La Venezuela que Itamaraty no ve
Al Itamaraty ya no le hace falta tener miedo a criticar al gobierno de Nicolás Maduro por el asedio truculento a la oposición, cuyo más reciente ejemplo fue la prisión del alcalde metropolitano Antonio Ledezma: hasta un “chavista” puro y duro, el politólogo Nicmer Evans, dijo que hablar de golpe es una táctica para desviar la atención del público de la “enorme devaluación de la moneda que tenemos que soportar”, según el diario “The New York Times”.
Evans no ve “prueba clara” de alguna conspiración en el caso de Ledezma. Se trata de un socialista y crítico, por parte de la izquierda, del “madurismo”, y no de un conspirador de la oligarquía.
Itamaraty también podría tomar nota de las declaraciones del presidente colombiano, José Manuel Santos, quien pidió respeto a los derechos de los opositores y solicitó la liberación de Leopoldo López. El líder opositor que antecedió a Ledezma como víctima de la truculencia (está preso desde hace un año)
Como Colombia es uno de los tres países que forman, con Brasil y Ecuador, la misión de UNASUR para la crisis venezolana, si Itamaraty insiste en su silencio, corre el riego de desmoralización.
Hasta el moderado José Miguel Insulza, socialista chileno que es secretario general de la Organización de los Estados Americanos, dice que la prisión del alcalde de Caracas provocó “fuerte alarma como fue llevada a cabo y por el carácter de mandatario electo, en ejercicio de su cargo”.
Como mostró este lunes (23) en Folha el excelente Samy Adghirini, no es el único alcalde que el gobierno acusa: son 42,8% de los prefectos opositores que se enfrentan a la justicia, que de ciega no tiene nada.
Un grupo de abogados divulgó un estudio, el año pasado, para demostrar que, en 45 mil sentencias emitidas desde el 2004 al 2013, por las salas constitucional, administrativa y electoral del Tribunal Supremo, no hubo una sola contraria al gobierno.
Es obvio que se trata de una demostración definitiva de que el Judicial no es un poder independiente del ejecutivo.
Itamaraty sabe perfectamente que la situación económica de Venezuela es de ruina, con inflación récord en el hemisferio Sur, con desabastecimiento agudo y con recesión.
Lo que tal vez no sabe es que las conquistas sociales innegables de los primeros años, están siendo corroídas por la crisis.
Un estudio de tres universidades divulgado el fin de semana revela que sólo 8,4% de las personas que viven en pobreza extrema son beneficiaria de alguna “misión” social (“misiones” es como el chavismo llama a sus programas asistenciales).
Escriben, en “El Nacional”, Maolis Castro y Laura Helena Castillo: “Los programas asistenciales, que nacieron en el 2003 para atender a los sectores de menores recursos, se convirtieron en una solución para comprar, a precios subsidiados, desde un pollo hasta una casa. Pero su oferta está lejos de ser maciza: en los últimos cinco años, el número de atendidos bajó de 2,5 millones a 2 millones”.
Si hay golpe en Venezuela, es del gobierno contra la democracia y la economía.
Traducción de Carlos Armando Figueredo
