Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

Sección: Enfoque Económico

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La economía social en Venezuela

Francisco Roberto García Samaniego(*)

Viernes, 6 de octubre de 2006

De entrada, condición para una economía social en Venezuela, es su base en la democracia y los valores que de ella se desprenden dentro del tejido social. Es decir, el país necesita urgentemente ideas y proyectos claros para superar y mejorar la calidad de vida del venezolano. Calidad de vida que ha venido en declive por las malas políticas públicas implementadas por el gobierno y su entorno, con respecto a la mala gobernabilidad del sistema económico.

Por ello en días pasados conversé con el Doctor Alberto García Múller, Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y reforma Agraria (IIDARA) de la Universidad de los Andes, y este me planteó siete puntos de un programa de gobierno en materia de economía Social. En sus puntos destacó:
“1. Crear un Instituto Público no estatal de Fomento de la Economía Social, dotado de autonomía funcional, dirigido por representantes (electos democráticamente) de las Cooperativas, Cajas de Ahorro, Institutos de Previsión Social y demás Empresas de Participación, encargado de definir una política de Estado respecto del sector social y coordinar las acciones de los entes públicos relacionados con el mismo.

2. Creación de una Institución Financiera de segundo piso que centralice los recursos financieros excedentes del sector social y asuma el cofinanciamiento -con recursos del Estado y del propio sector- de los proyectos productivos y de integración del mismo, de acuerdo con las políticas y prioridades definidas por el Instituto de Fomento al que estará adscrito.

3. Dar un efectivo apoyo financiero a los programas de investigación y capacitación sobre Economía Social de las universidades nacionales autónomas, priorizando la formación de los recursos humanos del propio sector, especialmente mediante estudios a distancia.

4. Dotar de personal técnico –fundamentalmente procedente del Sector Social- y de recursos financieros suficientes, las Superintendencias de Cooperativas y de Cajas de Ahorro, para que ejerzan eficaz y temporalmente el control público de las entidades de economía social.

5. Establecer un calendario preciso y un plan de transferencia de sus competencias a los organismos especializados de integración del propio sector para que ejerzan el autocontrol.

6. Impulsar la aprobación -en forma participativa- de una Ley Orgánica de la Economía Social que contemple las diversas formas asociativas que la componen, respetando su identidad y principios, y que propenda a su articulación como un autentico sector económico-social.

7. Igualmente, la conversión de los Institutos de Previsión Social (públicos y privados) en asociaciones mutuales de carácter democrático que asuman la prestación de la seguridad social complementaria del Seguro Social universal y obligatorio, a sus asociados.”

Son planteamientos que hay que tomar en cuenta para desarrollar la economía desde un punto de vista más social, no socialista como se pretende desde el ejecutivo. De modo tal que el objetivo de las democracias como sistemas de gobierno, se basa en que las decisiones colectivas sean tomadas y respetadas por las instituciones políticas, cuya base estructural, su composición y prácticas, traten a todos los miembros de una comunidad como individuos con igualdad de derechos, consideración y respeto. Es decir, la democracia promueve el consenso y la diferencia, que busca la persecución de un balance, siempre problemático, en las relaciones de poder, sin afectar de modo general el pluralismo competitivo.

Asimismo en donde no existen esas condiciones, no existe democracia, y cuando los preceptos básicos de está son atacados desde posturas autoritarias, los Derechos sociales y políticos caen en desuso. Porque la igualdad de estatus para los ciudadanos en el sentido político, desde la entrada al poder de Chávez no se percibe en la construcción social, mucho menos en la implementación de una economía social clara y más cónsona con los criterios del siglo XXI.

En fin, La calidad de la democracia y la economía social, necesitan de estructuras intermedias constituida por grupos independientes y asociaciones voluntarias. Apoyo fundamental de organismos e instituciones partidistas condición necesaria, pero no suficiente, para que la democracia de calidad y constitucional bajo el Estado de Derecho limite los dislates del poder de los lideres políticos. Sobre todo de los líderes antipolítico que niegan los procedimientos democráticos como formas de gobiernos.

De hecho las sociedades que viven en sistemas políticos con altos niveles de desconfianza, y en donde, los actores políticos no garantizan los acuerdos, pactos, reglamentos y los derechos humanos, es muy difícil lograr construir, y generar confianza en los ciudadanos para crear Capital Social tanto político, como económico. Por la falta manifiesta de los agentes y actores políticos, para crear un ambiente idóneo para la cooperación de capacidad asociativa en sus gobiernos. Lo que termina generando la crisis de la gobernabilidad y desvirtúa el sistema económico.

En tal sentido para crear y generar Capital Social en Venezuela con una economía social más distributiva es de suma importancia respetar los pactos y acuerdos políticos, que hoy por hoy no se respetan y mucho menos se ponen en práctica por parte del régimen. Que ha basado su práctica política cotidiana en generar desconfianza tanto a niveles internos del sistema, como a niveles externos de este. Porque lo fundamental para construir y lograr que la democracia funcione y su sistema económico, es generando responsabilidad y asociación, basados en el respeto mutuo para hacer más prospera y confiable la vida en democracia. De todo ello depende que la economía social se imponga para lograr salir de la grave crisis económica de los sectores populares y medios.

(*)CENTRO DE INVESTIGACIONES DE POLÍTICA COMPARADA

franciscogarcia_samaniego@hotmail.com

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