, la implantación de un modelo de “democracia participativa”. El séptimo plan (1984-88), por su parte, contenía otro enfoque sobre el particular, al proponer la necesidad de organizar a las fuerzas sociales del país, para impulsar la participación y profundizar el sistema democrático.

El octavo plan 1990-1994 contenía con mucha mayor precisión, un desarrollo multi-sectorial del tema de la participación en la gestión gubernamental,. Allí, la cuestión participativa no sólo planteaba la inclusión de la sociedad civil en el gobierno y en determinados componentes estratégicos; sino que además consideró propuestas dirigidas hacia la reforma del Estado, en su estructura y funcionamiento. Por último, el noveno plan de la Nación (1995-1999) bajo el paradigma de la solidaridad consideró que la participación social en la gestión gubernamental era una condición indispensable para alcanzar el desarrollo en libertad y convivencia.

Existen otros precedentes históricos –no menos importantes- sobre la participación ciudadana en los asuntos públicos; tales como: la representación gremial en la directiva de algunos institutos autónomos o de los organismos regionales de desarrollo. También hay experiencias en el manejo directo por comunidades de programas sociales específicos como los “hogares de cuidad diario” o los proyectos de autogestión en la construcción de viviendas populares. Todo esto nos indica que durante los 40 años previos al proceso constituyente de 1999, se produjo una lenta e imperceptible evolución de nuestro sistema político hacia formas más democráticas, que no supo ser aprovechada. Ahora con la participación en ristre, la situación parece distinta. Incluso se ha creado un estado de “relativa conciencia participativa” en los sectores más avanzados de nuestra sociedad. Queda planteado entonces un reto, el mismo de siempre (por cierto): aquel de comprender la historia adecuadamente, para avanzar seguro hacia la dirección correcta.

ciudadanolibre@cantv.net

ANALITICA.COM no se hace responsable por las declaraciones y conceptos emitidos en los artículos de opinión publicados en nuestro sitio Web, los cuales son de la exclusiva responsabilidad de sus autores


Nacionales


 
9 detenidos en allanamientos en Chacao

9 detenidos en allanamientos en Chacao

 
Próxima reunión entre el Gobierno y la MUD será este jueves

Próxima reunión entre el Gobierno y la MUD será este jueves

 
Explotó un niple en la UCV

Explotó un niple en la UCV

 


Sociedad


 

Gabo

 

Paciencia agotada

 

El 11 de abril y la batalla de las ideas

 

blog comments powered by Disqus

 

Columnista:

 

Miguel González Marregot

Ver perfil
Ver artículos


Sobre Autor