Caracas, Miércoles, 23 de abril de 2014

Sección: Síntesis de Noticias - Economía

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Ley de Costos y Precios Justos: inocua, distorsionante y nula

Rafael González

Viernes, 25 de noviembre de 2011







   Foto: google
Debería preocupar que la discusión sobre la Ley de Costos y Precios Justos no se inicie, antes de lo procedimental y lo administrativo, en responder y resolver preguntas básicas y justificadoras como: ¿qué se pretende tutelar?, ¿cuáles son los bienes tutelados?, ¿cuál es la naturaleza regulatoria de la Ley?, ¿constituye un mecanismo eficiente y atinado la Ley?, ¿no existen alternativas de políticas más eficientes o correctas?, y si ante un desatino de objetivos e instrumentos ¿es admisible que se vulnere el modelo económico, así como las libertades y los derechos económicos consagrados en ese gran pacto social representado en la Constitución Nacional?.

Si de las respuestas a las preguntas anteriores no sale bien parada la Ley de Costos y Precios Justos, más allá de su eventual inconstitucionalidad, se habría obrado, en materia de políticas públicas y regulatorias, contrariamente al sentido común, que en esta materia implica lesionar al bienestar social, a la eficiencia económica como bien social –así como su dimensión dinámica- y se habrá lesionado especialmente a los consumidores finales –entre otras al conculcárseles la soberanía del consumidor-.

Se ha querido justificar la Ley como un instrumento que tendría por objeto controlar la inflación y garantizar el acceso a los bienes y servicios. En este sentido, se estaría instrumentando un control de precios generalizados, sobre todas las personas naturales y jurídicas, como el único mecanismo de control inflacionario y de garantía acceso a los bienes y servicios. Más allá, en su exposición de motivos se señala que dado que algunas empresas han desplegado ilícitos económicos por medio de conductas de explotación de posición de dominio, cartelización, conductas predatorias, especulación, etc., se sancionan a todos los agentes económicos por medio de la abolición de sus derechos y libertades económicas –un problemas de falsos positivos como nunca antes se había visto en Venezuela porque adicionalmente resulta deliberado-. Obviamente lo anterior constituye un despropósito, siendo abiertamente inconstitucional y violatorio del principio de un Estado Benevolente que persigue maximizar el bienestar social.

Entrando en materia sustantiva, los controles de precios solo se justifican en sectores cuya tecnología, operaciones, naturaleza y estructuras de costos resultan subaditivas. Aun así, los controles no son instrumentados con propósitos anti-inflacionarios sino para resguardar la eficiencia económica, particularmente la asignativa y dependiendo del mecanismo a instrumentar, evitar distorsiones, mala asignación de recursos y problemas de riesgo moral que lesionen la eficiencia dinámica.

La visión regulatoria en la cual se basa la presente Ley y sus Reglamentos, se conoce como el enfoque de costos. Este tipo de enfoques genera enormes problemas y distorsiones no solo por el hecho de lo imperfecto del regulador y los problemas de asimetrías de información a los cuales se encuentra expuesto; sino igualmente porque generan incentivos no deseados de contratación ineficiente de recursos.

En específico, una regulación de precios con la intención de regular igualmente la rentabilidad, en la medida que se encuentre basada en el enfoque de costos, podría lesionar los mercados y a los agentes económicos más eficientes. Tal cual como criticara la escuela revisionista de la economía industrial a este enfoque anacrónico, a través de su Differential Efficiency Hypothesis, las regulaciones de rentabilidad podrían lesionar la eficiencia y el bienestar social. Aquellos sectores que puedan mostrar mayor rentabilidad promedio no tiene porque ser producto de ilícitos económicos, ni implicar lesión al consumidor. Por ejemplo, en aquellos sectores donde existe una empresa líder, dada sus eficiencias de costos –economías de escala, eficiencias productivas, economías de demanda, innovaciones tecnológicas, etc.-; esta competitividad relativa le permitirá ganar un mayor peso relativo sobre el mercado, explicando un mayor peso relativo sobre el promedio ponderado sectorial y mostrando mayores rentabilidades que sectores disímiles. Regular las rentabilidades de la economía podría crear un promedio móvil asintótico a cero, donde se castiga la eficiencia e incluso la garantía de oferta.

En el otro extremo, tomar como benchmarketing a las empresas grandes eficientes, implicará necesariamente condenar a productores ineficientes en términos relativos, como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. En una economía que se constriñe y se afianza un modelo de economía de puertos, estas medidas lesionarán el valor, tamaño y la riqueza que se crea en el país. Sin embargo, parece que este mecanismo, que resultaría mucho menos dañino que el anterior, posee poca probabilidad de éxito en su instrumentación, motivado a que el Gobierno populista actual, ha pretendido querer hacer ver que esta regulación será instrumentada como una especia de regulación de estructura de mercado. Así las cosas, a través de los controles de precios y de rentabilidades –pretensión por demás dañina al bienestar social- se pretendería sancionar a la estructura de mercado. Debemos recordar que no solo los voceros oficialistas han manifestado sus prejuicios en contra de las empresas grandes y a favor de empresas pequeñas o de aquellas formas organizacionales adeptas al Gobierno, sino que en la exposición de motivos de la Ley se asoma como cierto, el despliegue de prácticas predatorias por parte de las empresas grandes en Venezuela –vale decir que Venezuela ya contaba con un instrumento legal que atendería tales sospechas como lo es la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia-.

Retomando la preocupación de cómo la Ley se ha fundamentado en falsas premisas que la hacen más que inocua, distorsionante, violatoria de las libertades y los derechos económicos, y por tanto nula; debemos resaltar que la inflación no es un fenómeno especulativo, ni el acceso a los bienes y servicios se garantiza vía control generalizado del precio de los bienes y servicios (podemos preguntarnos ¿cómo los países que no poseyendo controles de precios y estando presentes fundamentalmente las mismas marcas y empresas que en Venezuela, poseen menor inflación que en Venezuela? La respuesta podríamos empezar a buscarla en aquello que los diferencia fundamentalmente, el Gobierno de Hugo Chávez).

La inflación no constituye un fenómeno especulativo por el simple hecho que las empresas no poseen incentivos para incrementar sus precios irrestrictamente e inter-temporalmente, salvo que exista inflación de costos o que la determinación de precios sea vía demanda por la escasez relativa de los bienes y servicios –especialmente respecto al abundante dinero inorgánico en Venezuela-. La inflación como fenómeno especulativo carece de micro-fundamentos, toda vez que constituye un equilibrio puro de Nash para todas las empresas, fijar su precio de maximización en el periodo actual y no a lo largo del tiempo. En este sentido, el objetivo anti-inflacionario por medio de controles de precios resulta inocuo y sin asidero. Si falta prueba sobre ello simplemente destáquese el hecho de que la inflación en los productos regulados supera a la inflación de los productos no regulados –con el pernicioso efecto de los controles que hace de los productos regulados más escasos y por tanto más susceptibles a presiones inflacionarias vía demanda-. Si se requiere mayor evidencia analice los mercados formales de pool donde se comercializan los productos regulados –automercados, hipermercados, abastos, etc.- y compárelos con los precios de los mercados informales y de los buhoneros –la escasez generada por los controles de precios crea incentivos para extraer rentas de escasez-.

La refutación del objetivo anti-inflacionario, así como lo inocuo de la Ley, desmonta el segundo objetivo de garantizar el acceso a los bienes y servicios. La garantía de acceso a los bienes y servicios por medio de una Ley que pretende controlar la inflación resulta neutral o inútil. Siendo que la Ley no se enfoca en atender aquellos sectores de estructuras de costos subaditivas –monopolio natural-, el acceso a los bienes y servicios no será garantizado por medio de la instrumentación de la Ley. Suponga sectores competitivos o potencialmente competitivos; el hecho que un individuo no pueda acceder al bien no es un problema de precios, sino un problema de financiamiento –para no mencionar el drama que vive Venezuela de desaparición de empresas y por tanto de oferta por la creciente inseguridad jurídica-. El reflejo de lo anterior en la realidad lo constituye, los desempleados, la informalidad, los empleos precarios, la falta de competitividad y productividad de la mano de obra, y la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación. Un desempleado por más que un precio haya sido regulado cerca de cero, no tendrá acceso al bien y el servicio. Por otro lado, la pérdida de acceso a bienes y servicios por incapacidad de pago no tiene porque constituir un problema en el nivel de precios sino en el nivel de la renta presupuestaria de los individuos. Sobre esta materia la empresa oferente no tiene responsabilidad alguna, mientras que si constituye una responsabilidad del Gobierno, por ausencia de políticas de estabilización, irresponsabilidad fiscal, dado el financiamiento inorgánico de gasto no productivo, ausencia de políticas de fomento de la actividad económica privada –desapareciendo puestos de trabajo estables y bien remunerados y oferta de bienes-, ausencia de políticas de educación y resguardo de la productividad y la flexibilidad laboral.

Existiendo en Venezuela leyes de protección al consumidor, así como la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, no se justificaba elevar la inflación regulatoria, a través de la aprobación de nuevas normas que pretenden “tutelar” materia ya normada –lo contrario ha implicado restar predictibilidad e introducir conflictos de intereses regulatorios al entramado legal venezolano-. Todo lo anterior constituye suficientes indicios y argumentos para solicitar la nulidad de esta Ley.

El Ejecutivo Nacional debe ocuparse de desarrollar políticas públicas eficientes que resguarden el interés público. Lo anterior significa por un lado políticas de estabilización con responsabilidad fiscal y por el otro, políticas de provisión de bienes públicos –seguridad personal, seguridad social, seguridad fronteriza, mejoras de la infraestructura, salud pública, educación pública de calidad, etc.-.

Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master en Competencia y Regulación de Mercado. Profesor universitario en Regulación Económica y Regulación de Competencia.

enriquergp@yahoo.es


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