¿Una constituyente?
El partido Voluntad Popular y otros sectores están impulsando la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, para lo cual ya se inició un proceso de recolección de firmas objetado por el Consejo Nacional en vista de que no se estarían observando las formas establecidas para dar pie a un proceso que conlleve la elección de quienes habrían de integrar esa asamblea.
Más allá de las consideraciones en torno a si los proponentes de la iniciativa pueden recoger las firmas sin apegarse a requisitos o normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, quisiera referirme a la pertinencia o no de convocar al soberano con la idea de elegir a los delegados que redactarían una nueva carta magna, objetivo central de toda asamblea nacional constituyente.
La primera pregunta que uno se formula es si la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo en referéndum el 15 de diciembre de 1989, debe ser sustituida por otra, luego, si se agotó como pacto social entre los venezolanos, y si existen otras razones de peso para dar al traste con ella. Definitivamente, respondo con un rotundo No a esas tres interrogantes.
No hay razones para derogar la actual carta magna y sustituirla por otra. No existe en la Venezuela de hoy un proyecto de país que pueda unificar a los hombres y mujeres de esta tierra como lo puede hacer la actual carta magna. Con todo y sus imperfecciones, que seguramente las tiene, dudo de que en esta coyuntura pueda salir de una asamblea nacional constituyente un pacto social mejor que el actual. Uno de sus defectos es precisamente que no se cumple, que muchos de sus postulados tienen encima el papel celofán, porque no se han aplicado. Y otros, sencillamente, han sido irrespetados e incumplidos.
El otro aspecto del tema es que los convocantes de la asamblea nacional constituyente no han hablado con claridad sobre los cambios que promueven. Solo se ven las intenciones de utilizar este instrumento como vía hacia la toma del poder. No entran en detalle con respecto a lo que pasará con las garantías sociales establecidas en la Constitución de 1999, con el modelo económico allí esbozado y aún no realizado en nuestro país. Nada dicen sobre los derechos de los pueblos indígenas o sobre el capítulo de derechos humanos en general. No hay, que se conozca, un proyecto serio de nueva carta magna, a menos que lo tengan bien escondido.
No hay una explicación sustentada en argumentos de peso que convenzan sobre lo inevitable de llamar a una asamblea constituyente. Tan es así que ni siquiera los partidos y movimientos más representativos de la Mesa de la Unidad Democrática acompañan esa iniciativa y prefieren centrar su atención en un evento concreto, el más importante por venir, como lo es la elección del nuevo Parlamento venezolano.
No dudo de que los proponentes de la asamblea nacional constituyente puedan alcanzar el número de firmas establecido por la carta magna, equivalente al 15% de los electores y electoras inscritos en el registro rlectoral. La duda que persiste está relacionada con los intereses que pudieran estar ocultos en ese movimiento destinado a dejar sin efecto la Constitución de 1999 y darle paso a una nueva carta magna sobre la cual no se han dicho sino generalidades que no ofrecen pistas certeras con respecto al objetivo de fondo, a no ser, como ya lo dije, que se trata de una vía para defenestrar a los poderes públicos y adelantar elecciones.
Tampoco tengo dudas de que, por fortuna, millones de venezolanos, la mayoría, más allá de que sean chavistas o no, se sienten dolientes de la Constitución vigente, y no darán su visto bueno para que sea sustituida por una que no se sabe si es buena y que aún está por conocerse. La carta magna de 1999 no solo está viva. Ahora es cuando se necesita de ella para resolver muchos de los problemas que estamos padeciendo.
