La justicia de la vergüenza

Tradicionalmente, la administración de justicia ha sido una tarea noble, encomendada a quienes, además de una sólida formación jurídica, tienen una especial fibra moral, que los hace merecedores de la confianza de los ciudadanos; los jueces son los sacerdotes de la justicia y los guardianes de la tranquilidad y paz de la república. Por eso, con frecuencia, independientemente de su jerarquía, se les llama magistrados porque, con sus sentencias, orientan a la sociedad por el sendero recto. Por lo mismo, la prevaricación, la venalidad o la parcialidad de los jueces, suele ser castigada con mucha severidad, porque el juez prevaricador o venal no solo traiciona su conciencia, sino que traiciona a la sociedad en su conjunto. Solo excepcionalmente, como en la Alemania nazi o en otras dictaduras, algunos jueces se han prestado para servir de brazo ejecutor de las más bajas pasiones de un tirano. Quienes actúan como simples mandaderos, al igual que los bribones y mercachifles, que al primer soplido se doblan, no son idóneos para la judicatura.

A pesar de la confianza que deberían inspirar los jueces, en toda sociedad democrática se han diseñado salvaguardas para garantizar no solo que se haga justicia, sino que se vea que se hace justicia. El velo de la justicia es transparente y cristalino, sin que haya nada que quede oculto a las partes en litigio o al resto de los ciudadanos. Se administra justicia con las puertas abiertas, para que cualquier persona pueda acercarse al tribunal, oír los argumentos de las partes y observar el comportamiento de jueces y fiscales; cualquier otra cosa es una perversión de la justicia. Menciono lo anterior porque, ante el solo anuncio de que el ex presidente del gobierno español, Felipe González, viajaría a Venezuela para unirse al equipo que defiende a Leopoldo López o, simplemente, para sentarse en la sala como parte del público, el tribunal se apresuró a suspender la audiencia, sin ninguna explicación y sin indicar fecha para la reanudación del juicio.

Esa medida no ha sido casual. Previamente, en una decisión que no compromete a quienes defienden la libertad y los derechos humanos como valores universales que trascienden las fronteras nacionales, la Asamblea Nacional había acordado que Felipe González es persona non grata, por interesarse en la suerte de Leopoldo López y Antonio Ledesma, dos presos políticos acusados de delitos surrealistas. En democracia, independientemente de su ideología y de su nacionalidad, cualquier persona que quiera observar cómo se hace justicia en Venezuela y que venga dispuesta a defender los derechos humanos debería ser bienvenida; pero no en la patria del socialismo del siglo XXI.

El propio gobierno venezolano se anticipó a la decisión del tribunal declarando que no prestaría ninguna protección a Felipe González; eso era innecesario decirlo en un país en que cada año 25.000 personas son asesinadas y en que su gobierno es incapaz de velar por la seguridad de los venezolanos. Haber dicho otra cosa hubiera sido prometer aquello que, desde hace años, este gobierno no puede cumplir.

En la Venezuela de hoy, no es extraño que los tribunales marchen al ritmo que les marque el gobierno. Lamentablemente, Venezuela se ha convertido en un país en el que sus gobernantes han asumido el papel de jueces (que condenan sin pruebas a los adversarios políticos pero que absuelven, sin examinar la evidencia, a los amigos acusados por gobiernos extranjeros) y cuyos jueces se han transformado en meros verdugos.

Salvo contadas excepciones que solo confirman la regla, el comportamiento de los jueces venezolanos no es para sentirse orgullosos. Manipular la fecha de un juicio, con la esperanza de evitar la asistencia de cualquier persona que desee observar cómo se hace justicia en Venezuela, es una cosa; intimidar a la prensa independiente (con una condena anticipada), para que esta se inhiba de cumplir con su misión de informar, es hacerse cómplice de los abusos y arbitrariedades de un gobierno que ha perdido el rumbo y que tiene mucho miedo. Pero, cuidado; la prevaricación y la censura es una mezcla socialmente peligrosa. Y mucho más cuando los jueces han asociado su destino al de personas que están incursas en graves delitos, perseguidos internacionalmente.