El EditorialOpinión

La batalla democrática en la OEA

El miércoles 26  de abril, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos decidió convocar a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, uno de los mecanismos previstos en la Carta de la OEA para tratar asuntos urgentes y graves que afecten​ a cualquier país, a fin de analizar la situación de Venezuela en lo que se refiere a violaciones de los DDHH, falta de institucionalidad y crisis humanitaria.

Esta convocatoria no se realizó en el contexto de la Carta Democrática, sino en el de las atribuciones fundamentales de la Organización. El gobierno del Presidente Nicolas Maduro indicó (vía Twitter), que había ordenado el retiro de nuestro país de la OEA.

Es importante recordar que esa decisión es la primera que ocurre en la historia de la organización continental, ya que ni siquiera dictaduras como las de Somoza, Stroesner, Pinochet, Videla o la de Rafael Leónidas Trujillo, se atrevieron a dar un paso de esa naturaleza que los separaría definitivamente del continente.

Es bueno acotar que en la decisión adoptada en el Consejo Permanente de la OEA contó con el voto de 19 Estados a favor: Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay Perú y Uruguay. Solo votaron en contra a parte de Venezuela, claro está los miembros del Alba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, las islas del Caribe, Haití, Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada y de América del Sur Surinam.

Importante observar que entre las 4 abstenciones figuran El Salvador, actual presidente pro tempore de la Celac, República Dominicana, Trinidad y Tobago, así como Belize. El único país que hizo mutis por el foro, es decir no asistió a la sesión, fue Granada.

Retirarse de la organización, sin antes haber expuesto argumentos en la reunión de cancilleres, no es una muestra de fortaleza y además solo tendrá efecto dos años después de presentada la denuncia formal del Tratado de Bogotá, quedando durante todo ese lapso vigentes las obligaciones inherentes a la membresía en la organización.

De mantenerse esta actitud reactiva, de retirarse de las organizaciones internacionales que emitan pareceres críticos frente a la situación de violación de derechos humanos que puedan cometerse en nuestro país, podría llevar progresivamente a Venezuela a un total aislamiento internacional, ya que es probable que situaciones como las ocurridas en la OEA, sucedan en muchas otras organizaciones de las cuales Venezuela es hoy parte.

Pero si esto no fuese en sí grave, la orden del Presidente de retirar a Venezuela de la OEA es violatoria del artículo 23 de la Constitución que establece que

«Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno,en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio mas favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público».

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