Caracas, Jueves, 17 de abril de 2014


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Mariano Herrera: "Tenemos que lograr que nuestro sistema educativo produzca éxito escolar"

Ysrrael Camero / Jesús Valente

Martes, 20 de febrero de 2001

Para Mariano Herrera lo fundamental en el actual debate que se libra en el país con relación al proyecto educativo nacional y la problemática educativa nacional -dos hechos independientes el uno de otros, según afirma- es lograr que el sistema educativo venezolano produzca éxito escolar. Y no se trata tan sólo de un juego de palabras. Para ello se remite a las estadísticas, cuyas cifras son reveladoras de una situación sumamente preocupante: 40 por ciento de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años, son desertores educativos. Además, solamente 37 de cada cien niños que se inscriben en el primer grado logran egresar del noveno grado el año que les corresponde. Es decir, existe un 63 por ciento de probabilidades de fracaso que se concentra, sobre todo, en los más pobres. Como se ve, nuestro sistema educativo está muy lejos de ser exitoso.

"Eso para mí sería el proyecto educativo nacional, independientemente de la ley. La Ley, en todo caso, tiene que establecer lo que todos los instrumentos legislativos en materia educativa: Que la educación está para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, sin menoscabo de su condición social, es decir, independientemente de que sea pobre o rico; que toda persona que desee cursar estudios universitarios debe poder hacerlo, independientemente de que sea hijo de un analfabeta o de una persona con postgrado; que la educación obligatoria es gratuita y está bajo la égida del Estado, por supuesto, porque no hay nadie más que pueda ofrecerla de manera gratuita".

Mariano Herrera es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas y tiene un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de París 8. Es miembro fundador del Centro de de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE), institución que dirige desde sus inicios en 1986. Se ha desempeñado como profesor en el Doctorado de Ciencias Sociales de la UCV, de Educación en la UPEL y de Ciencias de la Educación en la Universidad Simón Rodríguez, y como docente en el Instituto Pedagógico de Caracas. En la actualidad, dicta un seminario en el Postgrado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y en el Doctorado en Ciencias de la Educación de la USR. Es autor de más de dos docenas de artículos publicados en revistas y libros especializados, sobre temas relativos a la investigación educativa de aula, la gestión escolar, la misión de la escuela y los proyectos de plantel. Es coautor de 7 libros y folletos especializados. Ha dirigido diversas investigaciones sobre problemas escolares, coauspiciadas por el Conicit, Unesco, Cinterplan-OEA (del cual también es director interino), Fundapreescolar y organismos multilaterales. En el área cultural ha trabajado el tema de la identidad sobre el cual ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha sido asesor del Conicit para el área de educación y es miembro del Consejo Nacional de Educación. Desde 1995 hasta 1999 fue miembro del Comité Coordinador de la implantación nacional de los proyectos pedagógicos de plantel, en el marco del Plan de Acción del Ministerio de Educación.

Confusión

Al referirse a la polémica sobre la materia educativa surgida en el país en los últimos días, Herrera sostiene que el gobierno nacional genera confusión al no establecer claramente los términos del Proyecto Educativo Nacional, pues en primer lugar, debe definirse claramente cuál de los proyectos existentes es el que va a marcar pauta.

"El gobierno pareciera que tuviera dos proyectos: uno es el Proyecto Educativo Nacional y el otro es la Ley Orgánica de Educación, y para mí el proyecto educativo nacional tiene que ser la ley, que es la que define cuáles son los fines de la educación, cuáles son las metas, cuáles son los valores que se van a transmitir a través de la educación, etc, etc. O finalidades de otros tipo, por ejemplo, el hecho de producir justicia social a través de la igualdad de oportunidades en educación. Todo eso es un proyecto educativo, y eso siempre está en la ley. Incluso la ley francesa dice una cosa bien importante que es ‘cuánto tiempo nos vamos a dar para lograr cien por ciento de bachilleres por cada generación que nazca’. Eso está en la ley como compromiso del Estado. Pero por un lado eso que llaman el PEN que sale del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y por el otro está una ley que salió de la Asamblea Nacional, que no tiene nada que ver, no está absolutamente relacionada”.

En tal sentido, se muestra partidario de dejar de lado, definitivamente, el denominado Proyecto Educativo Nacional, PEN, y asumir como tal el proyecto de Ley Orgánica de Educación, que hasta el momento presenta dos versiones: el presentado por la sociedad civil y en especial por Leonardo Carvajal, y el elaborado por la Asamblea Nacional y que está liderado por Orlando García. La situación llega a tales grados de confusión, según nuestro entrevistado, que el propio ministro de Educación, Cultura y Deportes, Héctor Navarro, ha confesado que no ha leído el proyecto de ley, "y creo que los diputados no conocen el PEN".

Dos cosas diferentes

Sólo cuando se aclare esta confusión, como la denomina Herrera, será posible entonces podrá hacerse frente al problema educativo nacional que, como ya dijimos, para él son dos diferentes. “El problema educativo nacional es independiente de la ley”, reitera y remite a las cifras citadas al principio de este trabajo.

“Eso es lo que nos tiene que orientar: el fracaso escolar. Tenemos que lograr que nuestro sistema educativo produzca éxito escolar”.

Para ello, cree que deben producirse acuerdos, pues si bien la comparte que la educación obligatoria debe tener un carácter gratuito, esto no significa que no tenga costos económicos para quien la asume y que en este caso es el Estado, único con recursos para hacerle frente. Es bueno recordar que el presupuesto educativo es de 4 billones 600 mil millones de bolívares. “El costo por estudiante es gigantesco”.

Advierte, sin embargo, que el hecho de que la educación no tenga costos para el alumno, no quiere decir que el proceso deba ser asumido únicamente por el Estado, y refiere entonces que el sistema educativo gratuito más eficaz y dirigido a los más pobres que opera en Venezuela es el que se encuentra a cargo de Fe y Alegría.

“Es gratuito para los pobres, pero tiene un costo para el gobierno que tiene que dar un subsidio de 120 mil millones de bolívares a Fe y Alegría, pero el costo que tiene por estudiante que tiene esta institución es mucho menor al costo por estudiante que tiene el Estado y con mucho mejor resultado. Me atrevería a decir que es un 40 por ciento más barato. Eso sumando una serie de cuestiones, por ejemplo, el gobierno no tiene que poner infraestructura, no hay días perdidos de clases, hay más la puntualidad de los maestros en el cumplimiento de sus horarios, no se tiene el problema de la perdida infinita de materiales”.

Y enseguida advierte que no plantea, de ninguna manera, que haya que privatizar la educación, sino que proyectos como el de Fe y Alegría sean respaldados por el Estado.

“Convenios como el de Fe y Alegría, son beneficiosos para los más pobres, sin cuestionar la gratuidad de la enseñanza ni la supervisión del Estado. Son los programas oficiales los que pasa Fe y Alegría, y están supervisados porque cada céntimo que le dan a esa institución es auditado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Además hay un proyecto de presupuesto con responsabilidad penal para los directores de escuela, de manera que hay un control del Estado total. Sin embargo, hay beneficio muchísimo mayor que el promedio. Para mí lo ideal no sería que le dieran los reales a Fe y Alegría sino que las escuelas públicas funcionaran mejor que Fe y Alegría. Eso sería lo ideal, como pasa en muchos países desarrollados. En Europa a nadie se le ocurre, a menos que sea musulmán o judío, poner a su hijo en un colegio privado. El colegio público es muchísimo mejor”.

Una ley razonable

Pero aún cuando considera que hasta el momento no se ha producido una discusión en términos coherentes, Mariano Herrera estima que al final se terminara asumiendo a la Ley Orgánica de Educación como el Proyecto Educativo Nacional, y dicho instrumento legislativo “razonable, porque cualquiera de los dos proyectos (el de Carvajal y el de la Asamblea Nacional) va a ir hacia donde estoy diciendo: igualdad de oportunidades, el número de clases va a ser más o menos el mismo pues los dos proyectos plantean 200 días, todas dicen que es gratuita de primero a noveno grado, la ley de la Asamblea Nacional incorpora como gratuita y obligatoria al pre-escolar y también el pre-grado, cosa que no cuestiona la Ley Orgánica de Leonardo Carvajal, lo deja abierto, pero dice que los repitientes deberían pagar, es decir, deja abierta la posibilidad de que le cueste plata a quien no es un buen estudiante de nivel superior, es una especie de incentivo para ser buen estudiante”.

Se pronuncia porque se le otorgue a las escuelas, sino una total autonomía, sí una mayor cuota de participación al momento de asumir las decisiones que les cometen. “La Ley no puede cerrarse a fortalecer la escuela en términos un poco más de autonomía y un poco más de responsabilidad, para que, por ejemplo, las sanciones que tienen que ver con retardos de los maestros o inasistencia, no tengan que llegar al piso 6 del MECD desde Guasipati, sino que el propio director de una escuela pueda descontarle dinero de su sueldo a un maestro cuando llega tarde. Un poco más de autonomía administrativa, no digo total, sólo un poco más”.

Y alerta: “Las escuelas públicas son las más autónomas del mundo, porque nadie las controla, para decirlo en términos vernáculos, hacen lo que les da la gana. Autonomía significa en latín hacer sus propias reglas, su propia ley, bueno eso ya lo hay, en las escuelas hay la ley propia, la de los maestros. De manera que yo no estoy de acuerdo con exceso de autonomía. No puede haber autonomía sin responsabilidad y no hay responsabilidad sin sanción. Pero hay que abrir la posibilidad de que haya un sistema más flexible, capaz de darle a la escuela fortaleza para que ella misma se rija, pero lo haga dentro criterios, de leyes y supervisión”.

Dispersión de políticas

Mariano Herrera sentencia que las políticas educativas del país están muy dispersas bajo esta administración. Hecho que se evidencia con la creación de las escuelas Bolivarianas, las cuales no guardan relación alguna, ni con el Decreto 1011, ni con el Proyecto Educativo Nacional, ni con la Ley Orgánica de Educación”.

Y aquí abre un paréntesis para explicar que las escuelas Bolivarianas no constituyen innovación alguna. Simplemente se trata de las escuelas integrales creadas bajo la administración pasada, cuando el ministro Antonio Luis Cárdenas instituyó esta modalidad en el estado Mérida, como entidad piloto.

“Si hubiera un norte claro en cuanto hacia dónde vamos, creo que las políticas educativas del gobierno tendrían que estar todas orientadas hacia ese norte”.

Indicó que, como ya lo precisó, no existe articulación entre las escuelas Bolivarianas y el Decreto 1011, éste tampoco contempla un concepto de supervisión que tenga que ver con el planteado en el Proyecto Educativo Nacional, y éste, a su vez, poco o nada guarda de relación con las escuelas Bolivarianas.

Y vuelve sobre las Bolivarianas, cuyo modelo tiene un costo considerable pues se trata de unas instituciones donde opera el doble turno escolar, mientras el resto de las escuelas venezolanas reciben a un grupo de estudiantes por la mañana y a otro por las tardes. A ser transformadas estas últimas en Bolivarianas o integrales, como quiera llamárseles, se plantean dos alternativas, bien que uno de los turnos anteriores sea trasladado a otra escuela, o que se construya el doble de aulas para albergar a la totalidad de los estudiantes que allí asisten. A eso se suma que los maestros asuman una mayor carga académica en una sola escuela y por ende una mayor remuneración. Recuérdese que a objeto de poder “redondear” sus sueldos, los educadores deben dar clases en más de una institución.

En tal sentido, Herrera recuerda que la administración Cárdenas asumió esta política, así como la de transformar la beca alimentaria (cheque que se entregaba a cada familia por cada alumno registrado del 1° al 9° grado) en un Programa Alimentario Escolar, PAE (invertir la misma cantidad en comida dispensada en la propia escuela bajo supervisión y normas del Instituto Nacional de Nutrición, INN). De cualquier manera, no puede confundirse esto con una política educativa, pues es simplemente un programa alimentario que por razones desconocidas fue adjudicado al Ministerio de Educación.

Pero si bien no puede criticarse la instrumentación de estos programas alimentarios escolares, pues son benéficos para las clases más desposeídas, es necesario hacer algunas correcciones. “Llegan hasta tres comidas en algunas escuelas, muy buenas comidas diarias, pero no tienen comedor. Los niños las reciben en sus pupitres lo cual retrasa mucho el desarrollo de las actividades escolares como tal. Hay que buscar alternativas que no vayan en detrimento del tiempo pedagógico”.

Más dinero, la misma estructura del gasto

Nuestro entrevistado hace también énfasis en el hecho de que el gobierno nacional multiplicó “por 2 y pico” el presupuesto educativo de la vieja administración. Esto a simple vista pudiera parecer positivo, pero es necesario advertir que no hubo cambios en la estructura del gasto, lo cual constituye a todas luces un agravamiento del problema.

“Ahora, en lugar del 40 por ciento como era antes, el 46 por ciento de ese presupuesto se lo lleva la educación superior, es decir, este nivel que atiende a las clases media y alta de la sociedad se está llevando casi la mitad del presupuesto. Eso es una injusticia social y un disparate estructural”.

En el campo de la inversión tampoco ha habido mayores adelantos, puesto que el mayor porcentaje de los 4 billones 600 mil millones de bolívares se va en sueldos y salarios y muy poco se dedica a infraestructura.

“Hay que invertir en construir nuevas aulas para convertir todas las escuelas en integrales como las de Mérida y además subir en un 60 por ciento el sueldo de los maestros. Pero eso no significa multiplicar por 60 el presupuesto nacional de educación, porque ese maestro ya está ganando más o menos eso pues trabaja en dos escuelas. De tal manera que es más o menos un tercio lo que habría que subir los salarios como masa de presupuesto si se volvieran todas las escuelas bolivarianas”.

¿Transformar la sociedad?

Para Herrera la falta de claridad de objetivos se hace patente, al igual que en el resto, en el Proyecto Educativo Nacional, PEN, cuyo texto, en lugar de plantear como finalidad evitar el fracaso escolar, o mejorar la atención del niño del séptimo grado donde el 40 por ciento de las aulas están llenas de repitientes, propone más bien “transformar la sociedad”, un concepto sumamente abstracto que poco o nada dice acerca de lo que debe ser el sistema educativo venezolano.

“Y uno dice: ‘Sí, bueno, pero para transformar la sociedad también están los hospitales y su buen funcionamiento, o Cordiplán. Primero, hay que saber en qué se quiere transformar esa sociedad, y cuál es la transformación específica que se dará en la escuela para lograr esa transformación”, refiere en un juego de palabras, para luego remitirse a la parte del texto del PEN que le causa mayor curiosidad, pues establece que esta transformación social persigue “la irreversibilidad de la revolución bolivariana”.

“Un proyecto educativo tiene que ser para cumplir los preceptos constitucionales en términos de evitar el fracaso escolar, de mejorar el tiempo escolar, es decir, de ir a alguna cosa, unas políticas educativas concretas que permitan solucionar el problema, primero que nada, de los más pobres, y segundo, de elevar el nivel de calidad en general. Eso tiene que tener unos cómo, unos costos, unos responsables, unas modalidades, se va o no a utilizar la descentralización”.

Pero no sólo el gobierno

Mariano Herrera tiene críticas no solamente para el gobierno. También quienes adversan el proyecto de la actual administración. En concreto plantea que como peligroso e improcedente, el empeño que tienen algunos sectores en fortalecer a las comunidades educativas otorgándoles amplios poderes, aún por encima de la directiva de las escuelas.

Cataloga como insólito que se plantee un gobierno escolar donde cualquiera, independientemente de su formación y preparación académica, puede decidir las políticas de esa escuela, todo, en nombre de la llamada participación democrática.

“Eso es un disparate. Y por otro lado, va en contra de uno de los lineamientos que está en el Proyecto Educativo Nacional que es dignificar la profesión del docente. Dignificar la profesión significa, poner a valer la sabiduría que tiene un docente por haber estudiado para serlo. Yo no estoy para nada de acuerdo con ese enfoque, todo lo contrario, creo que hay que fortalecer la institucionalidad, responsabilizar a cada escuela de sus competencias, y profesionalizar, darle valor a la profesión del maestro. Es lo mismo que ocurre con los supervisores itinerantes, cargo que, según lo planteado, cualquiera puede ocupar, independientemente de que esté preparado para ello”.

Experiencia que cuenta

Mariano Herrera profundiza en la supervisión, recordando que la ley plantea que para optar a este cargo se requiere haber sido maestro durante 15 años, tiempo que aporta una experiencia fundamental a la hora de resolver los problemas. También plantea la ley que se necesita participar en un concurso de oposición con prueba escrita, “para que encima de la experiencia haya demostración de saber teórico, científico”.

Sin embargo la reglamentación del decreto 1.011 sólo establece un concurso de credenciales para acceder al cargo de supervisor itinerante, obviándose por completo la experiencia que en la ley aportaba los 15 años de labor educativa.”Un tipo que a lo mejor fue director del Ince, puede ser supervisor, y eso no le da credenciales para saber cómo se bate el cobre en una escuelita de La Vega”.

- Pero esos concursos nunca se llegaron a hacer.

- Bueno, tampoco hay concurso para directores de escuela ¿por qué? Para subdirector sí hay pues puede haber varios candidatos, porque él tiene derecho a que mientras trabaja como subdirector en una escuela, en otro turno puede trabajar como maestro de aula y gana dos sueldos. Si tiene postgrado ganaría unos 420 mil bolívares y si trabaja en el otro turno en un colegio privado, unos 300 mil bolívares. Si pasa a director, tendría que renunciar a su segundo trabajo y la prima por ese cargo es de 80 mil bolívares, es decir, cambiaría 300 mil por 80 mil. No hay candidatos por tanto y por la misma razón no se abren concursos de supervisores, porque la mayoría de los candidatos en ese momento, estarían a un año de jubilarse, entonces, se nombra supervisor, trabaja un año y lo jubilas, eso es un disparate. Hay que buscar otros formas para escoger los supervisores. A eso se suma que la prima mensual de un supervisor es de 200 bolívares mensuales, no diarios, y a veces tiene que visitar 50 escuelas al mes. A mí me tiene sorprendido que haya 700 candidatos, yo no sé que les habrán ofrecido en el MECD, debe ser gente desempleada.

Supervisión necesaria

Lo expuesto anteriormente no puede ni debe interpretarse como la negativa de Herrera a que exista una supervisión de la educación por parte del Estado. De hecho considera un error que durante la administración de Rafael Caldera se instrumentará una política administrativa que anulaba la función del supervisor.

“Eso es un error. Yo diferí mucho de ese equipo. Yo entiendo lo que estaba detrás de esa política. No era contra los supervisores, sino contra dos cosas: uno la supervisión punitiva, y otro, la ausencia de una supervisión real”.

Explica que todo depende de la manera cómo se instrumente esta supervisión, y se remite a su experiencia personal cuando durante la gestión del ministro Cárdenas tuvo a su cargo 250 escuelas y 50 supervisores, “nombrados por la cuarta república de manera politiquera, seguramente. Pero todos eran personas con mucha experiencia y muchísimo valor profesional. En la medida que le dimos formación y orientación. Les cambiamos el nombre y les llamamos animadores pedagógicos a los que le dijimos que tenían que acompañar a las escuelas en el proceso que cada una de ellas estaba llevando para su propia mejora, bueno, esos señores hicieron ese trabajo, y pasaron de haber sido totalmente rechazados por maestros y directivos, a ser esperados y que se les reclamara cuando no visitaban la escuela, porque eran personas que aportaban cosas, que ayudaban, que daban apoyo, orientación. En lugar de castigar al inasistente, le dieron incentivos a los que trabajaban bien. Eso funciona. Pero eso se interrumpió con este gobierno”.

Las alternativas

Finalmente, Mariano herrera se pronuncia porque se produzca una “discusión civilizada” de los dos proyectos de Ley Orgánica de Educación existentes para, con base en ambos, llegar a un instrumento legislativo definitivo. Tajantemente, asegura que es necesario desechar el PEN.

“Es igualmente importante que estos proyectos tuvieran muchísima difusión, que los viera mucha gente que pudiera opinar, que no se descartara la experticia porque una de las cosas que a mí me desespera de este gobierno, es que cree que la participación es el asambleísmo. Nunca han llamado a participar a gente que tiene experiencia en eso, a los supervisores mismos, a los centros de investigación de las universidades, independientes, profesores, son experticias que están ahí que pudieran decir mucho sobre la ley, sobre cosas que no se pueden repetir. Hay que decir claramente en la ley cómo se conforman las juntas calificadoras de los concursos de ascenso para supervisor, por ejemplo, para no tener que estar sacando decretos 1.011 nunca más. Ley mata decreto. Lo sensato es el diálogo, y nos olvidamos del proyecto educativo nacional y del decreto 1.011”.


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