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¿Expropiación del Banco Provincial?

Rafael González

Viernes, 28 de enero de 2011

El Ejecutivo nacional asomó la posibilidad de expropiar el Banco Provincial basado primero en la voluntad individual del presidente de la República y luego basado en un supuesto interés público







   Foto: Google

El eventual careo entre el Ejecutivo nacional y la presidencia del Banco Provincial, a raíz de la amenaza de expropiación realizada en vivo y directo en cadena nacional por el primero, constituye una evidencia más del ataque a los preceptos consagrados en la Constitución Nacional como el modelo económico subyacente, los derechos de propiedad privada, la libertad económica y la libre iniciativa.

El Estado debe ocuparse de proveer bienes públicos y no desarrollar actividades económicas que generan bienes y servicios privados. Lo anterior no menoscaba la responsabilidad del Estado y del Gobierno en lo particular, de diseñar políticas públicas que resguarden el interés público. Sin embargo, desarrollar actividades económicas generadoras de bienes y servicios privados menoscaba el propio interés público, en varios ámbitos. Primero, debido al costo de oportunidad del uso de los fondos públicos, toda vez que estos cuentan con usos alternativos, preferentemente en garantizar la oferta y existencia de bienes públicos, sobre los cuales no existen incentivos por parte de los privados para proveerlos. Segundo, en las empresas de propiedad pública suele presentarse el riesgo de fallas de gobierno, problemas agente-principal, burocratización, subsidio cruzado vía impuestos a la capitalización de oferentes o prestadores de servicios de naturaleza públicos ineficientes, corrupción, etc.

Más concretamente, los continuos rumores circulados por personajes oficialistas sobre la supuesta puesta en venta del Banco Provincial, así como la propia amenaza pública en cadena nacional de televisión y radio de una posible expropiación de la institución financiera, podría constituir una violación de normativas nacionales, toda vez que podrían desatar un fenómeno de corridas, que finalmente desemboque en un hecho de profecías autocumplidas haciendo ilíquido a la institución financiera. Esta actitud atenta contra el bien tutelado y la naturaleza de la regulación financiera y bancaria en Venezuela, norma prudencial que vela por la estabilidad del sistema y de sus instituciones que la conforman. Resulta discriminatorio que haya habido acciones legales en contra de algunos venezolanos que fueron acusados de desestabilizar el sistema financiero a través de las redes sociales. La retícula normativa-regulatoria en materia de las instituciones financieras es fundamentalmente prudencial, no existe sujeto exonerado de cumplimiento, por lo que no debe haber individuos superiores a otros ante la Ley.

Asimismo, en el caso que eventualmente exista alguna situación donde se presenten indicios o evidencias sobre alguna anormalidad o una práctica tipificada como un ilícito económico, deberá existir un procedimiento administrativo, a través del cual se valore las pruebas, se resguarde el debido proceso y el derecho a la defensa. Posteriormente a la decisión firme de un ilícito económico, una sanción como la expropiación o la pérdida de la propiedad, resulta inconstitucional, desproporcionada y fuera de las normas y regulaciones nacionales que resguardan a la eficiencia económica y al consumidor final.

Adicionalmente, el interés público como motivación para las acciones públicas, por ejemplo la toma de la propiedad de una empresa privada vía expropiación en Venezuela no ha sido ni validado, ni comprobado.

El Ejecutivo nacional asomó la posibilidad de expropiar el Banco Provincial basado primero en la voluntad individual del presidente de la República y luego basado en un supuesto interés público. Sin embargo, se requeriría una declaratoria de interés público que bajo el deber ser y las buenas prácticas de políticas públicas difícilmente respaldaría tal amenaza lanzada por el Ejecutivo nacional en contra del Banco Provincial.

Primero, la actividad económica de prestación del servicio de intermediación financiera constituye un bien o un servicio privado, lo que implica que no tiene porque ser provisto por el Estado. El Estado debe velar por la salud del sistema financiero, lo cual requiere instituciones fiscalizadoras robustas y no el desarrollo directo de la actividad económica por parte del Estado, tema sobre el cual la evidencia del Banco Industrial de Venezuela habla por sí sola. Segundo, el Estado como ente, grupo o agente económico constituye un operador con una participación de mercado muy representativa –cuando menos el 27% sobre las captaciones del público para el cierre del año 2010-. Lo anterior implica en sí mismo un esquema o reforzamiento regulatorio sobre el sistema financiero venezolano. El Estado por medio de sus instituciones financieras y su participación significativa sobre el mismo podría imprimir contestabilidad en el mercado haciéndolo mucho más desafiable. Tercero, el Banco Provincial no constituye un essential facility, ni una empresa con una participación de mercado -12% sobre las captaciones del público para el cierre del 2010- como para constituir una empresa que unilateralmente determine y condicione las variables de desempeño del mercado financiero venezolano, mucho menos para ser considerado un monopolio natural. No ha existido un estudio que valore si este ente financiero ostenta una posición de dominio en el mercado, por lo que difícilmente podría justificarse las amenazas proferidas por el Ejecutivo nacional. En todo caso la posición de dominio no se encuentra sancionada en Venezuela, ni ha sido determinado el despliegue de algún ilícito económico por parte de esta institución financiera.

enriquergp@yahoo.es

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