La erdoganización de Maduro, paso a paso

Desde el confuso episodio del 24 de enero de 1848 a las afueras del Congreso, por la tensa situación entre los partidarios del Presidente José Tadeo Monagas y los del ex Presidente José Antonio Páez, liberales y conservadores respectivamente, no había ocurrido en Venezuela un enfrentamiento que amenazara imponer un control bajo amenaza de las armas o desconocer al Poder Legislativo, como sucede desde el 6 de diciembre del 2015, a raíz de la contundente derrota en las elecciones Parlamentarias del oficialismo castrochavista. El fenómeno aluvional se sumó a la política con el Golpe Militar del 4F92, reconducido por la vía electoral desde 1997 para aprovechar el evidente desgaste de los dos grandes partidos AD y COPEI, que habían ocupado el poder desde la anterior dictadura militar (Marcos Pérez Jiménez, Nov 1948 Ene 1958), y la insólita popularidad de quienes, traicionando sus deberes para con la Patria y prostituyendo sus armas para torcer el rumbo democrático, intentaron deponer al Presidente electo y legítimo -CAP- como parte del Plan B de las derrotadas guerrillas patrocinadas desde la dictadura estalinista cubana, para imponer el fracasado modelo falazmente llamado socialista. Junto a un muy celestino Sobreseimiento, fue posible el acceso al poder de la vieja y rígida ultraizquierda venezolana, que nunca asumió el fracaso de su aventura guerrillera.

El Nominalismo que signa todas las ejecutorias del régimen, le lleva a rebautizar todo, con la infantil intención de crear la sensación de que el vejestorio al que cambian de nombre será considerado como algo nuevo y distinto. Le agregan el más bien cómico POPO a cada Ministerio (del Poder Popular), le añaden el “bolivariano” al nombre de la República y a cuanto menjurje inventan, siendo contraproducente e irrespetuoso para la imagen del Libertador (también adulterada, presentándolo como un bastardo), pues todas las iniciativas del Oficialismo han ido dando tumbos, de fracaso en fracaso, a la luz de los resultados (no del circunstancial respaldo obtenido mediante repartos de dádivas que logran el aplauso pero no el ascenso socio-económico de los “beneficiarios”, a quienes mantiene en iguales o peores condiciones, en su gran mayoría). Se autobautizan como “socialismo del siglo21”, pero se notan los hilos que manejan este mamotreto desde Cuba, la Casa Matriz en América del Socialismo real, del socialismo del siglo 20, el vetusto modelo que vuelve a fracasar, la misma receta de quiebra económica y represión generalizada, ya de museo.

El infantilismo nominalista cambió Corte por Tribunal, y Congreso por Asamblea, pero lo único que verdaderamente cambió fue la calidad de sus integrantes, reflejando la escogencia de los candidatos por el Oficialismo la preferencia por la incondicionalidad en detrimento de la preparación y la probidad. Lograron controlar la mayoría de la Asamblea Nacional en el 2005 gracias a la Abstención erróneamente convocada por la dirigencia opositora, y en el 2010 por la aplicación de la trampa del Gerrymandering o método de la Salamandra, que permite -con el hábil rediseño de los Circuitos Electorales en cada Jurisdicción-, adjudicar más curules al bando con menos votos. La AN funcionó como simple caja de resonancia de las arbitrariedades del Ejecutivo, sin ocuparse de sus tareas esenciales, que fueron delegadas en el caudillo, siguiendo la clásica tónica estalinista. Pero la acumulación de pésimas decisiones y arbitrariedades tenía que producir una terrible calamidad, el “legado” de Chávez le explotó a su sucesor (escogido en La Habana): Una creciente Escasez de alimentos y medicinas esenciales, y también de reservas de divisas, lleva tres años obligando a la mayoría de los venezolanos a hacer colas para obtener pésimos servicios, insuficientes alimentos y medicinas, situación agravada por el empeño en controlar y distribuir lo que pocos particulares producen (las fincas y empresas en poder del régimen no producen o lo hacen a pérdida, con exceso de enchufados en sus Nóminas y mala gerencia, lo que incluye, aunque parezca insólito, a PDVSA). Electoralmente eso se tradujo en la impactante derrota del 6D15, a la cual respondieron desorientados con una orden a los militares de regresar a sus cuarteles. Ocupaban, vestidos de civiles, la mitad de los cargos públicos, en los cuales demostraron tanta o más incapacidad que sus camaradas, los ñángaras civiles, ebrios de poder pero huérfanos de aptitudes y conocimientos para gobernar el país, al que entre todos los castrochavistas condujeron a un desastre, hoy cercano a una Crisis Humanitaria.

No se produjo el retorno a los cuarteles, aparentemente surgido de una reconsideración de la tozudez en aplicar el modelo económico que el colectivismo ha impuesto todas las veces desde el primer experimento, a comienzos de la URSS en 1917. Por el contrario, decidieron engavetar el sentido común que esa orden implicaba, y retomar la vía de las arbitrariedades sazonadas con viveza criolla, reforzando los espacios donde seguían manteniendo el control, nombrando magistrados en el TSJ, fuera de tiempo y sin cumplir los requisitos, “profundizando” la militarización, creando la CAMIMPEG, para ofrecerle a las FFAA el control y la administración a discreción del nuevo Dorado, el Arco Minero hacia el cual desviaban su atención y esfuerzos, ante la abrupta caída de los precios petroleros desde el último trimestre del 2014. La primera insensatez, como reacción que revelaba la desorientación causada por el tsunami electoral que les había desplazado del Poder Legislativo, fue el muy idiota anuncio de que convocarían a la “asamblea comunal”, algo que nunca ha existido en Venezuela, un anacronismo asociado a las atrocidades del régimen maoísta de Pol Pot en Cambodia, en los sangrientos años del Khmer Rouge y sus crímenes genocidas, abril 1975 – enero 1979. Esa boutade chavista sólo sirvió para dejarlos en evidencia ante el mundo respecto de sus oprobiosas tendencias y nexos con lo peor del comunismo ortodoxo planetario. Ahora el régimen ofrece discutir el Presupuesto de la Nación 2017 en “asambleas populares”, y considerando que tiene más del 80% en contra, esa discusión presupuestaria involucraría a una minoría nada democrática y muy dogmática.

Optaron por utilizar al “Tribunal Supremo de Justicia” convenientemente conformado con fichas identificadas con su sectario y antidemocrático proyecto, una especie de bufete pagado con dineros de la Nación pero al servicio del PSUV, al cual habían ampliado y ensamblado a su capricho desde que rebautizaron la Corte como Tribunal y procedieron a colocar sus piezas en el tinglado de la Justicia como Poder bajo su omnímodo control. Los requisitos de preparación académica y experiencia laboral brillan por su ausencia en la escogencia de los “magistrados” (el 23 de diciembre de 2015 ni siquiera esperaron que se cumplieran los lapsos de vencimiento de los períodos de cinco magistrados, y procedieron a contrabandear prematuramente a los de la Sala Electoral). Como la Oposición logró 112 diputados, la mayoría calificada, dos tercios del total, y esa victoria había sido certificada por el propio CNE, optaron por ordenarle al TSJ que “desproclamara” a los 4 diputados electos en el Estado Amazonas, uno de ellos para el oficialismo, aunque la figura de la desproclamación no existe, ni tenían basamento jurídico para hacer esa extravagante maroma politiquera. Basados en una grabación en la que editan la voz de la secretaria del gobernador, presuntamente organizando pagos a cambio de votos. Sin definir el origen de la grabación, ni certificar su autenticidad, ni permitir declarar a los presuntos involucrados, ni demostrar que las presunciones efectivamente sucedieron. El TSJ pica y se da el vuelto. Algo totalmente inválido en cualquier tribunal del planeta, excepto en la cínica dictadura que somete a Venezuela. Para que no queden dudas de la descarada intención de impedir que la AN decida sobre asuntos trascendentales, con sus dos tercios de los diputados, llevan más de nueve meses sin ofrecer la lógica opción de que se repitan las elecciones, porque el tsunami del 2015 y el creciente descontento social posterior a las parlamentarias, no dejan lugar a dudas sobre la inevitabilidad de que el oficialismo castrochavista no volverá a ganar una elección en los próximos diez años, mientras todo el pueblo pueda expresarse libremente. Muy probablemente, en segundas elecciones la Oposición obtendría los cuatro diputados de Amazonas.

Según la legalidad vigente, para que ocurra un Fraude electoral, debe demostrarse: 1. Que hubo trampas, sobornos, para modificar la voluntad popular y, 2. Que la cantidad involucrada en el presunto fraude pueda cambiar los resultados. El régimen afirma que la Oposición presentó al CNE firmas y huellas de presos y fallecidos. Sólo pudieron ser recolectadas en las cárceles y en los cementerios. Las cárceles están bajo la responsabilidad del régimen (aunque en ellas los presidiarios hacen lo que les da la gana), y las huellas dactilares están registradas en el REP y en el SAIME, de modo que deberían identificar a dada presunto infractor y demostrar que falsificó la manifestación de voluntad revocatoria de un preso o de un fallecido. Además de que sería imposible que la cantidad de firmas que recogieron los del oficialismo encargados de producir ese elemento tramposo, alcance las proporciones necesarias para incidir en los resultados, dado que la Oposición entregó el 2 de mayo casi 2 millones de firmas, y el CNE, que requería 192.000, validó 1,35 millones. El mismo CNE -con sus empleados y sus máquinas- VALIDÓ del lunes 20 al viernes 24 de junio las HUELLAS de quienes firmaron para el 1%. De manera que el organismo a cargo de los procesos electorales, supervisó tanto las elecciones Parlamentarias como la validación del 1%, proclamó a los 4 diputados por Amazonas, validó más huellas que las exigidas para el 1%, y no denunció irregularidades capaces de anular ambos resultados (más allá de invalidar 600.000 firmas con pretextos tan nimios y absurdos como que estaba mal escrita la palabra Revocatorio, o la huella no era 100% nítida). Y los tribunales penales locales no tienen competencia en materia electoral, mucho menos a escala nacional. Cualquier juez con jurisdicción en un estado del país que dicte una medida en base a la cual el CNE pretenda suspender el ejercicio de un Derecho Constitucional, está inmiscuyéndose en asuntos que no le corresponden, para los cuales no tiene autoridad ni competencia.

Además de malgastar el tiempo entre las fases del 1% (que el art. 72 no incluye), el 20%, y el Revocatorio, implementan las demoras, en cada procedimiento; Habilitan menos de lo requerido, -1.355 centros de 14.515- el 9,34%, y asigna menos máquinas -5.392 al Revocatorio nacional- y el CNE colocó 8.384 máquinas en un proceso del PSUV. Dieron tres días para recoger casi 4 millones, 26 al 28 de octubre, pero todo indicaba que se validaría el doble del 20%, lo cual superaría los 7.6 Millones necesarios para revocar a Maduro, no podían permitir que eso quedara demostrado desde la fase del 20%, por lo que apelan a la burda maniobra con 5 tribunales penales. El Decreto de emergencia para dar la impresión de que el régimen buscaba resolver el desastre causado por 16 años de pésimas ejecutorias y sistemática destrucción de la economía, fue rechazado por la AN pero el TSJ lo respaldó, tres veces lo prorrogó, hasta hoy no produce resultados. El indigente esquema de repartir bolsas a través de los CLAP, no cubre ni siquiera a la quinta parte de la población (que es la que respalda este desastre), pero obliga a los particulares que sí producen a entregarles el 50% de los productos, equivale en términos religiosos a “ganar indulgencias y bachaquear con escapulario ajeno”. Algunos chavistas, con menos sindéresis, justifican abiertamente su boicot al Revocatorio alegando que impide su “Derecho a gobernar”, contradicen lo esencial del Derecho Constitucional del pueblo a revocar a los malos funcionarios electos, se oponen a la Ley.

Los únicos casos de arbitraria disolución del Poder Legislativo tienen antecedentes en la autoritaria y corrupta gestión de Fujimori en Perú, y las actuales maniobras ilegales para controlar sus respectivos Congresos, de Ortega en Nicaragua y Erdogan en Turquía, ambos con un indecente historial militarista en sus actuaciones como jefes de Estado. Maduro amenazó con dejar como niño de pecho a Erdogan, quien ha batido records de arbitrariedad y represión desde julio. Sería impensable desconocer al Poder Legislativo en EEUU, Canadá o las naciones de la Unión Europea, mucho menos que el Ejecutivo controle a los otros poderes o vulnere la independencia y el  funcionamiento de aquel donde la Oposición sea mayoría, por decisión electoral popular. En España, no han podido discutir y aprobar los presupuestos, precisamente porque, tras dos elecciones parlamentarias, 20Dic2015 y 26Jun2016, ningún partido ha logrado la mayoría de 176 diputados para formar gobierno, pero a nadie se le ocurriría pretender usar al Poder Judicial para anular y substituir al Parlamentario.

En todas las Democracias sólidas el respeto a la Constitución es absoluto, no depende de la conveniencia de una camarilla -temporalmente en el gobierno-, que está en minoría Institucional y Electoral, y sólo violando el marco legal, lo que establecen las leyes y los Derechos de los ciudadanos, se pueden aferrar a sus posiciones de circunstancial poder. Las violaciones al estado de derecho que ha cometido el régimen castrochavista, cipayo de la dictadura castrista, para colmo encabezado por un indocumentado, son tan evidentes y tan graves -cuantitativa y cualitativamente-, que no hay la más remota posibilidad de que puedan ser ignoradas por algún gobierno del planeta Tierra, como tampoco podrían negarse a cumplir sus obligaciones organizaciones, como la ONU y la OEA, que tienen entre sus primordiales objetivos el velar por el respeto más absoluto a los principios democráticos, a las libertades y a las leyes esenciales que rigen a la Humanidad contemporánea. El Poder Legislativo en cada país del planeta debe manifestar su repudio al irrespeto por la Constitución y por el Poder Legislativo, que comete el régimen castrochavista. No hay excusas para permanecer indiferentes ante la barbarie que está implementando en Venezuela, una minoría inescrupulosa y totalitaria.