Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Internacionales

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No Intervención

Juan Carlos Sainz Borgo

Sábado, 4 de mayo de 2013







   Foto: EFE
La no injerencia en los asuntos internos de los Estados es una de las piedras fundamentales del derecho internacional clásico. Y hago la diferencia entre el clásico y el más contemporáneo, por que en décadas recientes, los propios Estados miembros de la comunidad han desarrollado un cuerpo normativo y doctrinal que permite, en contados y bien explicados casos, interferir en los asuntos internos de un Estado. Estas excepciones son básicamente la protección de los derechos humanos de la población de un país y por extensión, el evitar la comisión de crímenes internacionales que hoy forman parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

La acción internacional para evitar todos estos delitos se construyó alrededor de lo que se conoció hace algunos años como la Responsabilidad para Proteger (R2P por sus siglas en inglés) que permite la actuación de la comunidad internacional organizada para reprimir esos crímenes.

En nuestro continente, por ejemplo, los Estados miembros de la OEA consideraron importante extender esa capacidad de intervenir cuando la democracia como forma de gobierno ha sido rota, tal y como establece la Carta Democrática Interamericana.

Toda esta revisión doctrinaria y legal tiene como objetivo dar base legal al rechazo de las declaraciones de algunos jefes de Estado y ex jefes de Estado sobre la situación electoral que se vive en Venezuela luego de las elecciones en abril pasado.

Las declaraciones, por ejemplo, del presidente Rafael Correa constituyen un ejercicio de intervención absolutamente inaceptable por parte de la comunidad democrática del hemisferio y del mundo entero. Calificar a Henrique Capriles como golpista, coloca al representante del pueblo de Ecuador en una difícil posición, frente a un gobernador electo de un estado de la Federación Venezolana y que además, según las cifras del CNE solo tiene 1,48% menos que Nicolás Maduro, la persona que permaneció en el ejercicio de la presidencia de la República.

Lamentablemente las declaraciones de Rafael Correa no son las únicas que se han dado en los últimos años, pero desgraciadamente son de las más graves, ya que provienen de un presidente de un país política e históricamente muy ligados al nuestro y no emiten un juicio sino que acusan de un delito. Sólo basta con recordar las declaraciones de Álvaro Uribe, Lula Da Silva o en menos medida Cristina Fernández, para reconstruir rápidamente la dimensión del problema al que estoy haciendo referencia.

Responsabilidad en velar por los derechos humanos, sí; denunciar crímenes y atrocidades contra lapoblación, sí; ayudar a buscar una solución a un gran conflicto con dialogo, sí; intervenir por un partido o una facción en un conflicto, no.

Definitivamente no.

juan.sainz@ucv.ve

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