Las verdaderas razones del pacto con Irán
Muchos creen –y el extinto fiscal Alberto Nisman lo refrendó en su acusación contra la Presidenta y el canciller– que la “comisión de la verdad”, convenida en 2013 por la Argentina e Irán, escondía un acuerdo para intercambiar petróleo por cereales.
No es lógico. Para que un país venda lo que tiene y compre lo que necesita, no hace falta un “memorándum de entendimiento” como el que se firmó. Además, ni nosotros estábamos desesperados por petróleo ni Irán por cereales.
A la Argentina no le hacía falta, para completar su producción, grandes cantidades de crudo; y las que necesitaba podía comprárselas a cualquiera. Por otra parte, el ministro de Producción, Julio de Vido, ha explicado que “la Argentina nunca importó petróleo iraní porque tiene 1,3 % de azufre, lo cual impide su refinación aquí, donde no son tolerables niveles superiores a 0,2 %”.
Irán, a su vez, sabía (como todo el mundo) que la Argentina ya no era hoy ni la sombra del “granero del mundo”. Hay doce países que producen más trigo que nosotros, y seis que exportan más. Ucrania produce el doble. Pakistán también. Peor aun: hasta el propio Irán produce más trigo que la Argentina. Y para comprar un suplemento tiene un supermercado global. Puede comprar hasta trigo norteamericano, y de hecho lo hace, porque las sanciones no comprenden, por razones “humanitarias” la provisión de alimentos.
El gobierno de la señora de Kirchner, sin necesidad de memorándum alguno, había triplicado las exportaciones por todo concepto a Irán, pasando de 319 millones de dólares en 2007 a 1.080 millones en 2011. Y eso mientras el gobierno argentino culpaba a funcionarios iraníes por el atentado contra la AMIA y exigía su extradición, como lo hicieron ante la asamblea de las Naciones Unidas el presidente Néstor Kirchner en 2007 y su esposa en 2008, 2009 y 2010.
El memorándum argentino-iraní de 2013 sólo puede obedecer a dos razones:
1. El gobierno argentino creyó, genuinamente, que una “comisión de la verdad” ayudaría a esclarecer el crimen de la AMIA.
2. Hubo un interés oculto que nada tenía que ver con el petróleo ni con los cereales.
¿Qué pudo querer Irán?
Las potencias estaba empeñadas en frenar el desarrollo atómico iraní, y hacían lo imposible para que Irán no recibiera material nuclear o know how. La Argentina, ha hecho un avance notable en materia nuclear: tiene tres centrales atómicas: Atucha (1974), Embalse (1983) y Atucha 2 (2011), diseñó su propio reactor de potencia y ha exportado (a Australia, Argelia, Egipto y Perú) reactores para la fabricación de radioisótopos.
La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes norteamericana, Ileana Ros-Lehtinen, dijo en julio de 2011 que el presidente venezolano Hugo Chávez “habría intercedido ante la Argentina a favor de Irán para la obtención por medio de Venezuela de tecnología nuclear argentina”.
La denuncia no fue avalada por el Departamento de Estado, para el cual no había “evidencias” de que se hubiese formado un triángulo Irán-Venezuela- Argentina para ayudar a Irán en el desarrollo de su programa nuclear.
Sin embargo, el 27 de ese mes, el instituto Gatestone –un organismo especializado en política internacional—afirmó: “Hay razones para creer que, con la ayuda de Venezuela, la Argentina está cooperando con Irán en asuntos nucleares, como parte de un acuerdo que incluye la disposición de la Argentina a retirar las acusaciones por los atentados de 1994 en Buenos Aires, a cambio de negocios”.
Esa fue la primera vez que se habló de un acuerdo argentino-iraní que incluyera el caso AMIA.
Hubo luego indicios de un acercamiento entre ambos países. El 2 de octubre de 2012, FARS News Agency, la agencia de noticias iraní, informó que, en la Conferencia Ministerial de Seguridad Nuclear, el canciller Héctor Timerman había “defendido el programa nuclear de Irán, uniéndose a Venezuela en una muestra de apoyo al gobierno de Irán”. Era la interpretación exagerada de un párrafo que, de todos modos, resultaba sugestivo: Timerman había enfatizado que la Argentina apoyaba y participaba “activamente” en la “lucha contra el terrorismo nuclear”, a lo cual añadió que esa lucha no debía convertirse en “un medio indirecto de limitar los derechos a la autonomía tecnológica y el uso pacífico de la energía nuclear”. Irán ha sostenido siempre que sólo quiere radiosótopos para medicina nuclear, no para fabricar bombas atómicas.
El memorándum de 2013 produjo sorpresa e irritación en la Argentina. En 2010 la Presidenta había anunciado en Naciones Unidas su decisión de proponer a Irán que el caso AMIA fuera dirimido en “un tercer país”, con la participación de “delegados de las Naciones Unidas” y “observadores internacionales”. El memorándum estableció, en cambio, que el caso sería analizado en Teherán, por una comisión que al término de sus deliberaciones haría simple “recomendaciones” a cada país. Para interrogar a los iraníes acusados, los jueces argentinos debían ir a Irán.
En una de las cláusulas se establecía que el memorándum debía ser remitido por ambos cancilleres a Interpol. Timerman sostiene –y un ex jefe de Interpol ha confirmado– que la Argentina no pidió el levantamiento de las “alertas rojas” que pesaban sobre los sospechosos. En realidad, no hace falta: la “alerta roja” no es más que una comunicación a todo el mundo de que ciertas personas son buscadas por determinado país. Los países donde se los encuentre no tienen obligación de detenerlos. Mucho menos si el que busca y los buscados han entrado en negociaciones.
Timerman jura que “el único compromiso” del gobierno argentino era “con los familiares de las víctimas”, en busca de “hallar en la verdad y obtener de la justicia la reparación debida”. Los familiares de las víctimas no creyeron que la verdad fuera a surgir de la comisión argentino-iraní.
Nunca se analizó seriamente la hipótesis sobre un acuerdo nuclear subrepticio.
Sin embargo, en 2013 la propia Presidenta subrayó ante la Asamblea de Naciones Unidas, a propósito de nada: “Por lo demás, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, negociarán a partir del 26 de febrero un Acuerdo Nuclear con la República de Irán”.
Se refería al inicio de las negociaciones, aún en marcha, para resolver el conflicto. Ese mismo año Irán concedió una pequeña reducción de su plan nuclear a cambio de un relajamiento de las sanciones. No es seguro, ni tampoco improbable, que la perspectiva de un acuerdo con las potencias hubiera debilitado el interés de Irán en burlarse de la sanciones impuestas por esas potencias.
Eso, y la fuerte reacción de la sociedad argentina –que de hecho bloqueó la constitución de la “comisión de la verdad”– explicarían que Irán haya desistido del acuerdo, negándose a ratificarlo.
Lo que nunca quedó claro fue qué ventajas habría logrado de la Argentina si el pacto hubiese prosperado.
Para Irán, obtener tecnología nuclear, pasar a ser la sede del debate sobre el caso AMIA (sin obligación de acatar los resultados), y tener a sus acusados deambulando libremente por el mundo, eran todos beneficios tan desproporcionados que, sin duda, debió haber ofrecido a cambio algo difícil de imaginar.
Es muy poco verosímil que se fuera a pasar, como no faltó quien sospechara, dinero por debajo de la mesa. No al menos el precio de todo cuanto habría concedido la Argentina: una cantidad de dinero tan desorbitante que no habría pasado debajo de ninguna mesa.
Pero es también inverosímil que el gobierno creyera, realmente, que el caso AMIA iba a esclarecerse en Teherán. La Argentina no habría sido favorecida en el caso de implementarse el acuerdo. Tampoco lo ha sido tras el fracaso.
El país y el propio gobierno lo están comprobando. La desaparición de Nisman –por suicidio o por homicidio— fue un sismo que estremeció las instituciones y tendrá secuelas
Para Irán, obtener tecnología nuclear, pasar a ser la sede del debate sobre el caso AMIA (sin obligación de acatar los resultados), y tener a sus acusados deambulando libremente por el mundo, eran todos beneficios tan desproporcionados que, sin duda, debió haber ofrecido a cambio algo difícil de imaginar.
Es muy poco verosímil que se fuera a pasar, como no faltó quien sospechara, dinero por debajo de la mesa. No al menos el precio de todo cuanto habría concedido la Argentina: una cantidad de dinero tan desorbitante que no habría pasado debajo de ninguna mesa.
Pero es también inverosímil que el gobierno creyera, realmente, que el caso AMIA iba a esclarecerse en Teherán.
La Argentina no habría sido favorecida en el caso de implementarse el acuerdo. Tampoco lo ha sido tras el fracaso.
El país y el propio gobierno lo están comprobando. La desaparición del fiscal Nisman –por suicidio o por homicidio— fue un sismo que estremeció las instituciones y tendrá secuelas.
