Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

Sección: Política

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Estado Comunal

Gustavo Tarre

Viernes, 23 de noviembre de 2012

Dirán los lectores que no debemos ser tan pesimistas, que en el futuro podrán coexistir las unidades productivas comunales con las empresas privadas.  Es posible, pero ¿en qué condiciones?







   Foto: Google

En octubre de 1917, el partido bolchevique toma el poder en Rusia con la consigna de “todo el poder para los soviets”.  Los soviets revolucionarios habían surgido en la revolución de 1905 como consejos de obreros, campesinos y soldados.  A la larga dieron origen, bajo la conducción de Lenin, al Estado Soviético.

En el Programa de Gobierno del Presidente Hugo Chávez se establece la creación del Estado Comunal y se fija como meta concreta la creación, en este período constitucional, de 3000 comunas en las que vivirá el 68 % de los venezolanos.  21.000 consejos comunales se sumarán a los 30.000 ya existentes.  Este breve enunciado bastaría para captar la atención del lector, pero agreguemos, por si hiciera falta,  que Chávez ofreció en ese mismo programa “pulverizar” al Estado burgués y que en su concepción de la futura organización socioeconómica, el  modelo descansa sobre  “la propiedad social”.  ¿De qué se trata?

UN PLANTEAMIENTO INCONSTITUCIONAL

Empecemos por señalar que el Estado Comunal no está previsto en la Constitución.  No aparece en el Capítulo relativo a la división política y tampoco figura en el Título IV relativo al Poder Público.  Ni la palabra “comuna”, ni las palabras “estado comunal” pueden leerse en ninguna de las 370 disposiciones que integran nuestro Texto Fundamental.

El Presidente de la República, sin embargo, cree encontrar un fundamento en la Carta Magna (Consejo de Ministros del día 26 de noviembre): Se trata del artículo 308 que reza:

 “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.”

 Dejamos a juicio del lector esta audaz interpretación…

Lo que sí es cierto es que no se trata de una nueva ocurrencia del Jefe del Estado.  Ya en el año 2007, en la propuesta de reforma constitucional, se incluía (artículo 136) lo siguiente:

"El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Éste no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos estudiantiles, consejos campesinos, consejos artesanales, consejos de pescadores y pescadoras, consejos deportivos, consejos de la juventud, consejos de adultos y adultas mayores, consejos de mujeres, consejos de personas con discapacidad y otros entes que señale la ley".

Era la famosa “Nueva Geometría del Poder que el pueblo venezolano rechazó.

A pesar de ello, el 9 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional unos días antes de culminar su mandato y pocos días después de la derrota oficialista en las elecciones parlamentarias, sancionó la Ley Orgánica del Poder Popular.  También fueron aprobadas las siguientes leyes (por la Asamblea o través de la Ley Habilitante:

-          Ley Orgánica de las Comunas

-          Ley Orgánica de Economía Comunal

-          Ley Orgánica de Contraloría Social

-          Ley Orgánica de la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones.  

-          Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal.

Dos años antes, se había sanciona la Ley Orgánica de los Consejos comunales.

 

En este conjunto de leyes encontramos toda la armazón jurídica del Estado Comunal, ya incorporada, casi de manera subrepticia, al derecho positivo venezolano a pesar de la disconformidad con la Constitución y en contra de la voluntad popular claramente expresado en el referéndum del año 2007. 

Pero no nos limitamos a constatar que el Estado Comunal no está previsto en la Constitución, tenemos que agregar que toda su arquitectura contraviene disposiciones expresas del Texto sancionado en diciembre de 1999 y que no pudo ser modificado en el año 2007. 

Por lo pronto, investiguemos a qué  se refiere el régimen cundo propone el “Estado comunal”.  En el numeral 8 del artículo 8 de la citada Ley Orgánica del Poder Popular nos conseguimos con la siguiente definición: 

 “Forma de organización político-social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en una sociedad socialista.  La célula fundamental de conformación del Estado comunal es la Comuna”  

 

En esta breve definición, a la que se añaden  los contenidos de las diferentes leyes antes citadas, encontramos evidentes  violaciones de la Constitución.  Veamos:

1)       La meta es alcanzar “una sociedad socialista” lo que contraviene el artículo 2 de la Carta Magna en el cual se establece el pluralismo político como “valor superior de su ordenamiento jurídico y de su actuación”. ¿Qué pasaría en la jurisdicción de una comuna con los habitantes que no sean socialistas?

2)      La sociedad socialista y el ejercicio del poder directamente por el pueblo viola abiertamente el contenido del artículo 6 de la Constitución en el cual se enumeran las características del “Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen”: Ese gobierno “es y será siempre” democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.  En los artículos 4 y 11 de la misma ley de Comunas se señala que los voceros de las comunas son electos por Asambleas de ciudadanos mediante votación popular. La exclusión del Poder Electoral de la “organización, administración, dirección y vigilancia” de estos procesos electorales es contraria al artículo 293, ordinal 5, de la Carta Magna pues se trata de elegir “cargos de representación popular de los poderes públicos”.

3)      Al establecer que en el Estado Comunal “el poder es ejercido directamente por el pueblo se viola el artículo 5 del Texto Fundamental en el cual sólo se permite el ejercicio directo de la soberanía “en la forma prevista en esta Constitución”. Debe agregarse que la elección en varios grados de los llamados “voceros” del poder popular difícilmente puede llamarse democracia directa.

4)      Según el artículo 4 de la Constitución,  “la República de Venezuela es un Estado federal descentralizado y según el artículo 136 “el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional”.  No se menciona el poder comunal.  No puede haber descentralización si los entes descentralizados no son autónomos.  Tampoco puede haber descentralización si a los estados y municipios se les priva de sus competencias y recursos por mandato de una Ley nacional.  Nos referimos a la Ley Orgánica de la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones que es una evidente  violación del artículo 184 de la CN) y se somete a los poderes públicos estadales y municipales “al principio de gobernar obedeciendo” en virtud del cual los gobernadores, consejos legislativos, alcaldes y concejos municipales deben acatar los mandatos de “los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del poder popular” (artículo 24 de la LOdPP)-.

5)      Dice la definición antes citada que se propone “un modelo económico de propiedad social”.  La Constitución no rechaza la propiedad social pero garantiza el derecho de propiedad privada (artículo 115), dando a toda persona “el derecho al uso goce, disfrute y disposición de sus bienes”.  Al definir el régimen socioeconómico de la República (artículo 299), encomienda al Estado “conjuntamente con la iniciativa privada” el desarrollo armónico de la economía nacional.  En la Ley Orgánica de Economía Comunal, se establece que la propiedad comunal incluye: 

a)      Las empresas de propiedad directa comunal.

b)      Las empresas de propiedad indirecta comunal (empresas públicas).

c)      Las unidades productivas familiares y

d)      los grupos de intercambio solitario (trueque).

¿Dónde queda la empresa privada en esas 3000 comunas que van a establecerse?  La iniciativa privada y la propiedad privadas de los medios de producción y comercialización se ven abolidas en un ámbito que abarcará para el final del sexenio,  dos tercios de la población y no sabemos qué extensión del territorio nacional.

 

6)      No se puede decir que la célula fundamental” del Estado Comunal es la comuna.  Según el artículo 168 de la Constitución, “los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional”.

7)      La Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal transfiere los actuales juzgados de paz al ámbito de los consejos comunales, lo que viola el ordinal 7 del artículo 178 que incluye la Justicia de Paz entre las competencias del Municipio.

8)      “La constitución es la norma suprema”, dice el artículo 7 y los órganos del poder público están sujetos a ella.

 

ESTADO COMUNAL Y  SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

 

El sistema comunal  ha sido del modelo tradicional de organización de los estados comunistas chino y soviético.  El que se pretende instaurar en Venezuela es una copia fiel de los consejos del poder popular contemplado en la Constitución de Cuba  en sus artículos 103 a 119.  Se inspira en las comunas chinas y en los soviets del inicio de la revolución bolchevique. Todo esto se ve arropado bajo el “manto” del socialismo y de la “doctrina de Simón Bolívar”.  La inspiración bolivariana, constantemente reiterada es un mero saludo a la bandera pues los autores de estas leyes no pudieron encontrar una sola cita de El Libertador en la que puedan fundamentar sus propuestas, que no sea el logro de “la mayor suma de felicidad posible” que dicho sea de paso, encuentra su origen fundamentalmente en el pensamiento liberal.

  La Ley de Comunas define al socialismo de la siguiente manera:

Artículo 4, numeral 14:   “Socialismo: Es un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social  sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.”

 Los estado comunistas adoptan una forma centralizada, en donde existe un poder nacional, central fuerte y un poder local atomizada, con divisiones territoriales pequeñas reguladas, autorizadas y financiadas por el gobierno central. Esas divisiones locales tienen voceros o representantes designados en asambleas o por votación de los miembros de la localidad, postulados por un solo partido y en las que el secreto del voto nunca está garantizado. 

Según la Ley Orgánica del Poder Popular (artículo 32),  las Comunas son organizadas, registradas, financiadas y supervisadas desde el poder central, a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, con lo cual no tienen autonomía alguna. Bajo la consigna de que el poder se le otorga directamente al pueblo, lo que se pretende es concentrar la toma de decisiones en el poder central.

Las Comunas como sistema de organización político-territorial,  estarán coordinadas por un ministerio perteneciente al poder central, con un ministro designado por el Presidente de la República, que dicta los reglamentos que desarrollan la ley. El Ministerio se encargará del registro de cada comuna, le asigna los recursos que se requieran para cada proyecto, previa aprobación del Consejo Federal de Gobierno, y ejerce un control real del Estado  sobre ellas.

Por último, es muy importante recordar que la Ley  prescribe que la carta fundacional de cada comuna debe ser aprobada por la vía de un referendo en el que votan los habitantes del área geográfica en la que se ubica el ente. Se habla de un registro electoral pero pareciera que no se trata del Registro Nacional que lleva el CNE y no se dice que es el Poder Electoral el órgano encargado de organizar la elección. Esta disposición legal no ha sido aplicada para las comunas ya existentes.

LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA

Ya señalamos el carácter inconstitucional del “modelo económico de propiedad social”.  Pero, más allá de la valoración jurídica, nos debemos preguntar ¿qué se propone el Gobierno?

El “Programa de la Patria” es la referencia obligada:

A diferencia de programas anteriores y del Proyecto Simón Bolívar 2007-2013, no se asigna en la propuesta a los electores para el 7 de octubre de 2012, un rol específico al sector privado nacional de la economía.  Se enuncian y desarrollan grandes planes en materia de petróleo, de gas, de minería, de petroquímica, de siderúrgica, de aluminio, de generación eléctrica, de industrias livianas, de desarrollo agropecuario, de investigación tecnológica.  En la explicación del programa, que a veces es muy detallada, nos encontramos sólo con dos referencias a la actividad privada: El importante papel asignado a una puntual inversión extranjera, proveniente de un número limitado de países amigos y sólo en ciertos ámbitos, pero poca o ninguna mención a las empresas nacionales.  Sólo nos topamos con un pequeño párrafo en el que  se anuncia la intención de fortalecer mediante “un sistema de estímulos a las pequeñas y medianas empresas privadas”.  Eso es todo.

Nada se dice sobre nuevas expropiaciones pero ellas están implícitas a lo largo de las 39 páginas.  Se trata de democratizar los medios de producción para colocarlos al servicio de la sociedad mediante “el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos”.  No se nos explica cómo se determina cuáles son esos sectores básicos y estratégicos.  Pero sí se anuncia el fortalecimiento de “los grandes polos socialistas de producción primaria; la consolidación  “del aparato agroindustrial bajo el control de empresas socialistas”; la aparición de un “nuevo metabolismo” que conduzca a “nuevas formas de organización de la producción que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción”;  así como también, el “control estatal de las empresas mineras”. 

¿Qué nos dicen las leyes del Poder Comunal, cuyo incumplimiento desató recientemente la ira presidencial?

Ya señalamos que en las organizaciones productivas de las comunas sólo hay espacio para un solo sector de la economía privada: las unidades productivas familiares, que tampoco son una clara expresión de la libre empresa pues deben inscribirse y ser aceptadas por el Ministerio de las Comunas.

En el ordinal 3 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Economía Comunal se establece que el Sistema Económico Comunal   se alcanzará a través de formas de organización socioproductiva, comunitaria y comunal dentro del marco del “modelo productivo socialista  En el ordinal 9 del mismo artículo se asigna carácter obligatorio a la “reinversión social del excedente”.

Más adelante el ordinal 12 del artículo 6 define al modelo productivo socialista de la siguiente manera:  “modelo de producción basado en la propiedad social, orientado hacia la eliminación de la división social del trabajo propia del modelo capitalista”. Todos recordamos el concepto marxista de división social del trabajo.

Estas lecturas nos permiten afirmar que en el sistema de economía comunal no cabe la empresa privada.

Algunos han querido ver en las comunas de Chávez un resurgimiento del socialismo utópico libertario y se ha recordado el falansterio de Pierre Joseph Proudhon.  No es así.  La comuna chavista es de corte leninista, fidelista o maoísta y encuentra su principal característica en el férreo control que sobre ella ejerce el Poder Ejecutivo Nacional,  que les permite nacer, las supervisa y financia.  Una comuna no tiene vida sin la aprobación del Ministerio del Poder Popular que se ocupa de la materia.

La ley sanciona con pena de prisión a quien realice “propaganda o publicidad subliminal, falsa o engañosa sobre los bienes, servicios y saberes del Sistema Económico Comunal”.  Además en el “Programa de la Patria podemos leer que se creará  un cuerpo de 4500 inspectores,  políticamente entrenados, para la supervisión de los consejos comunales, así como 250 salas de batalla social y 43.029 Comités de Prevención. 

Dirán los lectores que no debemos ser tan pesimistas, que en el futuro podrán coexistir las unidades productivas comunales con las empresas privadas.  Es posible, pero ¿en qué condiciones?  El artículo 22 de la Ley de Economía Comunal ordena que los órganos del Poder Público nacional, estadal y municipal den prioridad a las organizaciones productivas comunales para la adquisición de bienes, contratación de obras y prestación de servicios.  Es decir que no hay libre competencia.  El artículo 74 de la misma Ley da a las empresas comunales prioridad para la obtención de divisas. Todo ello sin hablar de que estas empresas de producción social no pagan impuestos y no tiene sino una sola traba para constituirse: la ya citada aprobación del ministerio.  La propiedad privada que subsista continuará sometida a todos los controles que hoy en día existen y, con la futura Ley de los Consejos de Trabajadores, habrá una participación de los trabajadores en la conducción de cada una de ellas.

CONCLUSION

¿Se van a cumplir estas leyes? ¿Se pueden alcanzar estos objetivos?  ¿Gozaría Hugo Chávez de la salud y energía para acometer esta gigantesca transformación del país?  ¿son realistas las metas que se proponen?  ¿Hay alguna rigurosidad en su determinación y cuantificación?  ¿Cómo reaccionará el tejido social y qué resistencias impondrá la realidad económica?

No lo sabemos y podríamos sospechar que la respuesta puede ser más negativa que positiva.  Pero concluimos con esta frase de Joaquín Marta Sosa relativa a los programas de gobierno y que podemos extender a las leyes aprobadas:

“Un programa para gobernar es mucho más útil para conocer la naturaleza e intenciones de quien lo propone que para informarnos de aquello que va efectivamente a realizar.  Visto en esa perspectiva el proyecto del candidato oficialista es revelador como una radiografía de altísima resolución. Se trata de un texto enmarañado, tejido a la manera de aquella indigerible pedagogía que obligaba a los maestros a tenerlo todo sobre el papel, sin fisura ninguna, de tal manera que el plan de asignatura asfixiaba cualquier vital  circunstancia, días, personas y acontecimientos. La consigna implícita era la de que si la realidad no encaja en el plan, peor para la realidad porque el plan le va a retorcer el cuello.”

Nuevamente recordamos que si algo caracteriza al actual Presidente de Venezuela es anunciar muy claramente lo que piensa hacer.  En  el Programa presentado por Chávez Frías en el momento de inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral se dice que “es difícil saber cuándo despuntará tan grandioso horizonte”, pero citando al Eclesiastés se precisa:  “todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora”.

 

gtarre@gmail.com

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