Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

Sección: Internacionales

ENVIAR A UN AMIGO  |  ENVIAR AL DIRECTOR

Informe que la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela presenta para la consideración del Consejo Permanente de la OEA

Actual situación en Venezuela

Jueves, 30 de mayo de 2002

“En esta hora, cuando las tensiones políticas han alcanzado elevada temperatura, el diálogo es la única vía para encontrar soluciones a los conflictos de intereses”.

Washington D.C., Martes 28 de mayo de 2002

I. Antecedentes

Venezuela sufrió el 11 de abril de 2002 un golpe de Estado que significó una interrupción abrupta del orden democrático y constitucional.

La Comunidad Internacional condenó estos hechos. El Hemisferio parecía retrotraerse a aciagas situaciones del pasado, signadas por el quebrantamiento de las libertades fundamentales y el irrespeto a los derechos humanos. Durante las cuarenta y ocho (48) horas, que el gobierno de facto permaneció en el poder, los golpistas mostraron su naturaleza represiva y antipopular.

Los Jefes de Estado de los países miembros del Grupo de Río, reunidos en San José de Costa Rica, el 12 de abril de 2002, cuestionaron la ruptura del orden constitucional, e instaron a la normalización de la institucionalidad democrática. Asimismo, solicitaron la convocatoria a una sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Este foro político, reunido el 13 de abril en la ciudad de Washington D.C., adoptó la Resolución CP/RES. 811 (1315/02) titulada “Situación en Venezuela”, mediante la cual también condenó la alteración del orden constitucional y convocó a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

El día 18 de abril de 2002, se realizó, en Washington, D. C., el Vigésimo Noveno Período Extraordinario de Sesiones. Histórica la decisión tomada. Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Jefes de Delegación, aprobaron la Resolución AG/RES.1 (XXIX-E02) denominada: “Apoyo a la Democracia en Venezuela”, mediante la cual expresaron su “satisfacción por el restablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del Presidente Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela”. Manifestaron “la determinación de los Estados Miembros de seguir aplicando, con estricto apego a la letra y al espíritu; y sin distinción, los mecanismos previstos por la Carta Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la democracia representativa, reiterando el rechazo al uso de la violencia para sustituir a cualquier gobierno democrático en el Hemisferio”. Respaldaron “la iniciativa del Gobierno de Venezuela de convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones”, y exhortaron “a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen en el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela...”.

Por otra parte, los Cancilleres encomendaron al Consejo Permanente de la Organización presentar “un informe global sobre la situación en Venezuela al próximo período de sesiones de la Asamblea General”. En cumplimiento de ese mandato la reunión de hoy aprobará el Informe.

En este contexto, nuestra Delegación presenta las consideraciones que tiene el Gobierno de Venezuela sobre los trágicos y desafortunados hechos ocurridos y las políticas que se adelantan actualmente para lograr la plena normalidad institucional en nuestro país.

II. Restitución del orden constitucional

Como es del dominio de la Comunidad Internacional, un clamoroso movimiento popular, en alianza con una Fuerza Armada Nacional, apegada a los valores fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, logró el restablecimiento del orden constitucional y restituyó en la primera magistratura al Presidente Hugo Chávez Frías. Hecho inédito y sin precedentes en la historia política de nuestro Continente. Gobernantes democráticamente electos fueron removidos del ejercicio de sus funciones mediante golpes de Estado, sin que inmediatamente aparecieran movimientos sociales y políticos con fuerza suficiente para restaurarlos. No fue éste el caso de Venezuela. La Fuerza Armada demostró ser, en la mayoría de sus componentes y estructuras fundamentales de mando, profundamente democrática.

Las primeras palabras del Presidente Hugo Chávez, al reasumir sus funciones como Jefe de Estado, en la madrugada del domingo 14 de abril de 2002, estuvieron orientadas a promover un clima de paz y reconciliación. Convocó al imperio de la racionalidad política. A la reunificación del país. Se comprometió a continuar implementando el proyecto político que lidera (en aras de alcanzar un país más justo, equitativo, libertario), en un marco democrático y pacífico. Hizo un llamado a la reflexión de todos los sectores políticos y sociales, sin exclusión alguna, para buscar alternativas, apegadas a la Constitución. Expresó que regresaba a cumplir con la alta función encomendada por el pueblo soberano, sin ánimo de retaliación ni espíritu revanchista. Reafirmó la disposición de su gobierno de respetar los derechos humanos, sin menoscabo alguno. Manifestó su disposición de convocar a un gran diálogo nacional con el propósito de superar los principales problemas que aquejan al país.

El gobierno venezolano heredó, desafortunadamente, un país plagado de injusticias. Los cuantiosos ingresos nacionales derivados de las exportaciones petroleras no fueron utilizados, por quienes habían ejercido el poder público en los últimos años, para desarrollar de manera integral el país; para modernizar el Estado; para corregir las seculares iniquidades y alcanzar una sociedad más inclusiva. Por el contrario, las desigualdades sociales, económicas y territoriales se profundizaron. La pobreza creció a niveles sin precedentes.

III. Agresiones contra la Democracia venezolana

La Constitución Nacional promulgada en 1999 postula el ejercicio de la democracia participativa, protagónica y responsable de los ciudadanos. Principios que viabilizan la democracia representativa, en la medida en que generan mecanismos de comunicación y diálogo para que todos y, en particular, los excluidos de siempre sean escuchados por quienes dirigen la cosa pública.

En Venezuela se ha intensificado, como nunca, la participación política. En apoyo al Presidente Chávez se movilizan frecuentemente sectores sociales, especialmente los que Frank Fannon llamara “los condenados de la tierra”. Los opositores políticos recurrentemente toman las calles para expresarse. Expresiones inequívocas del pluralismo político que caracteriza a una sociedad democrática, como la venezolana de este tiempo.

El amplio debate que se da en Venezuela, expresa el necesario y complejo proceso de cambios de naturaleza progresista que demanda el país en todos los órdenes. Un verdadero desafío histórico. La mayoría determinante de nuestra sociedad aspira profundizar y perfeccionar la democracia, conjugando la vigencia del estado de derecho, con un estatuto de equidad económica, social y territorial. Para el Gobierno de Venezuela, Democracia y Justicia son dos caras de una misma moneda.

Hay, sin embargo, quienes se oponen a los cambios. Muchos de ellos por confusión. Una minoría, la que ha detentado los privilegios del poder y usufructuado groseramente las inmensas riquezas generadas por la economía petrolera venezolana, ha logrado desafortunadamente irrigar su antidemocrática ideología. Minoría que se opone obstinadamente a cualquier alternativa que signifique equilibrio y justicia en la distribución de la riqueza. En su insensata conducta recurre hasta al expediente del racismo para descalificar a los sectores populares y sus líderes. El racismo ha logrado lamentablemente, en Venezuela, ensanchar su clientela. La ideología que lo soporta, que estaba confinada a reducidos nichos, ha penetrado en ciertos estratos de la sociedad. Preocupante fenómeno en una sociedad que históricamente se ha configurado, al influjo de una cultura igualitaria y tolerante.

El Gobierno considera legítima a la oposición. Absolutamente necesaria para perfeccionar la democracia. Ella nunca había tenido en nuestro país tantas posibilidades de expresarse. No pocas veces se desborda en sus críticas. Aún así, sus voceros reciben un tratamiento, por parte del Gobierno, respetuoso y considerado. A los golpistas del 11 de abril se les ha resguardado sus derechos humanos, el debido proceso. Y hasta se les invita al Parlamento Nacional, donde hay una correlación de fuerzas mayoritaria que respalda al Presidente Chávez, para que expresen sus opiniones, las cuales son amplia e instantáneamente divulgadas a través de todos los medios de comunicación. Cuan tolerante el gobierno venezolano. Conducta sin parangón en la historia de América Latina y el Caribe. El crimen, la tortura, la cárcel y la persecución han sido las recetas que, con cierta frecuencia, se ha aplicado a los disidentes políticos, a quienes irrumpen contra los poderes constituidos.

El cabecilla civil de la operación golpista publica sus artículos de opinión en la prensa nacional. Guardaba detención en su propia casa, junto a su familia. De allí logró acceder hasta la residencia de la Embajada de Colombia, país que le concedió asilo. El presidente Chávez ha autorizado que se le otorgue el salvoconducto que le permitirá salir del país.

El Presidente Chávez ha reafirmado, de manera reiterada, la necesidad del entendimiento nacional. Manifestantes de la oposición, de manera recurrente, se lanzan a las calles. Igual derecho tienen los partidarios del Presidente de defender sus banderas. El estado de excepción, situación prevista en la Constitución Nacional, nunca se ha decretado a pesar de las difíciles circunstancias por las cuales ha atravesado el país.

En esta hora, cuando las tensiones políticas han alcanzado elevada temperatura, el diálogo es la única vía para encontrar soluciones a los conflictos de intereses.

Los planes conspirativos para desestabilizar el orden democrático no han cesado. En honor a la verdad, se iniciaron desde el mismo momento en que el Presidente Chávez obtuvo la victoria electoral. A pesar de la derrota que han sufrido los sectores antidemocráticos, aún insisten en provocar confrontaciones indeseables y se rehusan a participar en el diálogo que propone el Jefe del Estado. Haciendo uso de ingentes recursos adelantan en el país y en el exterior una campaña para desprestigiar al Gobierno. Su obsesión es derrocar al Presidente Chávez, por cualquier medio, aún a costo de la ruina del país. Ninguna alternativa desestiman para lograr sus insensatos propósitos. Se resisten a competir en el terreno de la democracia y a acatar el orden constitucional.

Las autoridades competentes investigan los sucesos golpistas y a sus actores, con sindéresis y magnanimidad. Tratan de determinar, con estricto apego al orden jurídico vigente, las responsabilidades que competen a los protagonistas del desafuero.

IV. Lamentables consecuencias

El colofón del llamado a la huelga general indefinida fue la marcha de la oposición convocada el 11 de abril para hacer el recorrido desde Parque del Este hasta Chuao sede de PDVSA, en Caracas. La muchedumbre fue manipulada en su emotividad, fervor y buena fe, por algunos líderes quienes auparon a que continuara hacia el Palacio de Miraflores, contraviniendo las normas que autorizan previamente cualquier movilización de calle.

Diversos personeros del gobierno -y hasta el propio Presidente de la República- llamaron la atención de los líderes de la manifestación, para que actuaran con mayor prudencia, ponderación y racionalidad a fin de evitar un enfrentamiento altamente inconveniente entre los grupos antagónicos en la periferia del Palacio de Miraflores. Se hizo caso omiso a estos llamados, creándose un ambiente de confusión y enfrentamiento. Sobrevino entonces la tragedia: derramamiento de sangre.

Los días 11, 12 y 13 de abril fueron trágicos. Ocurrieron muertes y graves atentados contra la propiedad privada. La angustia y el desasosiego invadieron los hogares venezolanos.

Unos pocos actores del mundo civil y militar, quienes habían diseñado con antelación una estrategia golpista y antidemocrática, manipularon y utilizaron el incuestionable derecho que tiene cualquier sector de la sociedad a disentir de las políticas oficiales. Eso fue lo que ocurrió el 11 de abril. Ese día activaron dispositivos militares previamente programados para derrocar al Presidente legítimamente electo. Y lo lograron por pocas horas. Las lamentables muertes ocurridas en medio de la confusión y la violencia, fueron enarboladas por sectores de la oposición para inculpar al Presidente. Miembros de la oficialidad militar fueron, ciertamente, confundidos en su buena fe. En medio de la caótica situación y de la manipulación mediática los golpistas detuvieron e incomunicaron al Presidente. Nombraron a un gobernante de facto quien anunció, en el marco de su juramentación, en la tarde del 12 de abril, la disolución de todos los poderes del Estado; la nulidad de la Constitución aprobada por más del 80% de la población en referéndum, el primero de la historia del país. Eliminó por decreto 48 leyes de carácter social y económico. Destituyó a todos los gobernadores, alcaldes, juntas parroquiales, electos por votación universal y directa. Y hasta eliminó el nombre del país, mancillando así la figura egregia del Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar. El gobierno de facto desató una feroz persecución contra parlamentarios y líderes afectos al Presidente Chávez.

Según el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la libertad de expresión e información no es ilimitada. Debe ejercerse con responsabilidad y de un modo tal que no afecte la seguridad del Estado, la dignidad y honra de las personas. Algunos medios celebraron el derrocamiento del Presidente constitucional, pero no reseñaron que millones de venezolanos se habían lanzado a las calles los días 12, 13 y 14 de abril de 2002, en las principales ciudades del país para solicitar su regreso y el restablecimiento del hilo constitucional.

Aún así, el Gobierno de Venezuela no ha tomado ni tomará ninguna medida restrictiva o represiva contra ellos. Por el contrario, el Presidente Chávez ha exhortado a todos aquellos que le respaldan, a respetar todos los medios y a los comunicadores sociales, dando así, una irrefutable prueba de tolerancia política. En honor a la verdad, nunca la crítica había sido ejercida en los medios de comunicación con tanta libertad. Ha habido, ciertamente, manifestaciones de intolerancia contra varios medios por parte de partidarios del gobierno. El Presidente y otras altas autoridades han cuestionado estas indeseables practicas y han hecho un llamado para que no vuelvan a repetirse.

V. El histórico retorno del Presidente.

El sábado 13 de abril, desde tempranas horas de la mañana se inició una masiva concentración popular en el Fuerte Tiuna, principal establecimiento militar del país. Los miles de manifestantes exigían la liberación del Presidente Hugo Chávez Frías. Protestas similares se multiplicaban en numerosas ciudades del interior. En las inmediaciones del Palacio de Miraflores, una multitud de personas se congregó para reclamar el retorno del Presidente Hugo Chávez.

En horas de la tarde, el gobierno de facto –asediado por una inmensa muchedumbre popular- fue perdiendo el control del Palacio de Gobierno. Los golpistas huyeron y el pueblo recuperó el principal símbolo del poder. En la madrugada del domingo 14 de abril, el Presidente Chávez reasumió su alta investidura. Un movimiento cívico-militar, profundamente democrático, restableció el hilo constitucional en una acción insólitamente pacífica, sin paralelo en la historia contemporánea de nuestro hemisferio.

Esa misma tarde, algunos miembros del gabinete de gobierno constitucional reingresaron al palacio de Miraflores. Se conoce la noticia de que el Presidente no había renunciado, divulgada por la iniciativa audaz y valiente de un soldado que estaba en servicio en uno de los sitios donde el Jefe de Estado había sido detenido. Militares democráticos de Caracas, Maracay y de todo el país exigen el retorno a la constitucionalidad. Mientras tanto, algunas cadenas de noticias internacionales, transmiten esos acontecimientos de gran significado histórico. En verdad, fue la fuerte convicción democrática de la sociedad venezolana, y el apego de mayoritarios sectores militares al estado de derecho, lo que determinó la gran victoria de la democracia venezolana, dándose al mundo una lección de madurez cívica.

Acciones del Estado Venezolano para la Estabilización de las Instituciones Democráticas

En el marco de las respectivas competencias y facultades que les confiere la Constitución, las instituciones que forman los poderes públicos del Estado venezolano, están implementando, en estos momentos, una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer la estabilidad democrática y proponer la reconciliación de todos los venezolanos. Se busca establecer consensualmente las bases de una gobernabilidad democrática inspirada en la libertad y la justicia.

Del Poder Ejecutivo

La disposición del Jefe del Estado de impulsar el diálogo, no ha quedado en promesas. Mediante decreto del 28 de abril de 2002 estableció la Comisión para el Diálogo, que él mismo preside. Designó para coordinarla al nuevo VicePresidente Ejecutivo de la República, Doctor José Vicente Rangel, ex ministro de Defensa y exCanciller. Personalidad de probada trayectoria democrática y consecuente defensor, durante su vida pública, de los derechos humanos. La Comisión se ha conformado con amplia participación de diversos sectores de la vida nacional; por una pluralidad de representación “intuito persona”. Su primera reunión se celebró el día 16 de mayo de 2002. Allí se vienen tratando los temas más importantes que gravitan en la actual situación nacional.

Sus miembros han elaborado consensualmente un decálogo que comprende los temas sociales acuciantes, como la necesidad de superar la extendida pobreza que existe en el país. Y en lo político-institucional, se dialoga sobre la duración del período constitucional; la reforma de la Constitución; el papel de los Círculos Bolivarianos; el rol del Poder Ciudadano; la integración del Consejo Nacional Electoral. Énfasis especial dedican a la consideración de los lamentables hechos de violencia ocurridos durante el día del golpe y los subsiguientes. Recomiendan adelantar un plan para lograr una reducción considerable en el uso de las armas de fuego, con el objeto de impedir que éstas estén en manos de la población civil; prerrogativa que corresponde exclusivamente a la Fuerza Armada, a los cuerpos de seguridad del Estado y a las personas debidamente autorizadas.

El Presidente Chávez ha admitido públicamente, en autocrítica sin precedentes en la historia de Venezuela, que durante el proceso de construcción democrática su Gobierno ha cometido errores.

Su llamado al diálogo y a la reconciliación de todos los venezolanos ha sido reiterado y categórico.

En tal sentido, se han tomado una serie de iniciativas con el objeto de promover un intenso proceso de diálogo nacional, sin exclusiones, con estricto apego a la Constitución Bolivariana.

De manera inmediata se han ido concretando iniciativas para este diálogo nacional, que ha sido respaldado por los Cancilleres reunidos durante el Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General celebrada el 18 de mayo del 2002.

Las Mesas de Diálogo tienen por objeto consolidar la participación de la sociedad venezolana en los actos fundamentales del Estado. Sus recomendaciones servirán de referencia para las políticas que lleven adelante todos los poderes del Estado. Allí las decisiones se toman por consenso.

Para su debida consideración e implementación, el decálogo se ha distribuido en cinco Comisiones de Equilibrio: Político; Social; Económico, Territorial e Internacional. Al mismo tiempo, se propone fomentar el diálogo en las regiones con el apoyo de las universidades, gobernaciones y alcaldías.

En la agenda del Diálogo se plantean cuestiones fundamentales para alcanzar un amplio acuerdo político:

  • Respetar la Constitución y las leyes de la República;
  • Condenar los golpes de Estado como forma de producir cambios en la sociedad;
  • Rechazar la violencia y la intolerancia en todas sus manifestaciones;
  • Respaldar la independencia de los poderes del Estado en los términos establecidos en la Constitución;
  • Garantizar la impecable investigación de los hechos de violencia ocurridos los días 11, 12, 13, y 14 de abril;
  • Examinar el rol de los medios de comunicación;
  • Establecer criterios de transparencia y equilibrio para avanzar en el proceso de diálogo;
  • Recomendar una lucha a fondo contra la corrupción y la impunidad;
  • Democratizar el diálogo para que este se produzca a todos los niveles y en todas las regiones del país;
  • Regularizar y controlar la tenencia de armas, conforme a la ley;
  • Garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos.

Por otra parte, también se han creado Comisiones de Mediación con diversos sectores para procurar el acercamiento con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y la Federación de Cámaras de Industria y Comercio del país (FEDECAMARAS), Medios de Comunicación y la Iglesia.

De la Asamblea Nacional

Una Comisión Especial del Parlamento investiga lo sucedido durante la interrupción inconstitucional. La integran diputados de todas las tendencias políticas y es presidida por un diputado de la oposición. En ese marco se desarrolla un intenso proceso de interpelaciones, tanto a personas afectas al Gobierno como contrarias a él.

Luego de un intenso debate parlamentario se adoptó unánimemente la decisión de crear una Comisión de la Verdad, formada por miembros de la sociedad civil. Con el objeto de reglamentar su actuación y hacer más transparente sus ejecutorias, será promulgada una Ley de la República denominada: “Ley sobre la Comisión de la Verdad”. Ensayo absolutamente novedoso en el hemisferio ya que las comisiones de la verdad que se han creado hasta ahora, al menos oficialmente, tuvieron por objeto el esclarecimiento de los hechos y lesiones de derechos humanos correspondientes a períodos históricos pasados de cada país y nunca, como será el ejemplo venezolano, a situaciones presentes o en pleno desarrollo. Son los casos, por ejemplo, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en Argentina por Decreto-Ley 187/83 del 15 de diciembre de 1983, o la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) creada en Chile, mediante Decreto Supremo Nro. 355 de 24 de abril de 1990. Ambas comisiones fueron creadas con el objeto preciso de investigar y esclarecer atroces violaciones de derechos humanos acaecidas en situaciones históricas o regímenes políticos pasados.

Las interpelaciones públicas por parte de la Asamblea Nacional a los principales protagonistas, tanto del Gobierno como de la oposición, constituyen la mejor demostración de la vigencia del Estado democrático de Derecho en Venezuela. Han sido interpelados altos jerarcas del estamento político y militar. Incluso, se tiene prevista la comparecencia del propio Presidente Hugo Chávez, quien ha mostrado su disposición a dialogar y colaborar con la Comisión Especial, aún cuando -dada su condición de Jefe de Estado- en obsequio de principios constitucionales vigentes en el país, podría negarse a comparecer o restringir su colaboración exclusivamente a responder por escrito el cuestionario que se le cursaría. Caso único en la historia política de Venezuela.

De la Defensoría del Pueblo

Promueve acciones en defensa de los derechos humanos. Fomenta un clima de tolerancia; la cultura de paz y la conciencia democrática. En lo inmediato, promueve la búsqueda de la reconciliación, en aras del relanzamiento de las potencialidades de la Nación.

De la Fiscalía General de la República

Para el logro de sus objetivos fortalece el equipo de fiscales designados en criminalística y medicina forense, para atender con mayor celeridad las investigaciones respecto a la identidad de los autores de los hechos que ocasionaron victimas fatales y heridos entre los días aciagos de abril.

A su vez, investiga la posible responsabilidad penal de funcionarios de algunas alcaldías del área metropolitana de Caracas, que pudieron haber actuado en esos días, fuera del marco de la ley. Asimismo, las acciones de determinados funcionarios que participaron en allanamientos, sin orden judicial y en detenciones arbitrarias. Diseña mecanismos de protección para familiares de las victimas y testigos, con la finalidad de facilitar el proceso investigativo.

Por otra parte, pone en práctica un plan de acción coordinado por la Dirección de Protección de los Derechos Fundamentales y por la Dirección de Delitos Comunes. Plan ejecutado por cuatro grupos de trabajo, formados por fiscales y coordinadores que se ocupan de investigar las muertes, lesiones y saqueos. Cuentan con la asistencia de la Dirección de Asesoría Técnico-Científico e Investigaciones del Ministerio Público, implantándose, en ese sentido, el “Sistema de Seguimiento de Casos”.

Con relación a las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha comisionado distintos representantes fiscales, con el propósito de esclarecer la veracidad de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades a que hubiere lugar, dando así cumplimiento a dichas medidas.

Apoyo de la OEA a Venezuela

El Gobierno de Venezuela reconoce la solidaridad mostrada por la OEA, en momentos cruciales para la vida democrática del país. Valora en alto grado la Resolución de la Asamblea General AG/Res.1 (XXIX E/2) del 18 de abril de 2002, donde se acuerda:

    “Brindar el apoyo y la ayuda de la OEA que el Gobierno de Venezuela requiriera para la consolidación de su proceso democrático”

Como se ha explicado a lo largo de este informe, en Venezuela se avanza hacia la búsqueda de un consenso nacional. Lo cual no niega que cada sector siga defendiendo sus banderas y proyectos políticos. El proceso de diálogo está en plena evolución y desarrollo, aunque aún persisten algunos escollos. Acuerdos preliminares existen ya. Otros, igualmente sustantivos, se irán formando en los próximos días. El apoyo principal que demanda el Gobierno de Venezuela de la OEA es fundamentalmente de tipo político. En ese sentido, la Resolución ya mencionada constituye una testimonial evidencia de apoyo al Gobierno y a la democracia en nuestro país.

El Gobierno espera, a la luz del proceso de diálogo y reconciliación que se adelanta, consolidar mayores consensos. Estaría inclinado a solicitar el apoyo específico del máximo organismo hemisférico, en caso de que este fuere necesario, para profundizar y perfeccionar la institucionalidad democrática en Venezuela.

Informe enviado por la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA para Venezuela Analítica

ANALITICA.COM no se hace responsable por las declaraciones y conceptos emitidos en los artículos de opinión publicados en nuestro sitio Web, los cuales son de la exclusiva responsabilidad de sus autores


Mundo


 
Incendio deja al descubierto precariedad y fallas en urbanización de Valparaíso

Incendio deja al descubierto precariedad y fallas en urbanización de Valparaíso

 
Berlusconi pagará su condena en un centro de asistencia para ancianos

Berlusconi pagará su condena en un centro de asistencia para ancianos

 
Putin llama a la ONU a condenar el uso de la fuerza en el este de Ucrania

Putin llama a la ONU a condenar el uso de la fuerza en el este de Ucrania

 


Sociedad


 

Papi Becerra, adiós

 

Nuevos modelos del negocio periodístico

 

El Vaticano como tercero indispensable

 

blog comments powered by Disqus

 
Sobre Autor