Caracas, Lunes, 21 de abril de 2014

Sección: Política

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Seguridad Pública

Rafael Rivero Muñoz

Lunes, 17 de abril de 2006

Sin ciudadanos, no existe el Estado…,
menos aún puede entonces, existir la democracia

“... El rendimiento económico y político que procura la inseguridad ciudadana, se corresponde –con una cierta simetría– con la incapacidad manifiesta de las políticas públicas de seguridad. Centradas como están –estas estrategias esencialmente reactivas– más en el mantenimiento del orden que en la reducción de la inseguridad, se ven fatalmente precipitadas hacia el castigo y la venganza en detrimento de la prevención, la mediación y la reparación de la solidaridad quebrada...”[1]

Sostengo sin empache, que la evolución social de nuestra comunidad, hoy, en este período que esperamos sea la última expresión del acumulado de más de tres décadas de desaciertos políticos, tiene severas consecuencias. Los habitantes de Venezuela, por nuestro propio hacer y dejar de hacer, nos convertimos en simples moradores de un territorio; por tanto, hablar de Estado y de democracia, no deja de ser una ilusión temeraria; nos engañamos y persistimos en engañarnos a nosotros mismos. No existe Estado ni existe democracia, donde no existe el ciudadano.

Muchos son los temas de reflexión obligados dado el nivel de amenazas, incertidumbre política, social y económica impuesto sobre quienes aún pretendemos vivir como seres humanos y moramos en lo que queda de la Capitanía General de Venezuela –un poco más de 912 mil kilómetros cuadrados y algo más de 25 millones de seres–. Puesto que no somos ni pretendemos ser doctos en rama alguna del saber humano, y únicamente nos apoya la voluntad de hacer unida a una cierta experiencia práctica en el área de seguridad pública, esa es el área seleccionada para sustentar lo pautado como introducción. Auxiliándonos en criterios académicos y políticos de reciente data, abordemos el tema.

Seguridad Pública

Tradicionalmente seguridad pública significa garantizar el orden público, tareas generalmente a cargo de organismos especializados del Estado, entre otros, policías y tribunales. Bajo el amparo de la obsoleta y ya bien superada Doctrina de Seguridad Nacional, propia a la era bipolar, se construyó y funciona aún toda una estructura de seguridad cuyo principal objeto, definido por la misma doctrina, era la seguridad del Estado, esto, frente a enemigos externos e internos. Derivado inapelable de ello, se impone la lógica militar del tipo “guerra a”, puesto que la noción de guerra “... en términos de la seguridad interna supone la existencia de un enemigo interno lo que en no pocos países significa pérdida de garantías ciudadanas, con el consiguiente impacto en la seguridad pública...”[2]. Bajo esa doctrina en consecuencia “... el sujeto amenazado no es el habitante (o el ciudadano), ocasionando que su derecho a desenvolverse diariamente libre de amenazas a su vida como a su integridad física, psíquica, cultural, moral, lo mismo que a sus bienes, se [relega] a un segundo plano. La seguridad ciudadana como derecho humano [está] devaluada. Todo [depende] del grueso y urgencia de las demandas de seguridad de [lo que el gobierno de turno, denomina] la Patria. Los valores la libertad, la justicia, la participación, la equidad, los proyectos de desarrollo, la sindicación, y los partidos políticos, entre otras, [pasan] por la lupa de la seguridad nacional...”[3].

Seguridad ciudadana

En términos académicos, es “... la facultad que tiene toda persona, natural o jurídica, a desenvolverse cotidianamente libre de amenazas a su vida, libertad integral física, física y cultural, lo mismo que al goce de sus bienes. Es un derecho humano, consignado en constituciones, leyes, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y en el caso de América Latina en la Declaración de la OEA en Montrouis “... La seguridad ciudadana –como hechos y concepto– no ha existido siempre. Es en estas últimas décadas que se está efectuando su proceso de transformación a escala mundial, cuyo eje es el posicionamiento de los habitantes como centro de la seguridad y no el Estado...”[4]. Prescribe esta concepción que: “... El primer y esencial elemento es la posibilidad para todos los ciudadanos de vivir en paz y seguridad al interior de sus propias fronteras. Eso implica la capacidad del Estado y sus ciudadanos para prevenir y resolver los conflictos por la vía pacífica y no violenta y, luego que el conflicto es saldado, la habilidad para efectivamente ejecutar el esfuerzo para la conciliación...”[5]; consecuencialmente: “... Los requerimientos de la seguridad hoy en día abarcan la protección de las comunidades y de los individuos de la violencia interna... asegurar que cada individuo tenga las oportunidad de elegir y desarrollar su propio potencial... Ausencia de precariedad en la atención de necesidades básicas, hacer humano libre de angustias y temores, y la posibilidad para las generaciones siguientes de heredar un medio ambiente natural saludable...”[6]

El asunto comienza a ser tratado en el Grupo del Club de Roma en 1970 con la producción de una serie de documentos donde la premisa se concreta en la idea: “... un complejo de problemas angustia y hostiga al hombre en todas las naciones: pobreza, degradación del medio ambiente, pérdida de confianza en las instituciones, expansión incontrolada de las áreas urbanas, inseguridad para el empleo, alienación de los jóvenes, repudio hacia los valores tradicionales, inflación y otros desgarros en materia económica y financiera... El sentido común de la seguridad, requiere que la gente viva con dignidad y en paz, que ellos tengan suficiente para alimentarse y estén capacitados para conseguir empleo y vivir en un mundo libre de pobreza y de miseria...”[7]. La segunda importante iniciativa estuvo en las manos del gobierno canadiense y varios de sus académicos: “... para evaluar el debate sobre la concepción de seguridad, resulta vital definir más específicamente el término. Eso requiere como mínimo, dos cosas: un acuerdo conceptual para la raíz y el significado de seguridad, y una más elaborada especificación del término con la referencia a una serie de cuestiones: seguridad para quién, seguridad en base a cuáles valores, cuánta seguridad, seguridad ante cuáles precisas amenazas y seguridad por cuáles medios... Primero que todo el análisis requiere un básico entendimiento en cuanto a cuál es el problema de seguridad...”[8]. En síntesis, para el gobierno de Canadá, seguridad humana significa ausencia de profundas amenazas a los derechos de los individuos, seguridad para sus vidas: “... Un mundo humanizado donde las personas puedan vivir con seguridad y dignidad, libre de pobreza y de desesperanza, es un sueño para muchos para ser disfrutado por todos. En tal mundo, a todas las individualidades, le estará garantizada la ausencia de miedos y temores, la ausencia de necesidades, con igualdad de oportunidades para el desarrollo de su potencial humano...”[9] Seguridad humana

La formulación “... de la seguridad pública en estos términos comprende la seguridad ciudadana entendida como la seguridad de todas las personas concretamente consideradas; implica por tanto el desarrollo de condiciones que permitan la regulación eficiente de la violencia, individual o social, incluyendo la regulación de la violencia de las propias instituciones del orden público... Por tanto, desde la perspectiva de la seguridad humana adquiere particular relevancia que las políticas de seguridad pública, junto con apuntar al funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones de la seguridad pública en el resguardo de la tranquilidad y del orden público, se orienten hacia la reducción del control policial/penal al mínimo necesario y a asegurar, mediante la regulación jurídica y ciudadana del uso de la violencia por estas instituciones, que su accionar no ponga en riesgo la seguridad de las personas; además de procurar que los conflictos derivados de problemas sociales propios del sistema socio–económico y cultural y del modelo de desarrollo, busquen su regulación y resolución a través de las políticas sociales o de cambios sociales, sin que dichas políticas sean concebidas como parte de la política criminal, aunque puedan tener efectos en la disminución del delito... La seguridad humana constituye una reelaboración que, para que fructifique, tiene que ser hecha desde lo público; supone conceptuar lo público, la soberanía, la ciudadanía en el mundo global. Tiene que ver cómo regulamos y cómo controlamos nuestra convivencia... Debate imprescindible si queremos redefinir la seguridad pública en términos coherentes con la noción de seguridad humana...”[10] Hechos, frente al planteamiento político y académico

Sea uno cualquiera de los términos expuestos, orden público, seguridad de Estado, seguridad pública, ciudadana o seguridad humana, que seleccionemos para analizar en particular y concretar los efectos de la acción y omisión del Estado en sus distintos períodos de gobierno durante los últimos siete lustros –las individualidades actoras en posiciones de poder político, sólo y exclusivamente han disfrutado de los signos exteriores de poder, puesto que éste, el poder, de acuerdo a los resultados, jamás han sido ni son capaces de ejercerlo– nos brinda un mismo resultado: ha sido, es y seguirá siendo el Estado una entelequia y los funcionarios de gobierno, los primeros y principalísimos gestores y actores en la violación de los derechos humanos y del desorden público y la derivada inseguridad objetiva y subjetiva a la cual hemos estado y estamos sometidos los moradores de este territorio. Veamos en los siguientes párrafos, la síntesis ejemplarizante de tal afirmación:

Según Kanti Bajpai[11], siete son los inapelables e insustituibles componentes del moderno concepto de Seguridad Humana:
1. Seguridad Económica, se refiere al disfrute individual de ingresos básicos, sea por medio de empleo remunerado, sea por la vía de la red de asistencia social.

2. Seguridad a la Alimentación, se refiere al acceso individual a la alimentación por la vía de sus propias capacidades, empleo e ingresos 3. Seguridad de la Salud, la capacidad individual de estar libre de las múltiples epidemias y enfermedades debilitantes y el acceso a la atención sanitaria.

4. Seguridad Ambiental, la integridad del territorio donde habita, aire, agua, que haga la vida humana posible 5. Seguridad Personal, el derecho a no ser víctima del crimen y de la violencia, especialmente en el caso de los más vulnerables, mujeres y niños 6. Seguridad de la Comunidad, se refiere a la dignidad cultural, y a la paz entre las comunidades donde los individuos nacen y crecen.

7. Seguridad Política, la protección contra toda violación del derecho humano.

Inseguridad

Siete son, consecuencialmente, las realidades de la vida diaria que despojan al venezolano de su carácter de ciudadano, para lanzarlo sin contemplación, a una disminuida condición de simple morador de un territorio, que no Estado o simple país en el concierto de naciones del mundo:
1. No puede existir seguridad humana en el ámbito económico para los integrantes de una comunidad de pobladores de un territorio donde se registra en el último año sujeto a observación (2003), un índice de desempleo por sobre el 18 %, un subempleo (buhonería) por sobre el 53%; unido a una cesta básica alimentaria cuyo valor monetario está por sobre el millón de bolívares; donde no existe una legislación para un Régimen de Pensiones que beneficie a todos los habitantes por igual, y donde una dinámica perversa en la relación laboral, despoja impunemente al trabajador de sus haberes o parte importante de ellos. Los fondos líquidos acumulados por el trabajador en el inestable sistema de prestaciones sociales, que debieran serles cancelados junto con la carta de despedido –puesto que es el objeto primordial de ello, es para permitirle al trabajador una capacidad económica para su sustento y el de sus dependientes durante el lapso que requiera mientras consigue otra nueva ubicación laboral–, pero le son ilegalmente retenido por el empleador –especialmente el Estado–, y sólo luego de un largo e interminable proceso de negociación, o por la vía jurisdiccional, que no tarda menos de tres años, es posible que le sean dispensados esos fondos, pero, con una determinante característica: en la entrega del valor nominal de esos fondos, aún indexados y pagados los intereses, se ignora por completo el concepto de valor de oportunidad –es decir, la cantidad de bienes que pudiere haber adquirido el trabajador para el momento en que se causa la deuda del empleador con respecto al trabajador– y generalmente cuando los recibe, su valor monetario –traducido en la cantidad real de bienes que puede adquirir en ese momento–, comparado con aquel momento del pago final, es, en el mejor de los casos, inferior al cincuenta por ciento; de ello deberá deducir, luego, los honorarios de abogados y aquellas erogaciones (o comisiones) extraordinarias que deberá prometer y hacer efectivas para agilizar los trámites para recibir el pago.

2. No puede existir seguridad humana en el ámbito de la alimentación, si en términos prácticos, para cubrir la canasta o cesta básica –que no la normativa– el trabajador requiere de ingresos mensuales equivalentes a no menos de dos y medio a tres salarios básicos. Es decir, el grupo familiar del trabajador requiere que por lo menos tres de sus integrantes devenguen por lo menos, cada uno, un salario mínimo.

3. No puede existir seguridad humana en el área de la salud, si el desastre sanitario y hospitalario generalizado en todo el territorio tiene como consecuencia inmediata para la población y en especial la de menos recursos, el resurgimiento de enfermedades y epidemias que ya habían sido superadas cinco años atrás –tal es el caso del paludismo, tuberculosis, mal de chagas–; si los hospitales públicos, aparte del estado deplorable de instalaciones y equipos, de la severa ausencia de asepsia, están absolutamente desprovistos de los insumos básicos para brindar el servicio de una atención médico–clínica medianamente eficiente. Hasta el punto de que, cualquiera sea el morador del territorio que acuda a solicitar atención médico–hospitalaria de emergencia y de cualquier género en uno u otro de estos hospitales para ser atendido a medias, deberá adquirir antes de su propio peculio, instrumental, medicinas, sábanas, almohadas, vestimenta individual, y la familia suministrarle además los insumos y medicinas, y la alimentación diaria del paciente mientras dure su tratamiento y hospitalización.

4. No puede existir seguridad humana ambiental en un territorio donde la ausencia del ejercicio del control e imposición de las normas de regulación para la construcción de habitaciones, por parte de los responsables de la Administración, ha permitido y permite en las ciudades más importantes del país, la edificación de rancheríos en áreas que carecen totalmente de servicio de agua potable y cloacas, produciéndose con ello un hacinamiento cada vez mayor de concentraciones humanas en laderas, cauces de agua y terrenos inestables, no aptos y frágiles, que en cada época de lluvias cobra buena cuota en pérdida de vidas humanas y de bienes; situación que se arrastra desde hace más de quince años y que está vigente y potenciada. El mejor exponente lo constituye la llamada Tragedia de Vargas en 1999. Imposible aceptar la vigencia del concepto de seguridad ambiental, en la ciudad de Caracas cuyas vías públicas en su centro geográfico plena de buhoneros e indigentes, se encuentran saturadas por toneladas de basura desparramada, abierta y a la intemperie, de desechos orgánicos, entre otros, derivados de alimentos en estado de descomposición, de excrementos producto de las defecaciones y el orine de una población de buhoneros e indigentes que a falta de sanitarios, lo hacen y acumulan en la vía pública.

5. No puede existir seguridad humana al interior de una sociedad donde la violencia criminal cada vez más extendida a lo largo y ancho del territorio, hace estragos. Casi 40.000 homicidios en los últimos cinco años, más de 11.000 asesinados en el año 2003 –no menos del 90% de ellos a tiros–; lo que impone una tasa de homicidios que ya alcanza a más de 40 muertos por cada 100 mil habitantes, y una de secuestros –no incluidos los llamados express– que se ubica en un secuestro cada 41 horas año (2003).

6. No puede existir seguridad humana en el ámbito de la vida en comunidad, si la política adelantada por el gobierno de turno desde hace ya cinco años, consiste precisamente en sectorizar y dividir la población de un mismo territorio en dos grupos enfrentados, y dispuestos a la aniquilación de uno u otro si llegare la oportunidad. Hasta el punto de que, para integrantes de ambos sectores enfrentados constituye severo riesgo de ser objeto de violencia, si por alguna circunstancia se hace presente o transita por el territorio del sector opuesto donde no se le conoce ni al cual pertenece. En nombre de una supuesta revolución, supuestos representantes del sector identificado como el de menores recursos y, supuestamente, afectos al gobierno, toman por la fuerza y se apropian de calles, avenidas, plazas y otros lugares públicos, dañan o destruyen bienes públicos y privados; mediante el uso de la amenaza, con la abierta exhibición de armas, artefactos explosivos y del uso de la violencia directa sobre personas y los bienes, impiden el libre tránsito de vehículos y personas y de cualquiera que no esté suficiente, pública y abiertamente identificado con los intereses del gobierno, a los efectos, catalogados como “enemigos del proceso”.

7. No puede existir seguridad y respeto por los derechos humanos, en una comunidad donde –para señalar sólo una de las más aberrantes y consuetudinarias prácticas– en nombre de una supuesta guerra contra el delito y los delincuentes, y donde los más altos cargos de la Administración –central, regional o local– proponen y abogan impúdica y públicamente –el “Plomo al Hampa”– por la muerte de todo aquel morador del territorio que tenga características o sea que pueda ser catalogado como delincuente,. pre-delincuente, azote de barrio o, simplemente, como individuo con antecedentes policiales. Así se concreta y materializa en la sostenida aplicación sumaria de la pena de muerte o ejecuciones extrajudiciales: mediante el secuestro, la falsa detención, la tortura y la masacre a tiros, la desaparición forzada de personas. Actos todos ejecutados por funcionarios policiales –uniformados o no– de mediana y menor jerarquía y haciendo éstos abierto y libre uso de equipos, vehículos, credenciales, armas, municiones, de instalaciones propiedad y bajo custodia del Estado. Por tanto –por acción y omisión–, derivado inapelable de ello, con el silencio, el aval y el apoyo de los cuadros medios y cuadros superiores de los mandos policiales, a lo cual se agrega, la anuencia o tolerancia de toda la estructura funcional del Estado, contada desde los responsables políticos del alto gobierno en el área de la seguridad pública, los ministros del área, hasta alcanzar la responsabilidad derivada, al propio Presidente de la República. Tal es el caso de no menos de dos mil personas –que se conozca por los medios de comunicación y por los informes de algunas ONGs–, y absolutamente en ninguno de tales casos, antes, durante o después de ocurridos, ningún representante de la Fiscalía General, de la Defensoría del Pueblo, ningún jefe policial, representante alguno del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, en no menos de cinco años, ha emitido pronunciamiento alguno; menos aún, adoptado o hecho adoptar medida alguna para contener o detener las matanzas en ninguna entidad del territorio venezolano. Matanzas que por su número, secuencia, continuidad, tipología de víctimas y modalidad bordean sino están ya dentro de los términos universales definidos y prescritos para el delito de genocidio.

Concretando

Resulta pues irrefutable, el resultado de esa reflexión o síntesis pragmática, que nos lleva a titular esta nota.

Visto los términos en que la academia en el mundo moderno concibe la seguridad humana en la post Guerra Fría; comparados éstos con las realidades a la cual hemos estado y estamos enfrentados todos los moradores fijos o en tránsito por este territorio, tanto como hombre común en particular y como miembro de la comunidad venezolana en su conjunto en los últimos treinta y cinco años, no nos queda otra alternativa que preguntarnos: ¿Cual Estado?; ¿cuál país?; ¿cuál sociedad?; ¿cuál democracia?; ¿cuál ciudadano?.

Si como ha quedado evidenciado de la lacónica comparación entre los elaborados conceptos modernos sobre la seguridad humana y la realidad que ineludiblemente a diario se vive, no podemos concluir sobre otro esquema que el de considerar que, quienes habitamos en el espacio geográfico de lo que nos queda de la original Capitanía General de Venezuela, perdido como comprobado ha quedado nuestro carácter de ciudadanos, no pasamos jamás de ser más allá de: simples moradores de un territorio.

Consecuencialmente

Este el marco de referencia para propios y extraños y el que tenemos. Sobre el que deberemos incidir, modificar y trabajar quienes, de una u otra forma, pretendamos, en consecuencia, recuperar alguna vez en el futuro la condición de ciudadanos de un país. Militantes proactivos de nuestra propia obra en la construcción de una verdadera sociedad moderna y de un reconocible, reconocido y respetable gentilicio. Es por la insustituible acción continua y sostenida de todos y cada uno de los que ahora sólo somos moradores, y por la dinamizada vía de imponer –por todas los medios posibles y a nuestro alcance, a diario, en cada minuto o circunstancia y por encima toda otra consideración– sobre quienes pretendan –individualidades, partidos o corporaciones políticas, sociales, económicas, militares o religiosas– asumir el compromiso de dirigir desde el poder la consecución del objeto de ese empreño, si es que alguna vez la sociedad civil en general y cada uno en particular, independiente de condición social, económica o profesional, lo asumen como tal.

No sólo y exclusivamente es el de hacerlos ejercer el poder legal en todos y cada uno de los niveles de mando dentro de las estrictas normas que lo regulan, sino más trascendente aún, la principalísima acción del y de los ciudadanos, obligar a rendir pormenorizada y periódica cuenta tanto de los compromisos asumidos como de los resultados, reales y tangibles, obtenidos de su desempeño. En materia de seguridad pública, ciudadana y humana, comenzando por el nivel local, el más cercano al ciudadano, el Alcalde, el Jefe Civil de la Parroquia, el Jefe de la Policía Local; son jerárquicamente los responsables directos del hacer y dejar de hacer de cada funcionario; por sobre ellos están los otros poderes del Estado que también deberán ser exigidos de asumir las responsabilidades de mando y conducción de la Administración en materia de seguridad. En esta acción de los ciudadanos, los medios de comunicación son una herramienta, pero, no se puede desdeñar a los efectos de la continuidad en el esfuerzo en función de un preciso objetivo “... el poder fascinador del desastre, una vez convertido en producto mediático... basta un destello de destrucción para acaparar nuestra mirada hipnótica. Como un buen ilusionista, el desastre distrae la atención de un público sediento de emociones para, de esta forma, hacer que desaparezca de la escena el complejo proceso de creación y desarrollo del riesgo (cadena causal) que lo ha provocado, así como la aún más compleja trama de responsabilidades y complicidades...”[12]

Vía de acción

Electos o selectos, no existen ni pueden existir medias tintas, zonas oscuras o alternativas para evadir las responsabilidades políticas del funcionariado –derivados legales del ejercicio de los cargos para los cuales se juramentan–, asumir que, o cumplen unos y otros con sus deberes y obligaciones y a satisfacción del ciudadano, o salen del cargo, sea por la vía de la destitución, por la vía de la renuncia, por la vía de juicios por ante la jurisdicción; o sea, por la vía de una escalada en la presión y la movilización ciudadana. En sus estadios iniciales, por medio de la demanda particular de los o el afectado –verbal y escrita– en cada caso, a falta de respuesta, por la demanda de resultados canalizada y sostenida por la vía de los medios de comunicación, pasando luego a las acciones de calle, y en última instancia, por el camino de la desobediencia civil. Se trata de un proceso político –continuo y sostenido– de movilización social que debe adelantar la ciudadanía, por principio, en la búsqueda de los mejores para la administración de su seguridad y, derivado de ello, por la paz, el sosiego y el disfrute de las oportunidades, que brinda la condición de ciudadanos en una verdadera dinámica democracia..

Si queremos edificar y mantener la condición de País, de Estado, de Democracia y de Ciudadanía, el poder político no puede ni debe seguir exclusivamente en manos de privilegiados que no rinden cuenta periódica de su labor y bajo la égida de quienes al más alto nivel político, ejercen los cargos a su libre saber y entender. En un Estado de ciudadanía moderna el poder político, según la norma vigente, está, debe estar y estará –si es que alguna vez salimos de nuestra cómoda posición de moradores de un territorio y asumimos todos nuestra pretensión y responsabilidad ciudadana– en manos de la principal víctima o beneficiario de las ejecutorias del poder político: el Ciudadano.

Toda comunidad humana, tiene el gobierno que se merece

No esperemos ni pidamos entonces otra vez, como constantemente lo hicimos en el pasado, que otros –gobiernos extranjeros, grupo de amigos, líderes, caudillos, iluminados, mesias, revolucionarios, parlanchines, payasos o patanes– hagan por nosotros lo que nosotros no hemos sido o no somos capaces de hacer. Ganémonos nuestra incuestionable e indiscutible condición de ciudadanos de un país; construyamos las oportunidades con el poder que tenemos en nuestras propias manos, y la decidida voluntad para asumir los riesgos. Hagámoslo, nosotros mismos.

Notas:

[1] Jaume Curbet .Instituto Internacional de Gobernanza; editor de Gobernanza y Seguridad Sostenible; Nº 14, 2 de diciembre de 2003
[2] Mauiricio Salinas Escobar; Loreto Hoecker; “La seguridad pública desde la perspectiva de la seguridad humana”; Gobernanza y Seguridad Sostenible; Nº 6, 27 de agosto de 2002
[3] Marco A. Valle Martínez. “Notas sobre la seguridad ciudadana”; Gobernanza y Seguridad Sostenible; Nº 8, 17 de diciembre de 2002
[4] Marco A. Valle Martínez, citado
[5] Sadako Ogata; United Nations High Commissioner for Refugees at the Asian Development; “Inclusión o Exclusión: Social Development Challenges For Asia and Europe”; Bank Seminal 27 de abril 1998
[6] Kofi Annan; Secretario General de las Naciones Unidas, 8 al 10 de mayo de 2000
[7] Kanti Bajpai; Associate Professor, School for Internationa Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi; “Human Security: Concept and Measurement”, Kroc Institute Occasional Paper, 1 de agosto de 2000
[8] David Baldwin; citado por Kanti Bajpai
[9] Definición del Gobierno de Canadá
[10] Mauiricio Salinas Escobar; Loreto Hoecker, citados
[11] Kanti Bajpai, citado
[12] Jaume Curbet, citado, 25 de junio de 2002

rriveromunoz@yahoo.com

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