Una verdadera democracia se caracteriza por el irrestricto respeto que las autoridades electas o designadas profesan hacia todos los gobernados, quienes cancelan sus sueldos, valoran su gestión y deciden su sustitución.

En la Venezuela de Chávez los papeles se han trastocado. Los asalariados, aquellos a quienes pagamos para que manejen eficientemente nuestros recursos, se le han alzado al pueblo, y hieren su dignidad y soberanía cuando de manera violenta atropellan su expresa voluntad y convicciones.

Que quede claro que bajo el término asalariados del pueblo, caen desde el presidente de la república, pasando por legisladores y magistrados, hasta ministros y otros altos funcionarios. Todos sin excepción están obligados a respetarnos, a no discriminarnos y a rendirnos cuentas periódicas de sus responsabilidades.

Cuando el presidente de la república ordena congelar el comercio con Colombia afectando decena de miles de empleos directos e indirectos o cuando regala discrecionalmente recursos de la nación a gobiernos extranjeros; cuando un ministro cierra arbitrariamente espacios radio eléctricos suprimiendo libertades esenciales o expropia caprichosamente tierras y fábricas productivas; cuando un legislador aprueba una ley que ideologiza la educación violando normas constitucionales u otra norma que atenta contra la propiedad privada; cuando el presidente de PDVSA politiza la industria y despide a los que no profesan su color partidista o el de la CVG desconoce la contratación colectiva con sus trabajadores; cuando los magistrados del TSJ fallan consuetudinariamente contra los personas a favor del estado; cuando la fiscal de la república se transforma en comisario político; se colocan, todos, en condición delictiva.

Presten atención, asalariados: ustedes están cometiendo graves delitos por los cuales, cuando sean despojados de su investidura, tendrán que responder ante el pueblo soberano.

Juaamilq249@cantv.net