A las Farc les da pavor ser juzgadas

«A ‘Timochenko’ y a ‘Márquez’ les pasa un frío de solo pensar en que se desmovilicen, entreguen las armas y luego la justicia penal internacional venga por ellos o sean extraditados a Estados Unidos», dice el procurador Alejandro Ordóñez.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha hecho férreas críticas al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba. Según explica, lo hace para que el resultado no sean acuerdos de impunidad que hagan imposible una paz duradera y sin reconciliación. En entrevista con Colprensa, el Procurador explica en qué consiste el ‘Pacto para la Paz’ que está proponiendo en distintos escenarios ahora que, dice, es inminente la firma de un acuerdo con las Farc.

¿Usted ha sido uno de los principales críticos del proceso de paz? Recientemente su postura ha variado y ha señalado que es hora de hablar colectivamente de la paz. ¿Por qué?

No ha cambiado un milímetro. Las observaciones hechas por la Procuraduría, y que se mantienen, corresponden a los mínimos señalados por la Corte Constitucional en las dos sentencias que revisaron el Marco Jurídico para la Paz. Otra cosa es que ante lo que parece inminente, esto es la firma de un acuerdo, considero que es urgente buscar consensos para garantizar que el proceso permita la disolución de las Farc como aparato criminal, su reincorporación a la civilidad y el respeto por los derechos de las víctimas y la no impunidad.

¿Considera que ya es irreversible la firma de un acuerdo de paz con las Farc, como aseguró León Valencia?

El futuro de Colombia es la paz. El desafío que tenemos es que los acuerdos queden bien hechos para que se puedan cumplir. Que sean legítimos para que los colombianos los respaldemos. Que no sea un factor de división y de nuevo conflicto. Que sean sostenibles a largo plazo en lo jurídico y en lo político. Ese es el debate. ¿O acaso usted cree que a ‘Timochenko’ y a ‘Márquez’ no les pasa un frío de solo pensar en que se desmovilicen, entreguen las armas y luego la justicia penal internacional venga por ellos? ¿O terminen extraditados a los Estados Unidos? Y ese riesgo será inevitable si los acuerdos quedan mal hechos. Una paz mal hecha será una sin penas privativas de la libertad. Esta semana nos lo recordó la Corte Penal Internacional (CPI), hace dos años vengo insistiendo en el tema. Las más interesadas en que queden bien hechos los acuerdos del proceso de paz son las Farc.

¿En qué consiste ese acuerdo de paz?

Es un compromiso histórico con el fin de la violencia y la justicia. Proponemos un Pacto para la Paz que haga viable la firma del acuerdo de terminación del conflicto, garantice su refrendación, asegure que lo que se firme se pueda cumplir y que convierta la paz en una política de Estado, no de gobierno. Hay que blindar los acuerdos.

¿Cuáles son los temas que deben discutirse en ese Pacto para la Paz?

Los parámetros que deben atenderse los fijó la Corte Constitucional en sus sentencias. No se pueden saltar. Tienen que ver con que no exista impunidad y se garanticen los derechos de las víctimas y la verdad. Además hay temas que requieren el mayor consenso posible; por ejemplo: ¿cómo evitar que la guerrilla convierta el proceso en una gigantesca operación de lavado de activos? ¿Cómo asegurar que la Paz Territorial institucionalice el Estado en el territorio y no a las Farc en el territorio? ¿Cuál debe ser la duración de las penas privativas de la libertad? ¿Qué mecanismo de refrendación es el más adecuado? ¿Cómo cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas? ¿Qué límites imponer para la participación en política a perpetradores de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos, al igual que respecto a los condenados por narcotráfico. Esos aspectos requieren la mayor coincidencia posible en el marco de un Pacto para la Paz.

¿Quiénes deberían participar?

En un Pacto para la Paz de esas características deben participar todos los sectores sociales y políticos. Nadie debe quedar excluido. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Es definitivo que el presidente Santos y el senador Álvaro Uribe se pongan de acuerdo con base en los mínimos fijados por la Corte Constitucional. ¿Cómo se puede pretender acordar el fin de la violencia con las Farc, pero se es incapaz de hablar con los críticos del proceso? O ¿cómo se pudo hablar con las AUC para desmovilizarlas, pero se es incapaz de hablar de paz con el Gobierno? Los partidos políticos son importantes, pero más lo son los ciudadanos. El pacto es ante todo un compromiso histórico de las generaciones de colombianos que vivimos hoy.

¿Cómo lograr que el senador Uribe y el presidente Santos se sienten a hablar?

Hay que cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos. Estamos trabajando en romper el hielo entre defensores y críticos del proceso de paz. Estamos mostrando que las cosas no son en blanco y negro y atentos a que las circunstancias permitan que, sin deponer los principios, se pueda alcanzar un pacto que garantice el fin de la violencia. Un recurso muy importante es promover la discusión pública de los acuerdos parciales alcanzados en La Habana. Discutirlos con seriedad es un primer paso.

¿Qué elementos se deben considerar para que los acuerdos de paz se cumplan y empezar a construir un proceso de reconciliación?

Lo primero es que los acuerdos se enmarquen en las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y persecución de los crímenes más graves. La reconciliación solo es posible si la paz no se confunde con impunidad, si los victimarios se reconocen como tales y cumplen penas adecuadas a sus atrocidades y si se hace sobre la base de la verdad. El problema es que las Farc le tienen pánico a afrontar su realidad de victimarios, le tienen pavor a que sean investigados, juzgados y condenados. Pero, sobre todo, no quieren que se conozca la verdad. La verdad los aterra. Segundo, un pacto político que comprometa al país entero en la defensa futura de lo que se acuerde. Repito, lo que se acuerde con las Farc se debe poder cumplir.

¿Les cree a las Farc?

Es difícil creerles si niegan los crímenes que todo el planeta reconoce cometieron, niegan su vínculo con el narcotráfico, niegan que son los principales terratenientes de Colombia. ¿Qué tal el informe publicado en medios de comunicación que indica que se han ubicado un millón quinientas mil hectáreas en manos de las Farc? Esa extensión es algo más de la tercera parte del territorio desmilitarizado de El Caguán en 1998 o un área superior a Timor Oriental, Chipre o Catar. Un solo predio tiene 900.000 hectáreas. Y no dicen ni una sola palabra sobre las riquezas acumuladas y la reparación de las víctimas. No se puede permitir que el proceso de paz sea una gigantesca lavandería del narcotráfico.

Ya hay un debate nacional sobre la ampliación del delito político, ¿hasta dónde debe hacerse?

A veces es difícil entender al Gobierno Nacional. Primero defendieron a capa y espada el Marco Jurídico para la Paz, pero ahora que la Corte Constitucional con motivo de la demanda que presentó un ciudadano le establece límites, al parecer ya no le gusta. Los límites a la participación política de desmovilizados es un asunto resuelto por la Corte Constitucional. En la sentencia señala que el Congreso, a la hora de indicar los delitos conexos, deberá respetar la esencia del delito político, esto es, en palabras de la Corte, el altruismo y el idealismo que lo inspira. ¿Qué altruismo hay en la bomba de El Nogal? ¿Qué altruismo hay en adoptar como política el secuestro de miles de colombianos? ¡No hay masacres altruistas! ¡Ni el narcotráfico es idealista!

¿Cree que los guerrilleros aceptarán que, tal como lo dice la CPI, deben pagar pena efectiva de cárcel?

No debe haber impunidad y se debe respetar el principio de proporcionalidad de la pena a imponer respecto a la gravedad del crimen cometido; los crímenes atroces deben tener prisión efectiva. Lo dijo el año pasado la Fiscal ante la Corte Penal Internacional y lo acaba de señalar nuevamente la propia CPI en su informe 2014. No escucharla es de necios tontos. ‘Timochenko’ tiene dos posibilidades: o acepta que debe ser investigado, juzgado o condenado por los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio de los cuales es responsable, con una pena alternativa, razonable y con las garantías de seguridad que se requieran, o firma un acuerdo que le dé impunidad, no tenga pena privativa de la libertad o la pena que se señale sea una simple simulación, caso en el cual tendrá asegurado que en unos años deberá responder ante la justicia internacional. A los que más les conviene cumplir pena de cárcel efectiva es a los señores de las Farc. Es la única garantía de seguridad jurídica.

¿Por qué dice que al parecer, el Marco para la Paz no le está funcionando al Gobierno?

Porque al parecer no les gustó que la Corte Constitucional lo restringiera, al señalar que no se puede suspender totalmente la ejecución de la pena, es decir, que frente a ciertos delitos se debe cumplir pena de cárcel, y a que se ratifique que el delito político es incompatible con las atrocidades. El Gobierno quería que todos los miembros de las Farc, sin importar la gravedad de la barbarie cometida, pudieran tener el derecho a gobernar a Colombia. Algo inaceptable. La paz no puede ser a cualquier precio.