La violencia política

Uno de los síntomas de la descomposición de un régimen político es cuando la lucha democrática se convierte en una batalla campal que desborda el campo de las ideas, de los discursos y del accionar político, para dar cabida al uso no institucional de la fuerza para dirimir las normales desavenencias entre los actores políticos en lisa.

El reciente asesinato de Luis Manuel Díaz, secretario general de AD en Altagracia de Orituco, sea cual fuere la causa que lo originó, es una muestra de la ausencia de una seguridad pública que garantice a todos los contendientes poder expresar libremente, como lo afirma la Constitución, sus diferentes y divergentes credos políticos.

El hecho en sí es tan grave que requeriría una comisión independiente que investigue a fondo y establezca las responsabilidades, provengan de donde provengan, pero lo que no es admisible, ni saludable, es utilizar este lamentable crimen como plataforma política para barajarse la responsabilidad.

En todo caso, la obligación de dar seguridad y garantizar el orden público está en manos de quienes gobiernan, tanto a nivel nacional como regional, y no es con discursos altisonantes como se resuelve el flagelo de una delincuencia desatada que está acabando diariamente con la vida de los venezolanos.

El país requiere menos palabras y más acciones para resolver el problema de la delincuencia que ha ubicado a Venezuela entre los más inseguros del planeta.